Gremios y legisladores manifiestan su rechazo al Presupuesto 2016 en Salud. En tanto, trabajadores del Hospital Salvador dan cuenta de la crisis y anuncian posibles movilizaciones ante la inseguridad de que el Gobierno cumpla el protocolo de acuerdo sobre la concesión del recinto.
La medida impulsada por el alcalde Jadue tiene a una treintena de municipios interesados en replicarla. En ese contexto, desde el Minsal se abren a la posibilidad de vender medicamentos para que las comunas puedan revenderlos a un precio inferior a las del mercado.
La parlamentaria además reconoció que el ex presidente no les acomoda como candidato presidencial. En materia de colusión, CEP y Sofofa analizan situación de Eliodoro Matte, mientras la UDI se reúne con Ruíz-Tagle para revisar la situación de su postulación al municipio de Providencia.
El servicio que dirige Fernando Barraza presentó 7 acciones por delitos tributarios. A la del Senador Jaime Orpis por caso Corpesca, se suman las de Lee y Ominami por facilitación de documentación tributaria falsa vinculada al caso SQM.
A lo de Orpis, se suma la querella presentada en contra del ex senador Carlos Ominami por boletas ideológicamente falsas. En tanto, el senador gremialista habría presentado su renuncia al partido, la que fue rechaza por Hernán Larraín.
La bancada IC-PC pide poner fin al decreto aprobado en dictadura que entrega fondos a la CMPC por concepto de reforestación. Además, desde la Cámara de Diputados se pide reponer la pena de cárcel para quienes se coludan.
En una nueva reunión, Nelly Díaz y Javiera Blanco intentaron alcanzar una nueva solución a un conflicto que se extiende por 32 días. Sin embargo, el acuerdo aún no se concreta.
Así lo plantea el economista de la Universidad de Chile Daniel Hojman, quien además apunta a las contradicciones del modelo neoliberal y a la falta de legitimidad en la que incurren la actividad empresarial y el mercado. “Las multas actuales son bastante ridículas, por lo que es muy conveniente para un empresario coludirse”, advierte el académico.
Sigue el paro de los trabajadores del Registro Civil, pese al emplazamiento que hizo la ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien aseguró que la propuesta hecha por el Gobierno fue considerada como satisfactoria por los dirigentes. Inmediatamente desde Anercich rectificaron que la oferta fue rechazada por las bases. Mientras la dirección del Servicio ratificó los sumarios encargados contra los funcionarios movilizados, los acercamientos todavía parecen estar lejanos en un conflicto que ya está pasando una cuenta política sobre las autoridades involucradas.
Los funcionarios no solo están en alerta por lo que pueda ocurrir con el paro del Registro Civil. También con la tramitación del proyecto de Reforma Laboral que, como acusan, sobrerregulará al sector privado. Esto, aseguran, como una antesala al complejo escenario que se viene para el sector público.
Registro Civil y Presupuesto, los dos grandes problemas del Ministro de Hacienda. Los parlamentarios de la Nueva Mayoría lo acusan de intransigente y mezquino, además cuestionan su viaje a Estados Unidos en medio del paro que se extiende por treinta días.
El presidente de la Confusam abordó las expectativas de la Mesa del Sector Público de cara a la negociación por el reajuste y también critica el manejo del Gobierno en el conflicto con los trabajadores del Registro Civil.
“La investigación sigue en curso”, dijo el presidente del CDE, aclarando que podrían existir nuevos funcionarios públicos vinculados al caso Corpesca.
Aunque, los acercamientos con La Moneda todavía parecen estar lejanos en un conflicto que comienza a pasar una cuenta política sobre las autoridades involucradas.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el representante de Renovación Nacional emplazó a su sector a tomar postura en casos como el conocido. Además, dijo que de comprobarse la participación de Gabriel Ruíz-Tagle en la colusión del papel higiénico, éste no tendría que participar por la elección de ningún cargo público, debiendo retirar su precandidatura por Providencia.
Un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Ciudadanía y Justicia de la Cámara de Diputados de Brasil busca prohibir la entrega de la píldora del día después a mujeres víctimas de violación, además de impedirles recibir información sobre su derecho a interrumpir el embarazo. Miles de personas se congregaron este miércoles en Rio de Janeiro para protestar contra la iniciativa, en manifestaciones que se replicarán en Sao Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador y otra decena de ciudades.
No puede ser casualidad que en ambas obras se respire el miedo a la represión y la desesperanza, como también la voluntad de luchar y de buscar un mundo mejor.
