Han sido reiteradas las ocasiones en que comuneros, dirigentes y representantes del Pueblo Mapuche han acusado discriminación por la aplicación de la Ley Antiterrorista y, en general, una injusta atención de la justicia en su contra.

Sin embargo, como en muchos otros casos, en el juicio contra el machi Celestino Córdova, condenado por incendio con resultado de muerte, se desestimó el uso de este instrumento, pese a que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, expresara su “discrepancia jurídica” asegurando que se está en presencia de un delito de este tipo.

El abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur, Pablo Ortega, que participó del caso, dijo que esto sucede por la simpatía que el poder político tiene a esta ley y el control que les permitiría, pese a ser considerada como inconstitucional.

En este sentido, el abogado explicó que “todas las instituciones quieren aplicarla, la consideran un instrumento de control social muy bueno, porque pueden amenazar con ella o pueden aplicarla a cualquier sector social que intente cuestionar el sistema neoliberal y el bloque de poder que controla el país, por lo tanto, yo creo que todos los sectores políticos les gusta la Ley Antiterrorista. Desde el punto de vista jurídico nosotros creemos que es una ley inconstitucional porque establece un tipo penal abierto”.

El profesional explicó que la discriminación contra el pueblo Mapuche por parte del Estado, en consideración de la hegemonía, la concentración de tierras y poder económico de los colonos instalados en el llamado Wallmapu desde hace cientos de años, es una práctica constante, donde se aplica de manera desmedida la cuestionada Ley.

En esa línea, el jurista detalló los aspectos históricos presentes en el conflicto que mantienen el  Estado chileno y el pueblo mapuche: “Hay un tema local muy fuerte que es el gran poder económico, político, el prestigio social que tiene la clase colona fundamentalmente en la Novena Región y algunos sectores de la Octava Región y de la Décima Región. Por otro lado también las reivindicaciones mapuches tocan los intereses de las empresas forestales, que son parte del bloque de poder, de los grupos económicos más poderosos del país, entonces si es que se están atacando los intereses de quienes controlan el país, es natural que se pretenda aplicar la peor de las leyes”.

Rodrigo Román, de la Defensoría Popular, a su vez, expresó que el uso de esta herramienta es constantemente desestimada porque -en su opinión- el terrorismo existe sólo “en la mente de los fiscales y el Gobierno”.

Asimismo, emplazó a Michelle Bachelet a honrar sus compromisos y derogar la ley, una vez que asuma su próximo gobierno: “Si la palabra empeñada tiene algún valor a esta altura del partido, tal como lo dijo la próxima Presidenta, siendo ella quien invocó por primera vez la Ley Antiterrorista cuando tenía como ministro del Interior a Edmundo Pérez Yoma. Lo que correspondería sería que inmediatamente el 12 de marzo dejara sin efecto todas las invocaciones que se han hecho de la Ley Antiterrorista, porque efectivamente, ella bien lo sabe, de que aquello fue una exageración”.

Más escéptico se mostró el lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, en consideración con los procesos antiterroristas iniciados en el Gobierno anterior de la actual Presidenta electa.

Por esto, el lonko Víctor Queipul indicó que “no me hago muchas ilusiones del nuevo gobierno porque fue la Presidenta Michelle Bachelet quien aplicó la Ley Antiterrorista, y solamente Piñera en su gobierno hizo que se colocará en funcionamiento. No podemos esperar mucho de ellos”.

En lo legal, el uso de la norma corresponde cuando delitos “se cometan con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la  misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados”, dice el documento.

Hasta ahora, en repetidas ocasiones los Tribunales, “por apegarse al derecho”, según Pablo Ortega, no han considerado su aplicación.

Esto ha generado la molestia de este Gobierno, que como querellante, a través del ministerio del Interior, ha visto frustrado sus intentos de emplearla; y por otra parte que se señale desde algunos sectores que se trabaje en una legislación que entregue “patrones objetivos”.