La reforma tributaria ha sido una de las opciones para financiar las demandas del movimiento estudiantil que más ha generado debate. Y si bien, la idea ha tenido buena acogida en algunos sectores, existen voces que se oponen férreamente a ella por considerarla peligrosa, especialmente, en medio del contexto económico actual.
Tanto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, como el Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, han afirmado que el crecimiento proyectado para Chile en los próximos años es suficiente para sustentar el gasto social, además de los cuatro mil millones de dólares ofrecidos por La Moneda como fondo para la educación.
En esa línea, el investigador del programa económico del Instituto Libertad y Desarrollo. Francisco Klapp, sostuvo que una reforma tributaria que esté enfocada, por ejemplo, en el incremento de los impuestos a las grandes empresas, tendría un impacto negativo en el Producto Interno Bruto y además no ayudaría a lograr una mejor distribución de la riqueza.
“El efecto en la inversión es indudable. Hay estudios en varios países y también en Chile que indican que subir los impuestos las empresas, en particular a las utilidades retenidas, es absolutamente dañino y puede perjudicar el PIB para los años siguientes en varios puntos. Los tributos no son necesariamente una buena herramienta para buscar redistribución. El impuesto mismo no sirve para eso. Si uno ve los coeficientes de Gini antes y después de la estructura tributaria, éstos casi no se alteran. Lo que sí lo hace es el gasto social que esta recaudación financia”, sostuvo el experto.
Sin embargo, algunos indicadores parecen apuntar en un sentido contario. De hecho, países como Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos mantienen impuestos de primera categoría que alcanzan el 30 y 35 por ciento y registran niveles de desigualdad de 0,33; 0,34 y 0,38 respectivamente, según el índice de Gini. En Chile, por otro lado, estos tributos llegan a un 17 por ciento y nuestro indicador de inequidad se eleva a 0,50 en una escala donde 0 corresponde a la igualdad y 1 a la desigualdad. La media de la OCDE es de 0,31.
Por eso, el doctor en Economía y director del magíster de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Andrés Gómez-Lobo, explicó que una reforma estructural al sistema educativo requiere de un financiamiento constante, que no se podría garantizar exclusivamente con el crecimiento.
“Hay un principio muy claro en finanzas públicas donde si uno compromete gastos de forma permanente, tiene que tener un financiamiento del mismo tipo. Lo importante es que si se realiza una reforma integral de la educación, esto va a ser un gasto que se mantendrá y tiene que estar asociado a fuentes permanentes de ingreso. Si uno mira el fondo que está proponiendo el Gobierno, es temporal que duraría entre cuatro y seis años y la pregunta es ¿después qué? Dados los montos que se requerirían para una reestructuración integral después de cuatro a seis años, el crecimiento normal de la economía sería insuficiente para ello”, aseguró Gómez-Lobos.
Por su parte, el director del Centro de Estudios Tributarios de nuestra casa de estudios, José Yáñez, sostuvo que es necesario aplicar una reforma que pueda implicar un uso más eficiente de los dineros recaudados por concepto de impuestos.
“Hay que pensar bien cómo reformar todos los impuestos específicos que tenemos en la economía chilena, que se podrían utilizar para resolver problemas de congestión, contaminación, obesidad, alcoholismo y tabaquismo. Ahí existe un espacio muy grande para mejorar y aumentar la recaudación tributaria que podría financiar otros programas de carácter social”, dijo.
Los expertos advirtieron, en todo caso, que cualquier modificación tributaria se debe implementar teniendo claridad sobre las cifras exactas que se quieren cubrir, realizando una recaudación eficiente y una distribución justa.
La reforma tributaria ha sido una de las opciones para financiar las demandas del movimiento estudiantil que más ha generado debate. Y si bien, la idea ha tenido buena acogida en algunos sectores, existen voces que se oponen férreamente a ella por considerarla peligrosa, especialmente, en medio del contexto económico actual.
Tanto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, como el Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, han afirmado que el crecimiento proyectado para Chile en los próximos años es suficiente para sustentar el gasto social, además de los cuatro mil millones de dólares ofrecidos por La Moneda como fondo para la educación.
En esa línea, el investigador del programa económico del Instituto Libertad y Desarrollo. Francisco Klapp, sostuvo que una reforma tributaria que esté enfocada, por ejemplo, en el incremento de los impuestos a las grandes empresas, tendría un impacto negativo en el Producto Interno Bruto y además no ayudaría a lograr una mejor distribución de la riqueza.
“El efecto en la inversión es indudable. Hay estudios en varios países y también en Chile que indican que subir los impuestos las empresas, en particular a las utilidades retenidas, es absolutamente dañino y puede perjudicar el PIB para los años siguientes en varios puntos. Los tributos no son necesariamente una buena herramienta para buscar redistribución. El impuesto mismo no sirve para eso. Si uno ve los coeficientes de Gini antes y después de la estructura tributaria, éstos casi no se alteran. Lo que sí lo hace es el gasto social que esta recaudación financia”, sostuvo el experto.
Sin embargo, algunos indicadores parecen apuntar en un sentido contario. De hecho, países como Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos mantienen impuestos de primera categoría que alcanzan el 30 y 35 por ciento y registran niveles de desigualdad de 0,33; 0,34 y 0,38 respectivamente, según el índice de Gini. En Chile, por otro lado, estos tributos llegan a un 17 por ciento y nuestro indicador de inequidad se eleva a 0,50 en una escala donde 0 corresponde a la igualdad y 1 a la desigualdad. La media de la OCDE es de 0,31.
