La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en un fallo dado a conocer en la mañana del día 24 de septiembre, por el presidente del organismo internacional Ronny Abraham, determinó denegar las objeciones preliminares del gobierno chileno, presentadas en julio del año 2014, respecto a la supuesta incompetencia de la CIJ para conocer de la demanda boliviana presentada en abril del año 2013 para que dicha corte “falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo, que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico”.

Por rechazar la excepción de incompetencia presentada por Chile, ante la demanda boliviana votaron 14 de los 16 jueces que conforman dicha instancia internacional, lo que desató la algarabía del gobierno y el pueblo boliviano que a través de las declaraciones de su presidente, Evo Morales Ayma afirmó que “estamos ante un día histórico, un día inolvidable. Un paso importante para volver al océano Pacífico. Se va a hacer justicia con Bolivia y nuestro pueblo”. Unido a ello el mandatario boliviano, a diferencia del gobierno chileno, realizó un claro llamado al diálogo que permita resolver este contencioso.

No hay peor ciego que el que no quiere ver

El gobierno chileno en una conducta que a estas alturas parece contumaz, trató de minimizar el categórico dictamen de la CIJ señalando, a través de la Primera Mandataria de este país sudamericano, Michelle Bachelet que “Bolivia no ha ganado nada pues este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial”. Declaraciones en concordancia con los argumentos de los agentes jurídicos que representaron al Estado chileno en La Haya y que buscaron mil explicaciones, para tratar de explicar lo que el sentido común percibimos con claridad: Chile fue derrotado amplia y contundentemente en la CIJ.

Efectivamente, este dictamen no afecta la integridad territorial de Chile como sostienen los políticos chilenos y la camada de expertos jurídicos que han encontrado una bolsa de trabajo multimillonaria con estas presentaciones, demandas y defensa ante la CIJ. Y es así, porque el tema de soberanía no era lo que se estaba discutiendo y definiendo en esta oportunidad. El dictamen del 24 de septiembre tiene que ver con la competencia o jurisdicción de la CIJ respecto a los hechos presentados por el gobierno boliviano, pero ello no saca del centro del debate y la continuación de la demanda de La Paz respecto a sentar a Chile a la mesa de negociaciones, cuestión de fondo que deberá dirimirse en un largo proceso, que en esta primera batalla ya ha tenido un claro ganador: Bolivia.

Para el agente chileno ante La Haya, Felipe Bulnes –que cumplió el mismo papel en la demanda peruana bajo el gobierno derechista del ex Presidente Sebastián Piñera- la decisión de la Corte le produce sentimientos encontrados, afirmando que le hubiese gustado que la CIJ se declarara incompetente, pero al mismo tiempo esgrimió un argumento bastante nebuloso al señalar que la pretensión boliviana ha quedado reducida sólo al compromiso de sentarse a negociar. Obviando que ese sentarse debe ser de buena fe y no sólo cumplir con una formalidad y discutir concretamente sobre la pretensión de Bolivia de tener un acceso soberano al océano Pacífico y recuperar así su cualidad marítima. Resulta risible escuchar a expertos jurisconsultos atrincherarse en esta especie de “ganamos a pesar de la derrota porque ha quedado reducida la pretensión boliviana simplemente a aceptar sentarse con ellos”

Para Bolivia resulta claro que Chile ha expresado en diversas y numerosas ocasiones su voluntad de entrar en una negociación formal con Bolivia, para reparar lo que la nación altiplánica considera es un daño histórico: el enclaustramiento y su mediterraneidad tras su derrota en la guerra que la enfrentó a Chile entre los años 1879 y 1881, donde también participó en alianza con Bolivia el Estado peruano. Más aún, sostiene Bolivia, lo que ha hecho Chile es asumir la obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico a través de acuerdos y declaraciones unilaterales, que se remontan antes y después de la suscripción del Tratado del año 1904 donde Chile se comprometió a no dejar a Bolivia sin un acceso soberano al Pacífico, ya sea a través de compromisos unilaterales pero también bilaterales.

En el Libro del Mar, valioso documento que la Cancillería boliviana se encargó de difundir urbi et orbi en una tarea comunicacional y política de primer orden y que explica que la causa boliviana tenga tanta simpatía en el mundo, se dan a conocer varios ejemplos de estos compromisos:

El Tratado de 1895 en materias de Paz y Amistad, Comercio y Transferencia de territorios.

El planteamiento boliviano ante la extinta Conferencia de Paris y la Liga de las Naciones, entre los años 1919 y 1922.

El Acta Protocolizada del año 1920 donde se estableció el deseo chileno de procurar un acuerdo que permitiera a Bolivia acceder soberanamente al Pacífico.

Declaraciones del ex Presidente chileno Arturo Alessandri el año 1922 expresando deseos de buscar soluciones al enclaustramiento boliviano.

