Por considerar que desde el Gobierno invadieron competencias propias del poder Legislativo, diputados de la Democracia Cristiana, en representación de la Cámara, presentaron este jueves un segundo requerimiento de inconstitucionalidad contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.

Esto, luego de que la Sala de la Cámara, por 53 votos a favor y 43 en contra, manifestara su desacuerdo con el reglamento publicado por el Ministerio de Economía sobre consentimiento en contratos financieros, es decir, la manifestación expresa de la aceptación del consumidor en contratos de adhesión de productos y servicios.

El diputado Patricio Vallespín, uno de los parlamentarios que suscribió a la causa, destacó que además de tratarse de un hecho inédito en la Cámara, el actuar del Ejecutivo representa una invasión para el trabajo legislativo.

“Estamos convencidos -y eso fue la votación en la Cámara- que es un hecho inédito, porque si no existió disposición desde la mesa de la Cámara a presentarlo, tuvimos que desarrollar un procedimiento distinto que se ganó. Lo importante es que la Cámara de Diputados hoy debe presentar al Tribunal Constitucional, por mandato de la sala, un requerimiento por haber invadido ese reglamento, competencias propias del Congreso, es decir, que tomas que están en ese reglamento, deben ser materia de ley”, indicó.

El diputado agregó que no es efectivo que el cuestionado reglamento perfeccione o ejecute aspectos que se encuentren en leyes de protección de derechos de consumidores.

Además, aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional, en caso de fallar a favor del requerimiento, podría sentar un precedente muy importante sobre los límites e injerencias entre los poderes del Estado.

Entre quienes se opusieron a la presentación de esta segunda solicitud se encuentra el diputado de Renovación Nacional José Manuel Edwards, para quien el Tribunal Constitucional ya cuenta con todos los antecedentes necesarios, por lo que este nuevo recurso no aportará más información.

El reglamento o Decreto Supremo N°153, publicado en el Diario Oficial hace menos de un mes, es cuestionado por su injerencia en aspectos que son objeto de materia de ley, contra el cual se suma el primer requerimiento presentado por 31 diputados el 20 de diciembre del año pasado, el que apunta a vicios de inconstitucionalidad de las normativas que afectan las garantías constitucionales de las personas.