Luego de más de un año de trabajo, la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, conocida como Comisión Bravo, entregó su informe final a la Presidenta Bachelet con una serie de 58 medidas para implementar una modificación en el actual esquema de pensiones en nuestro país.
Las sugerencias de la Comisión se esperaban para enero de este año, sin embargo los 24 integrantes de la instancia pidieron una prórroga para el pasado 26 de agosto, momento en el cual, según trascendió desde el interior del grupo, el informe estaba listo y que sólo problemas de agenda de la Presidenta retrasaron esta entrega.
La Mandataria no fijó plazos para hacer los cambios propuestos, solamente señaló que será un comité de ministros el que deberá generar los proyectos de ley que, por una parte, contengan las medidas que se implementarán en el corto plazo, y los que impliquen modificaciones de más largo y complejo trabajo.
“He decidido formar un comité de ministros que tome como base el trabajo ya realizado por la Comisión, integrado por los ministros de Hacienda, Trabajo, Sernam, Economía y de la Segpres, y este comité deberá entregar dos productos concretos: en primera instancia un proyecto de ley que incorpore medidas factibles de ser implementadas en el corto plazo. Luego, en un segundo momento, la o las iniciativas legales que sean necesarias para abordar aquellas materias que por su complejidad requieren un mayor y detallado estudio”.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón, valoró el trabajo presentado por la Comisión Bravo, y sostuvo que una vez que se haga el análisis correspondiente a las propuestas, se harán las propuestas de tipo legislativo para implementar las medidas sugeridas por el grupo de trabajo
“Desde el punto de vista de las reformas estructurales, insisto, vamos a revisar el informe de la comisión, ustedes ven que recién estamos recibiéndolo, para ver cuál va a ser la propuesta a largo plazo, sin perjuicio de las medidas de corto que se van a estudiar y se le van a plantear a la Presidenta y ella tendrá que tomar la decisión”.
El presidente de esta comisión, el economista y fundador del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, David Bravo, explicó algunas de las principales medidas propuestas por el grupo de trabajo, entre otras equiparara la edad de jubilación en 65 años para hombre y mujeres, aumentar la cobertura del pilar solidario al 80 por ciento de la población, eliminar los fondos A y E, entre otros.
Sin embargo, uno de los puntos que mayor disenso provocó entre los comisionados feu el sistema de pensiones que debe reemplazar al actual, y tal como lo detalló David Bravo, 12 de los comisionados se inclinaron por mejorar el actual sistema –entre quienes se cuenta al presidente de la Comisión-, robusteciendo el pilar solidario implementado en 2008, mientras que 11 integrantes propusieron un esquema mixto, en el que, básicamente, una parte de las cotizaciones individuales vaya a un fondo nacional, discordia que, finalmente, deberá ser zanjada en la discusión legislativa, señaló el economista.
“Como 12 de los integrantes de la Comisión se inclinó por un modelo, 11 se inclinó por otro, nosotros pensamos que esta discusión no es una discusión que nos correspondía a nosotros zanjar dentro de la comisión, no estábamos en condiciones de hacerlo, y lo que hace el informe final es establecer los argumentos y propuestas detalladas en cada uno de estos casos, y compartir los argumentos y contrargumentos con la Presidenta en el informe y con la ciudadanía”.
Bravo señaló que las propuestas fueron enviadas previamente a la Dirección de Presupuesto, para verificar la viabilidad de su implementación, la cual estaría asegurada de acuerdo al economista, ya que representan un gasto de 0,4 puntos del PIB. El presidente de la comisión, además, indicó que si se ponen en práctica estas medidas, la tasa de reemplazo de las pensiones alcanzaría un 60 por ciento de la última remuneración.
Con respecto a la creación de una AFP estatal, una de las promesas de campaña de la Presidenta Bachelet, la comisión determinó que sería una buena medida para fomentar una mejor competencia entre las aseguradoras.
El ex presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Arthur, se mostró conforme con el trabajo realizado por el grupo liderado por David Bravo, y señaló que “siempre hay espacio para hacer reformas a los sistemas previsionales. Lo que sí nosotros creemos que las bases del sistema, son bases muy sólidas, creemos que es uno de los sistemas más sólidos que hay en el mundo, pero naturalmente que tiene grandes desafíos, y nosotros esperamos que esos desafíos se recojan adecuadamente”.
Desde Fundación Sol, uno de los centros de estudio que proponía un sistema de reparto como reemplazo del actual, el economista Gonzalo Durán hizo hincapié en que las medidas propuestas por la Comisión Bravo no atacan los problemas estructurales del esquema de capitalización individual que generan bajas pensiones para la mayor parte de la población, por lo que son sólo medidas de parche, y recordó que más del 70 por ciento de la población apoya una reforma estructural de este sistema.
“La propuesta, como se plantea, va a terminar siendo una especie de placebo, es decir, se provoca una falsa sensación de alivio, pero el problema estructural sigue ahí. Y cuál es el problema estructural, en parte se refiere al bajo monto de las pensiones, también a que no se cumple con los principios internacionales sobre seguridad social, hoy en día 9 de cada 10 pensiones de vejez, retiro programado, son menores a 150 mil pesos, es decir 63 por ciento del salario mínimo”.
Finalmente, el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier, anunció que a fines de octubre espera la presencia en pleno de la Comisión Bravo para conocer las propuestas en profundidad y así contribuir al debate sobre la modificación del sistema previsional chileno.