La redacción del texto final estuvo marcada por la salida de dos de sus integrantes: Ana María Albornoz, gerente de Clínicas de Chile, y Gonzalo de la Carrera, presidente de Colmena, quienes no firmaron el informe, argumentando que la Comisión “se desvió significativamente del encargo y mandato efectuado, actuando fuera de la competencia que se le otorgó”.

La representante de las Clínicas afirmó que no podía estar de acuerdo con una propuesta que “replantea el sistema de salud chileno”. Por su parte, Gonzalo de la Carrera acusó una “estatización del sistema de Salud” y se refirió a su preocupación sobre el documento final.

De la Carrera comentó que hasta que estuvo en la Comisión, el Secretario General del organismo, Camilo Cid, se negaba a incluirla. “Creemos que en un Estado es la libertad de expresión de las minorías lo que lo hace democrático. Cuando no se permite que las minorías se expresen, se transforma en tirano”.

Pese a que los renunciados no constituían el total del sector privado, ni siquiera de los representantes de Isapres, su salida gatilló críticas sobre el funcionamiento de las comisiones asesoras y su efectividad.

En esa línea, el abogado integrante de la Comisión, Pedro Barría, lamentó la situación “tratándose de dos personas que aportaron bastante en el trabajo”. Adelantó que entregarán un informe con todas las propuestas que estuvieron arriba de la mesa, que consigna, incluso, las no aprobadas, mencionando a sus autores.

Algunas de ellas serían la creación de un Plan de Seguridad Social, que se financiaría con el siete por ciento de Salud y sería único e igual para usuarios de Fonasa e Isapres, así como la de un Fondo inter-isapres, y otro para administrar y pagar las licencias médicas.

Barría afirmó que lo más relevante es que se resuelve el vacío legal que se generó cuando el Tribunal Constitucional (TC) rechazó las tablas de riesgo apuntando a discriminación hacia los usuarios, y que se introducen elementos de seguridad social, como solidaridad entre los afiliados y movilidad entre las distintas Isapres.

“Pese a las pre-existencias, enfermedades, u otros elementos, los usuarios podrán cambiar una vez al año y sin límite de cambio con lo que desparece la cautividad”, lo que, afirmó, “debería extenderse a todos los afiliados a cualquier sistema de salud”. El abogado reconoció que estas medidas sí ponen una cortapisa a las administradoras.

“Es un cambio estructural bien importante. Si estas normas se aplican las Isapres van a tener limitaciones en sus utilidades y creo que de lo que se trata es a futuro tratar de avanzar a un sistema que en realidad haga efectivo el derecho a elegir el sistema de salud a todos los chilenos. No sólo para los que tienen recursos o no tienen enfermedad”, explicó Barría.

También destacó el que se introduzcan elementos nuevos en el sistema de seguros privados. “Ya los reajustes de precio no se pueden hacer de forma discrecional, sino que deben ser aprobados por la Superintendencia de Salud. Si ésta lo rechaza pueden recurrir a un panel de expertos que zanjará. Se supera el unilateralismo”, sostuvo.

Aun así, para Matías Goyanechea de la organización Creando Salud, ONG invitada a exponer a la Comisión, las Isapres podrán lucrar con los excedentes del siete por ciento y el dinero de estos mismo seguros privados, todos temas que quedarían “pendientes” en el trabajo de esta Comisión.

“Todavía es una discusión que hay que seguir abordando y profundizando. Quedan otros elementos que también son bastante significativos. A nuestro juicio, una reforma estructural a la Salud implica dar una discusión sobre qué entendemos constitucionalmente por el derecho a la Salud. Hoy lo entendemos sólo desde el punto de vista de elegir dónde atendernos y eso es verlo desde una manera bastante limitada”, sostuvo el especialista.

Si bien para Goyenechea esta mesa “no se quebró con la salida del sector privado y sus resultados siguen siendo consistentes”, aún hay muchísimas áreas pendientes, y se debe seguir avanzando hasta lograr incorporar real equidad al sistema, lo que aún no se puede comprobar porque no sólo depende de la redacción final de este polémico documento, sino de lo que acoja o rechace el Gobierno al elaborar el proyecto de ley y su posterior tramitación parlamentaria.