Más de 600 académicos son los adherentes a la misiva en la que se apuntan las cuatro ideas que esperan sean reconocidas por el Gobierno en las iniciativas políticas y legislativas que surjan en la propuesta que será enviada al Parlamento.

Entre las propuestas está el aporte diferencial de las instituciones de educación superior dependientes del Estado, establecer condiciones basales de financiamiento estatal a dichas instituciones y la obligación de construir un sistema nacional de educación superior. A esto agregan la inscripción de la reforma del sistema en un horizonte que valorice sustancialmente el rol del Estado, evitando poner en un mismo plano intereses que dependen de iniciativas empresariales y aquellos que ponen a la sociedad chilena como centro de su misión.

La profesora Diamela Eltit de la Universidad Tecnológica Metropolitana, agregó a las propuestas que las universidades públicas asuman la diferencia salarial entre hombres y mujeres profesionales, identificando el problema cultural, educativo y económico.

El académico Roberto Aceituno de la Universidad de Chile, se refirió a las expectativas que se tienen sobre los debates de los futuros cambios al sistema de educación superior.

“Si hay una declaración de que va a impulsarse una reforma en los términos que estamos planteando, evidentemente que sería una gran noticia para los académicos de las universidades públicas. Pero es probable que solamente se inicie una discusión prelegislativa y esperamos que ahí los académicos y académicas de universidades públicas tengan un rol activo porque son los que conocen desde adentro cuáles son las necesidades formativas y cómo vincular la investigación con la docencia”.

Aceituno opinó que hasta ahora la discusión se ha centrado en la gratuidad, pero el problema de fondo tiene que ver con la creación de un sistema nacional que se defina de entrada al servicio de las necesidades sociales y culturales de Chile, propósito que a su juicio no puede ser cumplido a través de iniciativas particulares.

El académico Naím Nómez de la Universidad de Santiago, enfatizó en que el grupo de profesionales que firman la carta dirigida a la mandataria expresan el punto de vista de ellos y de muchos estudiantes que ven cómo durante años las universidades del Estado han sido dejadas de lado.

“No han querido establecer una diferencia sustancial entre el papel que desempeñan las universidades del Estado y el papel de las universidades privadas que han crecido como callampas en los últimos años e indudablemente han bajado la calidad de la educación. Al mismo tiempo, las universidades públicas han sido sacrificadas en aras de un sistema neoliberal y de libre mercado”.

Nómez concluyó que confrontarse con el sistema que dejó la dictadura es muy complicado, además ha significado que las universidades del Estado sigan atadas a los elementos legalistas que funcionan con la Contraloría y envueltas en una competencia desleal con déficit de infraestructura e imposibilidad de contratar profesores.

En cuanto a las protestas estudiantiles previas a la cuenta pública del 21 de mayo, los académicos reconocieron que el proceso que hoy conduce a la necesidad de pensar de otra manera la educación en Chile, fue iniciado hace 10 años por el movimiento pingüino, por lo que hoy no pueden quedar fuera de la discusión.