Una compleja situación viven ambos senadores de la región de Tarapacá, luego de ser acusados de actividades reñidas con la probidad, al recibir dineros de empresas vinculadas a trámites legislativos, lo que configuraría el delito de cohecho.

En este sentido, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, confirmó que Fulvio Rossi fue invitado a declarar por los correos electrónicos en los que solicita financiamiento a SQM y por aquellos en los que sugiere “pasar” por asesorías comunicacionales ficticias aquellos fondos que no tienen justificación.

“El senador Rossi está invitado a declarar, y tiene todo el derecho a no hacerlo. Ahora, no quiero especular, pero, tal vez, no ha revisado el correo porque tengo entendido que está con licencia, pero se le invitó por correo y se trató de ubicar por parte de la fiscal Segura a través de su secretaria”.

El otro cuestionado es el senador de la UDI Jaime Orpis. El presidente de esa colectividad, Hernán Larraín, se refirió a los reparos que la comisión de Ética y Transparencia del Senado hizo al informe solicitado al parlamentario.

De acuerdo a la Comisión, el informe de Orpis no responde adecuadamente a las interrogantes sobre las boletas ideológicamente falsas que a través de su ex asesora Carolina Gacitúa emitió tanto a Corpesca como a SQM.

Además, la comisión reprocha al senador no inhabilitarse para votar la ley de pesca, pese a haber recibido aportes de la pesquera de la familia Angelini.

En este sentido, el presidente del gremialismo señaló que continúan las inquietudes al interior de la comisión, por lo que siguen indagando conforme a sus atribuciones.

“Más que formular reparos, le hemos pedido que profundice en algunos temas a través de las inquietudes que son objeto de la atribución que tiene la comisión. Nosotros no somos competentes para definir si una actuación jurídica es una irregularidad administrativa, es una figura delictiva o qué. Lo que nosotros podemos ver es si esas conductas son o no adecuadas al comportamiento de un parlamentario”

El diputado por Iquique Vlado Mirosevic, indicó que la complicada situación de los representantes de su región tiene su origen en una práctica común de financiamiento, propia de los grandes conglomerados políticos.

“Esto da cuenta de un modus operandi, de un sistema de cómo operaban las cosas, no creo que sean casos puntuales, creo que es bastante generalizado, porque la legislación del 2003 es una legislación débil que dejó cierto vacíos a propósito”

Será la justicia la encargada de definir el destino de los cuestionados senadores del norte del país, quienes observan con permisos médicos cómo el escenario se vuelve cada vez más complejo.