Diputados concertacionistas anuncian rechazo al royalty

Gran controversia causó en la Concertación el acuerdo suscrito por los senadores de la comisión de Hacienda con el Ejecutivo para aceptar la invariabilidad tributaria en el proyecto de royalty. Desde las bancadas de diputados indicaron que esto era una “traición” a lo pactado en bloque sobre este tema y aseguraron que rechazarían la iniciativa legal. Los trabajadores del cobre también manifestaron su disconformidad con el acuerdo y denunciaron falta de participación ciudadana en estas decisiones que involucran a todo el país.

Gran controversia causó en la Concertación el acuerdo suscrito por los senadores de la comisión de Hacienda con el Ejecutivo para aceptar la invariabilidad tributaria en el proyecto de royalty. Desde las bancadas de diputados indicaron que esto era una “traición” a lo pactado en bloque sobre este tema y aseguraron que rechazarían la iniciativa legal. Los trabajadores del cobre también manifestaron su disconformidad con el acuerdo y denunciaron falta de participación ciudadana en estas decisiones que involucran a todo el país.

Polémica generó en la Concertación el acuerdo suscrito entre los senadores y el Gobierno por el proyecto de royalty minero. Los cuestionamientos vienen desde las bancadas de diputados que exigen redefinir el convenio porque indican que se violó lo convenido al interior del bloque que se relacionaba con no aprobar la invariabilidad tributaria.

Este compromiso contempla una tasa de tributación en el período denominado “de transición” (2010 al 2012), de cuatro y nueve por ciento sobre márgenes operacionales entre 35 y 70 por ciento. A partir de 2018 se aplica un tributo entre  cinco y 14 por ciento, para márgenes operacionales entre 35 y 100 por ciento. También pactaron un período de invariabilidad de seis años adicionales a los que existen hoy y se acordó la creación de una comisión para estudiar una modernización del Decreto Ley 600, que rige la inversión extranjera en Chile.

Los parlamentarios del PS y del PPD indicaron que no es posible que la situación sea dada a conocer por la prensa antes de comunicarlo a sus pares y agregaron que es inaceptable que no se haya consultado con las bases porque, además, “regala nuevamente el cobre a las empresas”.

En este sentido, el diputado Enrique Acorssi afirmó que “hubo un acuerdo del conglomerado de decir no a la invariabilidad. Ahora la Concertación le ha dado la espalda a la ciudadanía y esperamos que este acuerdo no se firme”.

De hecho, los legisladores  señalaron que esperan que este tema se converse en las distintas instancias de cada uno de los partidos de la Concertación, al menos antes del martes, día en el cual el Senado deberá hacer oficial este acuerdo a través de la votación en Sala.

En las directivas argumentaron que esto fue lo mejor que se pudo conseguir, pero el vicepresidente de la Democracia Cristiana, Jorge Burgos, precisó que “probablemente en hubo un problema en las formas de hacerlo, un exceso de protagonismo, ya que los errores dicen que los senadores de la comisión de Hacienda debieron negociar con los presidentes de partidos o jefes de bancadas”.

Osvaldo Andrade, senador y presidente del Partido Socialista, reconoció que va a ser difícil que todos los parlamentarios respalden lo conseguido en el Senado e insistió en que “es un buen acuerdo, pero respeto la posición que demuestran ciertos parlamentarios”.

En la misma línea, el senador PPD Ricardo Lagos Weber destacó la conveniencia de este acuerdo y afirmó que  “hoy se recauda más dinero con menos invariabilidad. A lo mejor hay que socializar los términos del pacto, pero el mandato fue a los senadores de la comisión de Hacienda y a los jefes de comité y de ninguno de los dos estamentos surgieron críticas”.

El texto sigue en segundo trámite constitucional en la sala del Senado y después deberá pasar a la sala y, según los términos del acuerdo político, debería aprobarse con modificaciones y volver en tercer trámite a la Cámara de Diputados.

Rechazo de los trabajadores

Las organizaciones sindicales del sector curprero también criticaron los términos del pacto. El presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores de CODELCO (Fesuc), Ricardo Calderón, sostuvo que  este tipo de invariabilidad tributaria “sólo da beneficios a las empresas privadas y hace un enorme daño al país”.

“Hoy no se paga por el recurso que las mineras privadas extraen de los diferentes yacimientos de propiedad del Estado de Chile. Si nosotros vamos a una verdadera invariabilidad tributaria más allá del 2018, lo que estamos hipotecando son cientos de miles de millones de dólares. Por otro lado, creemos que este tipo de acuerdos entre algunos senadores con el ministro de Hacienda y el de Minería no estaría representando al universo ciudadano que se está viendo afectado por esto. Aquí se tiene que abrir un debate y discutir de fondo qué régimen tributario queremos darnos respecto de nuestros recursos naturales”, manifestó Calderón

Por su parte, el presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, cuestionó los puntos esenciales del proyecto y calificó como una traición la actitud del senador Camilo Escalona en la firma de este acuerdo.

“Es una traición que hizo la Concertación y principalmente Camilo Escalona a lo que la misma Concertación ya había tomado acuerdo anteriormente de ningún caso aceptar la prórroga de la invariabilidad tributaria. El haber aceptado bajar este ítem de ocho a seis años no cambia nada en el asunto porque eso significa un perjuicio económico considerable para el país puesto que a partir de 2018 se le puede establecer a estas empresas una verdadera regalía minera que puede ser de 20 o 30 por ciento sobre las ventas”, precisó el Alcayaga.

El economista, asimismo, aseguró que buscará el apoyo de al menos treinta parlamentarios para impugnar en el Tribunal Constitucional la extensión de la invariabilidad tributaria a las mineras. “El DL 600 para lo único que sirve es para otorgar invariabilidad tributaria que es ilegitima e inconstitucional, puesto que se está acordando solamente a las empresas extranjeras. Por lo tanto, este proyecto también es inconstitucional e ilegítimo tanto en la forma como el fondo”, concluyó.





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