La propuesta del Gobierno contempla tres planes base y un fondo mancomunado en que afiliados del sistema privado y Fonasa aportarían menos del uno por ciento del total de su cotización.

En cuanto a la judicialización por reajuste de precios de las Isapres, el proyecto plantea que una comisión de expertos sea la que fije las tarifas.

La búsqueda del Gobierno por alinear el sector privado en la lógica de seguridad social ha presentado críticas de la Asociación de Isapres, que no está de acuerdo con que personas de este sector se hagan cargo de patologías del sistema público y apuesta por la libertad en la fijación de precios. Así lo expuso Rafael Caviedes, presidente de la agrupación.

Sin embargo, el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, insistió en defender el nuevo fondo común: “Así como se hizo con la ley Ricarte Soto, al crear un fondo que diera seguridad de prestaciones universales a todas las personas, lo que se plantea en este fondo es justamente generar una base de recursos que dé garantías, seguridades, bienes para las personas, independiente de su sistema de salud”, explicó.

Ad portas de que la reforma se presente al Congreso, Pavlovic recibió opiniones de ex autoridades del cargo de distintos gobiernos sobre viabilidad política y financiera del sistema.

El ex superintendente de Salud del Gobierno de Sebastián Piñera, Luis Romero, se mostró -al igual que los privados- en desacuerdo con que un comité se encargue de la fijación de tarifas en las Isapres: “Yo siempre he estado por la libre competencia y que es el mercado el que debe definir los precios. Al existir en esta industria una alta competencia, la definición es apropiada. Además, debieran variar los precios según calidad”, señaló.

Liliana Escobar, quien reemplazó a Romero en 2012, recomendó que se busque una gradualidad en la implementación de la propuesta, de modo que se maneje el respaldo de estudios sobre flujo de personas y datos que den objetividad: “Tanto en el mundo público como en el privado, Chile va gastando cada vez más en salud por la propia condición de salud de la población y la incorporación de la nueva tecnología. Esto impone la necesidad de evaluar cómo efectivamente ocurre, porque no es equivalente al IPC general”, dijo.

Según la ex superintendenta, si los expertos resuelven mediante una determinada metodología los precios, se deberá votar.

En tanto, el superintendente de Isapres de inicios de los ‘90, Héctor Sánchez, opinó que existe una incapacidad de las aseguradoras para controlar los costos y por eso los trasladan a los precios, que pueden manejar libremente.

En efecto, dio el visto bueno a la creación de un comité técnico: “El punto es cómo se conforma ese panel de expertos, cuál es su grado de independencia y transparencia. Hay que tener claridad de que los precios que se definan sean recibidos por la comunidad que entiende de la materia y ratificados en su información, análisis y conclusiones”, indicó.

Sánchez también consideró un error enfocar el proyecto tan solo en cambios a las Isapres cuando podrían producirse efectos importantes, especialmente financieros, en el sistema público.

Finalmente, el ex superintendente de Salud de la primera administración de la Presidenta Michelle Bachelet, Manuel Inostroza, coincidió en que este tema debe zanjarse antes de la etapa legislativa: “No está resuelto si efectivamente este será un proyecto que afecte solamente al sistema de Isapres o afectará también a Fonasa. Por ejemplo, la directora de Fonasa ha planteado la eliminación del tope del 60 por ciento de cobertura, la atención de la modalidad libre elección o eliminar el tope de máximo gasto de diez por ciento de modalidad institucional, pero éstas no son ideas que han sido refrendadas por otros voceros del Gobierno, entonces hay dos visiones”, afirmó.

En definitiva, con la falta de precisiones técnicas y definiciones, los ex titulares relativizaron los plazos que se pusieron para el envío del proyecto al Congreso y prevén nuevas reuniones con las autoridades.