Los funcionarios del sector público de la región de Atacama rectificaron el paro indefinido que iniciaron el primero de marzo, luego de que denunciaran que el Gobierno no cumplió un protocolo de acuerdo firmado el cinco de septiembre de 2014.

Según los trabajadores, a través de este acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a realizar un estudio para determinar la calidad de vida de la región. Con ello, también asumió la entrega de un bono, cercano a los 80 mil pesos, que sólo fue entregado durante 2015.

En este contexto, Rosita Riquelme, dirigente nacional de la Anef, llamó a los parlamentarios y al Gobierno a hacerse cargo del conflicto. “Aquí  lo grave de la situación es lo siguiente. No es que sea un bono que se esté pidiendo ahora. No, no es así. El tema es que ese bono se estaba pagando y este año se volvía a pagar. Entonces, si aquí hubo autoridades de Gobierno que no previeron lo que iba a pasar, deben hacerse cargo. Ellos debieron, en su momento, haber visualizado el tema. Tienen que resolverlo”, dijo.

Actualmente, se encuentran más de 13 mil funcionarios del sector público movilizados, por lo que el Registro Civil, los Servicios de Salud y Fonasa impusieron turnos éticos.

Jimena Aguirre, miembro del Movimiento Cabreados, explicó  que la movilización no sólo guarda relación con la suspensión del bono, sino que también, con el incumplimiento de distintos puntos acordados en el protocolo de 2014. “Se levantaron ocho líneas de trabajo que tenían que ver con conectividad en las zonas más aisladas, el acceso a las viviendas sociales, se comprometió a que iba a haber una forma de impulsar las viviendas sociales en la región, tampoco se está reconociendo eso. Se habló de aumentar las plantas de las dotaciones de los servicios, de tener mayor descentralización tanto en los servicios públicos, como los intra regionales, al interior de las ciudades y eso es lo que hoy el Gobierno está incumpliendo”, sentenció.

La paralización ha escalado a tal punto que este lunes los alcaldes de la zona llegaron hasta La Moneda para buscar una solución. Sin embargo, desde los gremios de trabajadores indicaron que toda solución depende exclusivamente del Ejecutivo.

Asimismo, no descartaron convocar a un paro nacional.