El equipo del Ministerio Público -los fiscales Carlos Gajardo, Emiliano Arias y Pablo Norambuena- que investiga la arista SQM del llamado caso Penta, luego de recibir la autorización de parte del 8° Juzgado de Garantía para realizar el allanamiento de las oficinas de la minera no metálica, ubicadas en calle Los Militares, en la comuna de Las Condes, en busca de los documentos contables de la empresa entre los años 2009 a 2014, los mismos que la empresa había decidido no entregar voluntariamente a la Fiscalía, arribaron a las dependencias de la empresa para concretar esta diligencia. Esto luego que este miércoles el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de inaplicabilidad presentado por el ex gerente general de la compañía, Patricio Contesse González, el que buscaba impedir que el Ministerio Público pudiera acceder a la información de contabilidad de la empresa.
Ahora los fiscales Gajardo, Norambuena y Arias, junto al fiscal nacional Sabas Chahuán, esperan recabar información respecto de la presunta emisión de boletas ideológicamente falsas por trabajos no realizados, y que podrían haber servido para financiar campañas políticas, ya que la documentación que la minera no metálica entregó al SII, no estaba completa, de acuerdo a los fiscales, por esa razón se hace necesaria esta diligencia para incautar, entre otros, los libros de contabilidad de SQM y sus respaldos, al igual que el libro de compra y venta.
Sin embargo, según el abogado querellante en el llamado caso Penta, Mauricio Daza, “existen dudas, a nuestro juicio razonables, respecto de la destrucción de antecedentes importantes que pudiesen permitir establecer la comisión de delitos y además la participación de personas en ellos. Desde esa perspectiva aquí se debe indagar lo que podría constituir un delito de obstrucción a la investigación, el cual también se encuentra sancionado con penas de cárcel en nuestra legislación vigente, por lo tanto queremos saber por qué se sacaron esos computadores y a dónde fueron a parar, y por sobre todo qué información había en los mismos”.
Daza cree que a partir de esto se podrá establecer o descartar el financiamiento irregular de campañas políticas, incluso pese a que se haya destruido información digital de los discos duros de los computadores de la empresa.
“Si se ha borrado información existe tecnología para los efectos de poder recuperarla aunque sea parcialmente y poder establecer o descartar en su caso lo que son fundadas sospechas de nuestra parte, en el sentido de que aquí han habido pagos irregulares por parte de la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet a los distintos políticos, y que eso muy probablemente se hizo a cambio de determinados favores o prestaciones”, expresó.
Más temprano, se supo que en Estados Unidos, el fondo de inversiones SailingStone Capital Partners exigió la salida del directorio de SQM de su presidente, Julio Ponce Lerou y de Patricio Contesse Fica, hijo del ex gerente general de la minera, además de recomendar la renovación total del directorio, ante lo que calificaron como inacción de la directiva frente a las graves acusaciones realizadas por el Ministerio Público en su contra, y por haber obstaculizado la creación de una comisión realmente independiente para investigar a nivel interno, los problemas tributarios de SQM. Finalmente, el fondo de inversiones sostiene que el directorio de la empresa no ha cumplido con sus deberes hacia el resto de los accionistas.
Cabe recordar que el nuevo gerente general de la empresa, Patricio de Solminihac, reconoció ante la SVS que la compañía liderada por Julio Ponce Lerou, realizó pagos irregulares por un monto de 11 millones de dólares entre los años 2009 y 2014, para los cuales no existen los respaldos necesarios que acrediten estos gastos, y agregó que SQM acudió de forma voluntaria al SII a regularizar las declaraciones de renta respectivas. Finalmente, de Solminihac aseguró que aún no han sido notificados de la querella presentada por el SII, ni de la demanda interpuesta en Estados Unidos por los accionistas de ese país.
