En julio de 2015 el Serviu anunció la creación de ocho “mega barrios”, que beneficiarían a casi mil familias.

Uno de estos proyectos, El Sauzal, contemplaba la construcción de 916 departamentos de 55 metros cuadrados cada uno en la comuna de Peñalolén.

Sin embargo, este anuncio hasta hoy sólo se ha reducido a una simple promesa. Por ello, este miércoles un grupo de pobladores adscritos a este proyecto habitacional protestó colgándose del puente de Rotonda Grecia. En la ocasión, los manifestantes fueron detenidos por Carabineros junto a otras 13 personas.

En este contexto, Guillermo González, vocero de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) e integrante del Movimiento Pobladores en Lucha, manifestó que la movilización de esta mañana se realizó producto del incumplimiento del Serviu respecto de sus demandas.

El dirigente también indicó que dentro de la planificación del proyecto El Sauzal ha existido lucro. “El terreno fue expropiado por el Ministerio de Vivienda y ahora se está cobrando por segunda vez a las familias. Ese es un dinero que se está descontando del ahorro de los pobladores, que podría ser para el mejoramiento de los espacios públicos. Nosotros decimos: si eso ya se pagó, ¿por qué el Estado nuevamente está descontándonos para cancelar el terreno?”, dijo.

“Acá nosotros hemos denunciado siempre, que detrás de la política habitacional siempre ha existido el lucro. El Serviu está externalizando la gestión del proyecto, con el fin de que la entidad patrocinante gane dinero”, agregó el dirigente.

Además, denunció que como organización han sido marginados del diseño de este plan habitacional. “Las familias deberían ser partícipes del proyecto, no que se les asigne una vivienda solamente”, subrayó.

“Nosotros queremos construir barrios, somos productores, no beneficiarios. Al ser productores de hábitat queremos producir nuestras viviendas, nuestros barrios y no queremos que ellos nos digan dónde y cómo tenemos que vivir”, añadió el dirigente de los pobladores.

Respecto de este tema, el arquitecto Alejandro Beyta, quien ha trabajado en proyectos habitacionales en conjunto con pobladores, indicó que es fundamental que las iniciativas se elaboren con las comunidades. “Más que la opinión en el diseño mismo, los pobladores deben ser el núcleo de gestión, para que los proyectos no nazcan desde las constructoras, sino que desde las mismas familias. Así ellos pueden seguir integrados con sus redes y continúan organizados en sus asambleas. De esta forma para ellos es más fácil resolver conflictos”, explicó.

A su vez, Doris González, vocera nacional del Movimiento de Pobladores Ukamau, sostuvo que los proyectos comprometidos por el Serviu se han visto retrasados por falta de compromiso político. “El Serviu ofreció estos mega proyectos en donde se suponía que existiría una  supuesta participación ciudadana y en donde se creyó que las familias iban a resolver junto con el Estado el problema habitacional, pero lamentablemente la ineficiencia de algunas instituciones como el Serviu, retrasaron estos  planes  que cada vez están más lejos de concretarse”, apuntó.

“A nivel nacional existen un montón de demandas ciudadanas, por ejemplo, en Curanilahue hay un montón de familias que están en una toma de terreno. Hoy no hay la posibilidad de negociar con el Estado, sino lo que hacen  es ponerse a favor de las grandes forestales”, comentó la vocera del movimiento Ukamau.

Cuando la vivienda no es un derecho  

La política habitacional en Chile aún es un tema precario. Sin ir más lejos en la misma Constitución no se reconoce el derecho a la vivienda. Por lo mismo, durante los últimos años, los movimientos de pobladores han elevado su demanda.

A esto se suma el nulo debate que desde el Congreso han tenido al respecto. Esto ya que según la diputada Alejandra Sepúlveda, hoy la Comisión de Vivienda no ha recibido ni ha discutido la queja de los pobladores. “Nosotros estamos dispuestos a recibirlos, pero por el momento estamos trabajando en otros temas”, manifestó.

En tanto, Juan Pablo Urrutia, arquitecto y académico de la Universidad de Chile, precisó que “nuestro gran problema en comparación con la experiencia internacional son nuestros niveles de segregación”.

“Chile, para sus niveles de desarrollo, no debería tener tanta precariedad en un volumen tan importante de población como el que hoy tiene. Esto pasa en general porque la vivienda no es un derecho y lo que hoy se observa es que estamos construyendo una ciudad que no es igual para todos, o sea, le estamos negando el derecho a la ciudad a las personas”, afirmó el especialista.

Según el arquitecto esto repercute en que existan proyectos habitacionales que demoren en concretarse, así como también, en la baja calidad de las viviendas.

Por último, Urrutia explicó que hoy no es suficiente cambiar la política habitacional. “Nosotros tenemos que analizar el sistema político y económico, porque esto va más allá. Primero tenemos que pensar qué país queremos y eso recién lo estamos haciendo”, concluyó el arquitecto.