El Acuerdo emergente de intercambio de notas del año 1950 donde el Presidente chileno Gabriel González Videla manifestó a la cancillería boliviana su aceptación para iniciar negociaciones con miras a otorgar un acceso soberano a Bolivia a las costas del pacífico.

Se suma a lo señalado precedentemente:

Los denominados compromisos emergentes de la negociación de Charaña entre los dictadores de Chile Augusto Pinochet y de Bolivia Hugo Banzer entre los años 1975-1978 donde se afirma que este acuerdo “obliga a ambos Estados a buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan como el relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia” Por ese compromiso Chile propuso a Bolivia en diciembre del año 1975 la cesión de una costa marítima soberna, ubicada en el casco norte de la ciudad de Arica hasta la Línea de la Concordia, unida al territorio boliviano por una franja territorial igualmente soberana. Sin embargo cuando todo parecía acordado Chile introduce el tema del canje territorial a lo que se une la manifestación peruana –en acuerdo al Tratado firmado con Chile el año 1929– de aceptar un corredor soberano para Bolivia al norte de Arica a condición que el área territorial adyacente a la costa de dicho corredor estuviera sujeto a un régimen de soberanía compartida. Dicha petición no fue aceptada por Chile, se estancaron las negociaciones y se rompen relaciones diplomáticas el año 1978.

Bolivia presenta también como pruebas de los compromisos a los que alude en su Libro del Mar, la Resolución Nº 426 de la IX Asamblea de la organización de Estados Americanos (OEA) donde se recomienda a las partes “que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico… “El delegado chileno en esa ocasión, Embajador Pedro Daza manifestó que Chile estaba dispuesto a negociar con Bolivia un acceso libre y soberano al Pacífico”

Finalmente, hay que consignar la llamada Agenda de los 13 puntos, firmada por los mandatarios Evo Morales de Bolivia y Michelle Bachelet de Chile que incluía en el punto Nº VI el tema marítimo, período en el cual el tema de una posible cesión territorial no estaba vedado al amparo del fortalecimiento de relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo.

Una política exterior fracasada

Para el gobierno chileno, el haber tomado el camino de las objeciones preliminares, poniendo en entredicho la competencia de La Haya, para conocer de la demanda era necesaria desde el punto de vista procedimental. Pero, la realidad indica que se basa más bien en una política que ha mostrado su fracaso en materia de relaciones vecinales. En lugar de ofrecer alternativas e iniciativas novedosas, que rompan el status quo, que acerque posiciones, que levante simpatías, Chile se enfrasca como un niño taimado en la defensa de una política y argumentos absolutamente fuera de lo que el siglo XXI nos muestra: ojos bien abiertos, cambios en el enfoque de las relaciones bilaterales y multilaterales, cooperación para el desarrollo, sentido estratégico en las relaciones diplomáticas.

Recordemos que en la demanda presentada en La Haya por Perú, respecto a la delimitación de límites marítimos ya Chile tuvo una caída estrepitosa en materias de considerar que ese litigio estaba zanjado y en cambio la CIJ determinó un fallo salomónico que otorgó a Perú acceso a una franja del Océano que no lo tenía antes de esta disputa y la defensa ante esa derrota por parte de la clase dirigente chilena es la misma de hoy, cerrar los ojos, atropellar y sostener en forma surrealista que en verdad no perdimos sino que no se ganó.

Esta política de Estado transversal en materias de enfrentar los contenciosos frente a nuestros vecinos ha resultado una política fallida, que suele convocar al conjunto de los partidos políticos chilenos con representación parlamentaria y que se sustenta en una máxima, que de tan reiterada resulta una frase fácilmente predecible, como de clara excusa frente a los fracasos en política exterior. Así la propia presidenta Bachelet declaró que la posición chilena en estos diferendos “se sustenta en la defensa inclaudicable de nuestra integridad territorial y de los intereses nacionales” agregando que Chile defendía lo establecido por el tratado firmado entre Bolivia y Chile el año 1904 y que establecieron los límites exhibidos como inamovibles, tras la denominada Guerra del Pacífico o del Salitre del año 1879 al año 1883.

El resultado de la votación en La Haya muestra que los gobiernos chilenos, sean estos de derecha o de centro-izquierda han cometido errores de proporciones al negarse al diálogo a la concreción de acuerdos y posibilidades de entendimiento antes de tener que llegar a estas instancias internacionales, donde las miradas de los países están puestos con mayor atención y donde comienzan a jugar no sólo apreciaciones jurídicas, sino también políticas, comunicacionales y de un lobby internacional más efectivo.

