El Presidente Sebastián Piñera, junto a los ministros de Minería y Hacienda, Laurence Golborne y Felipe Larraín, respectivamente, firmaron la reforma al proyecto de royalty minero que será enviado nuevamente al Congreso Nacional.

La iniciativa legal introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera, manteniendo el 4 por ciento de impuesto para las empresas que están actualmente bajo el régimen de impuesto específico, mientras que se aplicará una tasa variable de entre 5 y 9 por ciento, en función del precio del cobre, para las nuevas empresas que se acojan a la iniciativa.

El Mandatario indicó que la nueva normativa pretende recaudar unos mil millones de dólares durante los próximos tres años, otorgándose en un 30 por ciento a las regiones.

“El impuesto establece como tasa mínima el 4 por ciento de hoy y, por lo tanto, asegura un piso, pero permite que cuando el precio del cobre esté en niveles altos, el Estado y todos los chilenos seamos en cierta forma socios de la industria minera y podamos compartir esos beneficios. Esperamos que este proyecto de ley recaude en los próximos tres años una cifra cercana a los mil millones de dólares. Como Gobierno hemos comprometido que unos 300 millones de esos recursos van a ir directamente a las regiones y a las comunas de Chile”, afirmó Piñera.

Cabe señalar que el último proyecto tributario minero fue incluido por el Ejecutivo en el plan de financiamiento para la reconstrucción, siendo rechazado en julio pasado por la comisión mixta del Congreso. La principal razón que esgrimió la oposición, sector que votó en contra de la iniciativa, fue la invariabilidad tributaria con la que se beneficiaba a las mineras a cambio del royalty.

En este sentido, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió que “todavía no llega una propuesta de la oposición frente a este tema” por lo que espera que esta nueva fórmula, a su juicio perfeccionada, permita una amplia aprobación.

“Existía la posibilidad y el Presidente podía haber utilizado el veto aditivo, cosa que no se hizo para dar tiempo a la oposición de poder conversar con ellos y lograr un acuerdo. Nosotros mantenemos las puertas abiertas al diálogo, pero no podemos seguir esperando porque ha habido una dificultad muy grande de la oposición para ponerse de acuerdo ellos en un proyecto. Nunca llegó una propuesta formal, hubo muchas conversaciones. Ahora nos han dicho que la propuesta llegaría en la semana, pero eso ya lo hemos escuchado”, enfatizó Larraín.

El secretario de Estado dijo que el proyecto se ingresara con “las urgencias del caso, antes de fines de septiembre”, pero siempre dejando abierta la posibilidad de conversar. Agregando que “la oposición debe tener presente que los mil millones de dólares que pretende recaudar esta iniciativa son sólo en tres años, ya que posterior a este tiempo se seguirán recibiendo recursos”.

El proyecto de ley no es una imposición a las empresas mineras que actualmente tienen invariabilidad tributaria desde 2005 y que según la legalidad vigente se extiende por  12 años. Por lo que “las mineras deberán optar”, dijo el ministro de Minería, Laurence Golborne, quien a su vez reconoció que las mineras “preferirían no realizar cambios”.

“Es muy relevante para el país, ojalá que haya una discusión acelerada porque el proyecto requiere ser aprobado dentro de las próximas semanas para entrar en vigencia este año. El país no puede perder la oportunidad cuando el precio del cobre está sobre los 3 dólares 20 centavos de aplicar un impuesto progresivo como el que se está planteando en la iniciativa legal. Ojalá tengamos el apoyo de los distintos sectores en el Parlamento y podamos aprobarlo en un plazo razonable y que pueda entrar en vigencia este año para que las empresas que opten por esta alternativa de manera voluntaria lo hagan antes de fin de año”, indicó Golborne.

Todas las autoridades de Gobierno emplazaron a los parlamentarios de oposición a “respaldar la iniciativa” que si logra recaudar los mil millones de dólares, permitiría entregar unos 300 millones de dólares, a las regiones y a las comunas de Chile, dinero para la reconstrucción y finalmente el “remanente” se entregaría para mejorar la Educación y la Salud.