Por eso, el doctor en Economía y director del magíster de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Andrés Gómez-Lobo, explicó que una reforma estructural al sistema educativo requiere de un financiamiento constante, que no se podría garantizar exclusivamente con el crecimiento.
“Hay un principio muy claro en finanzas públicas donde si uno compromete gastos de forma permanente, tiene que tener un financiamiento del mismo tipo. Lo importante es que si se realiza una reforma integral de la educación, esto va a ser un gasto que se mantendrá y tiene que estar asociado a fuentes permanentes de ingreso. Si uno mira el fondo que está proponiendo el Gobierno, es temporal que duraría entre cuatro y seis años y la pregunta es ¿después qué? Dados los montos que se requerirían para una reestructuración integral después de cuatro a seis años, el crecimiento normal de la economía sería insuficiente para ello”, aseguró Gómez-Lobos.
Por su parte, el director del Centro de Estudios Tributarios de nuestra casa de estudios, José Yáñez, sostuvo que es necesario aplicar una reforma que pueda implicar un uso más eficiente de los dineros recaudados por concepto de impuestos.
“Hay que pensar bien cómo reformar todos los impuestos específicos que tenemos en la economía chilena, que se podrían utilizar para resolver problemas de congestión, contaminación, obesidad, alcoholismo y tabaquismo. Ahí existe un espacio muy grande para mejorar y aumentar la recaudación tributaria que podría financiar otros programas de carácter social”, dijo.
Los expertos advirtieron, en todo caso, que cualquier modificación tributaria se debe implementar teniendo claridad sobre las cifras exactas que se quieren cubrir, realizando una recaudación eficiente y una distribución justa.
La reforma tributaria ha sido una de las opciones para financiar las demandas del movimiento estudiantil que más ha generado debate. Y si bien, la idea ha tenido buena acogida en algunos sectores, existen voces que se oponen férreamente a ella por considerarla peligrosa, especialmente, en medio del contexto económico actual.
Tanto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, como el Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, han afirmado que el crecimiento proyectado para Chile en los próximos años es suficiente para sustentar el gasto social, además de los cuatro mil millones de dólares ofrecidos por La Moneda como fondo para la educación.
En esa línea, el investigador del programa económico del Instituto Libertad y Desarrollo. Francisco Klapp, sostuvo que una reforma tributaria que esté enfocada, por ejemplo, en el incremento de los impuestos a las grandes empresas, tendría un impacto negativo en el Producto Interno Bruto y además no ayudaría a lograr una mejor distribución de la riqueza.
“El efecto en la inversión es indudable. Hay estudios en varios países y también en Chile que indican que subir los impuestos las empresas, en particular a las utilidades retenidas, es absolutamente dañino y puede perjudicar el PIB para los años siguientes en varios puntos. Los tributos no son necesariamente una buena herramienta para buscar redistribución. El impuesto mismo no sirve para eso. Si uno ve los coeficientes de Gini antes y después de la estructura tributaria, éstos casi no se alteran. Lo que sí lo hace es el gasto social que esta recaudación financia”, sostuvo el experto.
Sin embargo, algunos indicadores parecen apuntar en un sentido contario. De hecho, países como Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos mantienen impuestos de primera categoría que alcanzan el 30 y 35 por ciento y registran niveles de desigualdad de 0,33; 0,34 y 0,38 respectivamente, según el índice de Gini. En Chile, por otro lado, estos tributos llegan a un 17 por ciento y nuestro indicador de inequidad se eleva a 0,50 en una escala donde 0 corresponde a la igualdad y 1 a la desigualdad. La media de la OCDE es de 0,31.
Por eso, el doctor en Economía y director del magíster de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Andrés Gómez-Lobo, explicó que una reforma estructural al sistema educativo requiere de un financiamiento constante, que no se podría garantizar exclusivamente con el crecimiento.
“Hay un principio muy claro en finanzas públicas donde si uno compromete gastos de forma permanente, tiene que tener un financiamiento del mismo tipo. Lo importante es que si se realiza una reforma integral de la educación, esto va a ser un gasto que se mantendrá y tiene que estar asociado a fuentes permanentes de ingreso. Si uno mira el fondo que está proponiendo el Gobierno, es temporal que duraría entre cuatro y seis años y la pregunta es ¿después qué? Dados los montos que se requerirían para una reestructuración integral después de cuatro a seis años, el crecimiento normal de la economía sería insuficiente para ello”, aseguró Gómez-Lobos.
Por su parte, el director del Centro de Estudios Tributarios de nuestra casa de estudios, José Yáñez, sostuvo que es necesario aplicar una reforma que pueda implicar un uso más eficiente de los dineros recaudados por concepto de impuestos.
“Hay que pensar bien cómo reformar todos los impuestos específicos que tenemos en la economía chilena, que se podrían utilizar para resolver problemas de congestión, contaminación, obesidad, alcoholismo y tabaquismo. Ahí existe un espacio muy grande para mejorar y aumentar la recaudación tributaria que podría financiar otros programas de carácter social”, dijo.
Los expertos advirtieron, en todo caso, que cualquier modificación tributaria se debe implementar teniendo claridad sobre las cifras exactas que se quieren cubrir, realizando una recaudación eficiente y una distribución justa.
