Ante el actual desbarajuste en la realidad política y la conducción gubernamental, la salida está en abordar lo que debió ser la prioridad desde el primer día para la actual administración: la nueva Constitución.

Como se ha demostrado desde su imposición en 1980 y durante todo el período postdictatorial en el que seguimos inmersos, la Constitución permea y determina el conjunto de normas que nos rigen y por ello seguimos sintiéndonos prisioneros de una estructura tramada hace décadas y con sus artífices ya muertos.

La mejor manera de liberarnos de estas ataduras espurias, es reemplazar el merecidamente desprestigiado Congreso Nacional binominal actual y elegir un auténtico Parlamento unicameral de unos 150 miembros, ante el que respondan y que integren un primer ministro y su gabinete, permaneciendo la presidenta Michelle Bachelet en su función de jefa de Estado, pero abandonando la jefatura del gobierno.

De esta forma, pasaríamos a formar parte de las naciones con sistema de gobierno parlamentario, el canon de la democracia occidental, con la sola excepción de Estados Unidos y su “patio trasero”, como ocurre en toda Europa, pero también en Japón, India, Israel, Canadá, Jamaica y todo el resto de excolonias británicas que son democracias, y nos liberaríamos del funesto presidencialismo sudamericano, que sólo fomenta y alimenta el surgimiento de líderes populistas y mesiánicos, que siempre han caracterizado y desprestigiado a nuestro subcontinente.

Ya eliminado el fraude electoral que representaba el sistema electoral binominal, la adopción de un sistema parlamentario también torna urgente la tramitación de la ley de partidos y la reinscripción de su militancia, como lo planteó la comisión Engels y el gobierno debiese ir concretando, ya que representa una conditio sine qua non para el financiamiento público de los partidos.