El 5 de febrero de 2015 salió a la luz un millonario negocio realizado por la empresa Sociedad Caval Ltda., de quien era propietaria en un 50 por ciento la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagñon. La compra de tres terrenos en Machalí, realizada mediante un crédito gestionado ante el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, habría traído para la compañía ganancias por más de 2.500 millones de pesos.

El episodio fue catalogado como “tráfico de influencias” y trajo consigo la renuncia del Director Sociocultural de La Moneda, hijo de la Presidenta y esposo de Natalia Compagñon, Sebastián Dávalos. En ese entonces, la Presidenta señaló haberse “enterado de la noticia por la prensa” y La Moneda se apuró en señalar que el conflicto se trataba de un asunto entre particulares.

Con el transcurso de la investigación realizada por la Fiscalía, el caso demostró ser mucho más amplio. Una serie de facturas adulteradas, ideológicamente falsas, que se presentaron y se incorporaron en la contabilidad de la empresa y la posible evasión de impuestos abrieron una arista tributaria.

En septiembre se conocieron nuevos antecedentes. Mauricio Valero, socio de Compagnon y dueño del 50 por ciento de Caval, habría actuado de intermediario entre la empresa Saydex y el entonces director del Servicio de Salud Central Metropolitano, Nibaldo Mora. Valero habría cometido el delito de cohecho en una licitación para la dotación de servicios informáticos y computacionales en los hospitales de Maipú, San Borja Arriarán y Posta Central. Por la gestión, Caval habría recibido un pago de 170 millones de pesos.

De manera simultánea a que se conociera la arista de salud, apareció el asunto político. Juan Díaz, gestor inmobiliario y ex militante de la UDI, le habría pedido a Cristián Riquelme, administrador de La Moneda, su intervención para que Natalia Compagnon le pagara una millonaria deuda contraída con él. El conocimiento de esta información, parte del expediente del caso y declarada secreta en tres oportunidades por el fiscal Luis Toledo, echó por tierra la tesis de que La Moneda desconocía antecedentes del caso.

Además, el geógrafo Giorgio Martelli, dueño de la empresa Asesorías y Negocios (AyN) –investigada por la presunta recepción de financiamiento irregular por parte de SQM- reconoció haber hecho un préstamo por 32,5 millones de pesos al actual administrador de La Moneda. Los recursos, según Martelli, estaban destinados a financiar la campaña política de Michelle Bachelet.

La arista política

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe realizado por la comisión investigadora del caso. Con 102 votos a favor, los parlamentarios manifestaron su conformidad al informe que señala al menos tres puntos claves para la investigación: que habría existido tráfico de influencias y abuso de poder por parte del matrimonio Compagnon-Dávalos; que Caval funcionaba como una empresa de lobby; y que resulta cuestionable la permanencia de Riquelme en el cargo que continúa ejerciendo hasta hoy.

En el informe y a propósito de Riquelme puede leerse: “Cabe hacer presente que hasta el día de hoy el Gobierno no se ha pronunciado acerca de la permanencia del Director de Administración de La Moneda, señor Cristián Riquelme, quien todavía ejerce su cargo pese a lo dicho precedentemente, ni ha instruido procedimiento disciplinario alguno a su respecto”.

Tras la unanimidad en el respaldo a la iniciativa, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, afirmó: “Respecto de funcionarios de Gobierno es un asunto que le corresponde al Ejecutivo y, por lo tanto, es un asunto que nos corresponde a nosotros considerar”.

En la misma línea, el ministro del Interior (s) Mahmud Aleuy declaró que “la Presidencia resuelve a sus funcionarios cuando le parece pertinente, no en función de las opiniones”.

Las razones del blindaje

El abogado querellante del Caso Caval, Mario Zumelzu, explica que si bien puede que el actuar de Riquelme no sea delictivo, es altamente imprudente y revela el conocimiento que tenía La Moneda de los negocios de Caval, con anterioridad a que esto se supiera públicamente.

“Yo comparto la opinión de los diputados de que Riquelme debiera salir de la Moneda, por haber sido a lo menos  negligente e imprudente.  Si no sale Riquelme, hay que preguntarse qué es lo que sabe Riquelme que no es conveniente sacarlo de su cargo.  Es un tema más que jurídico, es un tema político”, afirmó.

Por su parte, el sociólogo y analista político Alberto Mayol piensa que el blindaje realizado por la Presidenta a Riquelme radica en dos aspectos centrales: uno político y uno de tipo más personal. En cuanto al segundo, “Riquelme es un tipo al que si ella debilita, puede entrar en un proceso de causas judiciales y el poder sí importa a la hora de las causas judiciales.  Hay una barrera de contención que tiene cierta profundidad, cierto tamaño. Si ella llegara a sacarlo podría poner en riesgo lo que, dentro de todas las cosas, ella ha querido proteger: su hijo”.

Desde el punto de vista político, para Mayol resultan, aunque complejas, más o menos evidentes: “Para Michelle Bachelet, dejar caer a Riquelme y a Ana Lya Uriarte es muy complicado porque ella ya cometió el error de dejar caer a su equipo más cercano y traer gente de otros sectores para calmarlos. La evidencia del error es que esos sectores mostraron los colmillos.  Ella ya se dio cuenta con su gabinete anterior, que lo que hizo fue realmente invitar dentro de su habitación al enemigo. Objetivamente, tres de los cuatro ministros más importantes del gabinete están en contra de las reformas, por citar un ejemplo”, sostuvo el analista, recordando que la jefa de gabinete de la mandataria también fue aludida por Natalia Compagnon en su declaración judicial.

Finalmente, el sociólogo explicó que a su juicio el conflicto de la Presidenta entrama un asunto de poder: “Frente a ese escenario ella entiende que sacar a Uriarte, algo que sería súper razonable desde muchos puntos de vista, significaría quedar completamente vacía de poder”.

El próximo viernes 29 de enero Natalia Compagnon será formalizada, junto a otros cinco imputados, luego de que el Juzgado de Garantía de Rancagua acogiera la petición de la Fiscalía. La orden del ente persecutor se emitió luego que el Servicio de Impuestos Internos se querellara en contra de la propia Compagnon, así como contra Mauricio Valero y el síndico Herman Chadwick, por presuntos delitos tributarios.