El informe Una mirada a la educación (Education at a glance 2013), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), determinó que Chile es el país miembro de la organización que presenta el gasto público más bajo en los cuatro niveles de educación.

El informe separa la inversión realizada por el Estado y la de particulares e instituciones privadas en los 33 países que forman parte de la entidad. De acuerdo a esos criterios, Chile registra un 57,9 por ciento de gasto público, mientras que el primer lugar es ocupado por Finlandia, que alcanza un 97,6 por ciento.

El documento también detalla la inversión en los distintos niveles de educación. En Chile, la educación preescolar presenta un 83 por ciento de gasto público; en educación primaria y secundaria se registra un 78,6 por ciento de inversión pública; y en educación superior el gasto público representa solo un 22,1 por ciento.

Las cifras no resultaron sorpresivas para distintos sectores, desde los cuales indicaron que se ratifica lo que ya estaba en anteriores informes de la OCDE.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Andrés Fielbaum, dijo que “son esos rankings de los cuales uno nunca puede sentirse orgulloso. Solíamos sentirnos avergonzados y hoy nos sentimos más convencidos para seguir luchando por lo que hemos estado peleando en estos últimos años. No es sorprendente, esa es la razón por la cual nuestros jóvenes están endeudados y nuestra educación pública está por el suelo”

El dirigente estimó que “el gasto público tiene que aumentarse muchísimo y así lo demuestra este informe, pero eso tiene que estar acompañado por un cambio muy grande en las lógicas de cómo se gasta esa plata. Aunque uno meta mucha plata en un saco roto, la plata se va a seguir cayendo. Mientras no arreglemos el saco, no hay cantidad de plata que pueda solucionar los problemas”.

En esto coincidieron también los expertos, quienes sostuvieron que el incremento del gasto público debe solo tendría resultados efectivos si es que contempla también cambios profundos en el sistema educacional.

El director del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (OPECH), Jesús Redondo, explicó que “en este momento, el aumento del gasto público -como ha hecho incluso este Gobierno- es en el fondo una transferencia de fondos hacia el sector privado, sin ningún tipo de control real en colegios ni universidades. Por lo tanto, es un financiamiento inadecuado del sector privado con fondos públicos. O sea, la inversión es de los presupuestos del Estado, pero en realidad para desarrollar empresas privadas”.

“Eso se hace con la hipótesis de que se consigue mejor calidad y todos los datos nos señalan que no existe esa calidad creada por el sector privado. Solamente es una apariencia de calidad, porque lo que hacen en realidad es segmentar y seleccionar a los estudiantes. Entonces se está financiando la segregación y el apartheid educativo que se ha generado en el país. Es la peor política pública que uno puede imaginarse”, agregó.

Redondo añadió que el aumento gasto público debe acompañarse de “un cambio de paradigma” en el que las instituciones privadas sean sometidas a control público y en que el Estado “tome las riendas” del sistema educativo.

Esto fue compartido por la investigadora Loreto Egaña, del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), quien ejemplificó con lo que ocurre en el sistema escolar: “¿Cómo se aumenta la inversión en los últimos años? Aumentando la subvención. Ahí entramos a un tema que es único en el mundo. No solo es que le ponen pocos recursos, sino que parte importante de la subvención va al lucro. Entonces ahí estamos en una situación de pie forzado”, indicó.

“Aumentamos los recursos públicos, aumentamos la subvención y tenemos una fuga de dineros que no van a educación. Si no, ¿cómo explicas que en los últimos 20 años ha habido las mayores inversiones en educación de toda la historia de nuestro país y la calidad sigue estancada? La segmentación y la desigualdad en los resultados es cada vez peor”, añadió. “Entonces hay que aumentar el gasto público, pero sujeto a algunos criterios”.

Los distintos sectores señalaron que un incremento del gasto público debería apuntar a mejorar las remuneraciones de los docentes sin que dependan de las subvenciones, aumentar el control y fiscalización sobre la utilización de fondos públicos, fortalecer los aportes directos a las instituciones de educación superior y terminar con el lucro.