En los medios de comunicación chilenos, en forma casi unánime – con poquísimas y contadas excepciones – en los círculos políticos que argumentaba, incluyendo a expertos jurídicos y analistas de toda índole que “existe la convicción que el Tribunal Internacional de La Haya no tiene competencia para revisar los Tratados previos al año 1948”, que es el año en que se firma el Pacto de Bogotá o también denominado Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Así, de una plumada, con este pensar alejado de consideraciones respecto al sentir de los pueblos, el avance en materias de derecho internacional, en la posibilidad de pensar en un desarrollo futuro común con los vecinos se echó por tierra el canal del diálogo al margen de estas instancias internacionales, largas, que profundizan las diferencias entre los pueblos y también onerosas.

El dictamen de la CIJ derrota la postura intransigente de los gobiernos chilenos, expresado a través de las declaraciones del canciller chileno Heraldo Muñoz, que ni siquiera con este resultado adverso se ha dejado de lado pues así se piensa y así se transmite “la puerta de una salida soberana al mar para Bolivia está cerrada para siempre”, repitiéndose este nefasto argumento en todos los círculos políticos chilenos como una letanía que no da cuenta de la derrota sufrida en La Haya, como tampoco de los avances en materia de relaciones internacionales, de derecho internacional donde no sólo priman elementos jurídicos sino también políticos y comunicacionales, de lo que debería tomar nota la bien remunerada y amplia pléyade de abogados chilenos y extranjeros, embajadores, analistas y políticos que se han sumado a la defensa de los planteamientos chilenos ante La Haya

Para el gobierno chileno, los ex presidentes, parlamentarios y partidos políticos en general, la demanda presentada por Bolivia en La Haya, que deberá ser discutida en el fondo a partir del dictamen del 24 de septiembre, es inconducente. ¿Por qué tan categóricos? Pues, porque la posición de Chile está dotada de una característica de inmutabilidad, plena de anquilosamiento, donde se considera, como argumento indiscutible, que Bolivia no tiene derechos, que los Tratados son sagrados, que la herencia de sacrifico, sangre, sudor y lágrimas derramadas en la Guerra que nos enfrentó a peruanos y bolivianos no puede ser mancillada con la entrega de territorio patrio. Aunque ese territorio, sí sea entregado para su explotación a empresas mineras transnacionales y el mar a unas cuantas familias que explotan nuestros recurso marinos. En ese marco el concepto de patria y soberanía se pierde en explicaciones espurias.

Para la clase política, económica y empresarial chilena, como también para la masa de ignorantes y chauvinistas dotados de una nacionalismo que evade la crítica a la venta del patrimonio nacional, que acepta las privatizaciones y la imposición de un modelo económico profundamente explotador la demanda planteada por Bolivia no conduce a anda porque “jamás los chilenos cederemos un ápice de territorio”. Será, probablemente una contienda legal larga, onerosa para ambas partes. “Uno quizás nunca debería decir nunca, pero la posición de Chile hoy, y ha sido así por mucho tiempo, es que Bolivia no tiene derechos”, declaró en su oportunidad el canciller chileno Heraldo Muñoz, afirmación que a pesar del duro varapalo dado en La Haya no le ha hecho mella ni cambiar de opinión, encerrado en su caparazón. Contumacia política y diplomática que seguirá significando para la política exterior chilena fracaso tras fracaso en los contenciosos con nuestros vecinos.

Esa soberbia de las autoridades chilenas, no es bien percibida en el resto de Sudamérica, donde se considera a Chile como un mal vecino –quien a su vez parece considerar que vive en un barrio equivocado-, un país siempre mirando el norte y poco dado a pensar un futuro común con los países colindantes. Más proclive a los acuerdos económicos en paralelo con los políticos y sin pensar y actuar en consecuencia que ambas líneas no pueden ir separadas. Chile requiere, necesita el gas boliviano y el agua de ese país para nutrir su industria del norte chileno y proporcionar a la población el vital elemento. Chile, como también Bolivia, se necesitan mutuamente y ello implica abarcar áreas más allá de lo meramente económico o seguir enfrascados en una disputa ad aeternum.

Lo quiera o no la elite gobernante y con ellos una ciudadanía impregnada de chauvinismo y un nacionalismo trasnochado –necesitada de mayores niveles de educación, de mayores niveles de conocimiento históricos y de fortalecimiento del sentido de solidaridad, generosidad y pensar común, tal lejanos al modelo económico social que nos domina-, Bolivia, le guste a no a nuestra sociedad es nuestro vecino y hermano, aunque a la mestiza sociedad chilena, influenciada por décadas de argumentos, de discursos, de conductas de desprecio a nuestros hermanos fronterizos, les parece mejor mirar el norte brutal y revuelto que nos desprecia, la idea de acercar sueños, esperanzas y desarrollos sostenible con aquellos que son nuestros cercanos, próximos y hermanos y con quienes compartimos una historia común. En La Haya ha sido derrotada la ceguera de una sociedad que desea seguir ocultando el sol con un dedo, obstaculizando así los procesos de integración que requiere Sudamérica en forma vital.

Artículo del Autor cedido por Hispantv