“Realizaremos ajustes legales concretos para fomentar la contratación en el sector público de personas con discapacidad” y “se reformularán además los programas dirigidos a la protección de niños vulnerados en sus derechos y el programa de adopción del Sename” son solo dos de las tantas promesas legislativas incumplidas contenidas en el Programa de gobierno para el cambio, el futuro y la esperanza 201-2014 del actual presidente Sebastián Piñera.

Así lo revela el informe “Del dicho al hecho” elaborado por un equipo interdisciplinario de la ONG Ciudadano Inteligente, el cual analizó detalladamente el plan de gobierno del entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y las comparó con las iniciativas que el ejecutivo ha presentado ante el Congreso para su legislación.

El resultado: solo un 38.5 por ciento de promesas legislativas efectivamente cumplidas y un 73 por ciento de proyectos de ley elevados al Congreso que no tienen ninguna relación con el plan de gobierno, en lo que la ONG denominó la “agenda alternativa” del mandatario.

“Nosotros vemos que la ciudadanía hoy día está más empoderada, está demandando mayor información y tiene más capacidad para procesarla”, comenta el jefe de incidencia de Ciudadano Inteligente, Manuel Arís, al ser consultado por las razones para realizar este estudio por segundo año consecutivo. “La ciudadanía ha dado un paso y creemos que las autoridades también tienen que dar ese paso, tienen que ponerse al día con lo que la ciudadanía está demandando, que es mayor y mejor información”, destaca.

El informe realizó una división por ítem de legislación, entre los cuales destacan las promesas en Ciencia y Tecnología y Mercado Transparente con un 100 por ciento de cumplimiento, seguidas por Telecomunicaciones con un 85 por ciento.

Sin embargo, las áreas de Discapacidad, Infancia, Infraestructura, Pensiones, Relaciones Internacionales, Salud y Transporte Público muestran un cero por ciento de avance legislativo en relación a lo prometido en el programa de gobierno, lo que significa que durante los últimos tres años el ejecutivo no ha enviado ningún proyecto de ley concordante con esas promesas.

“Nuestro llamado es que el gobierno se ponga a tono con normativas internacionales”, declaró el director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados, Alejandro Hernández, al conocer los resultados del informe. “La Declaración Universal por los Derechos Humanos ha invitado insistentemente al gobierno de Sebastián Piñera a trabajar en materia de incorporación laboral de personas con discapacidad, pero pareciera que el gobierno es ciego, sordo y mudo frente a las demandas de esta inmensa mayoría”, advirtió.

En esa misma línea, la directora de acción social de la Fundación,  Karina Olivares, admite que “es cierto que el Gobierno ha incumplido esta promesa y otras más”, agregando que la gravedad de esta omisión radica en la “falta de compromiso directo desde el poder ejecutivo hacia generar los proyectos de ley que permitan formalizar un compromiso real en esta materia, algo que no le cuesta nada, donde tiene pleno poder”.

En el área de infancia, el Gobierno ha incumplido en la reformulación de programas dirigidos a la protección de niños vulnerados en sus derechos y el programa de adopción del Sename, pero ha desarrollado una agenda paralela a sus promesas de campaña, con el proyecto de división del Sename y las diez medidas contra el abuso sexual de menores. Así lo explica Osvaldo Torres, director ejecutivo de la Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU) y coordinador académico del Diplomado Niñez y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

Sin embargo, en palabras del académico, en esto tampoco ha sido eficiente, ya que “no se abordan los problemas centrales de garantizar el que los menores de 18 años cuenten con un sistema integral de protección”. “El gobierno busca la división del Servicio Nacional de Menores, pero eso no resuelve el problema de garantizar derechos”, explica, atribuyéndolo más a una solución parche que a un plan integral para la infancia y adolescencia.

El objetivo de la ONG Ciudadano Inteligente es presionar a las autoridades mediante una fiscalización exhaustiva y poner esta información a disposición de la ciudadanía, para que sea ella la que decida cómo reaccionar.