En medio de la discusión originada por el cambio de domicilio electoral arbitrario de más de 470 mil chilenos, surgió otra polémica ligada a este tema: más de medio centenar de condenados por violaciones a los derechos humanos estarían habilitados para sufragar.

Pese a que la Constitución es expresa en señalar que toda persona condenada a pena aflictiva tiene suspendidos sus derechos de voto, 51 de los 163 condenados por delitos de lesa humanidad, de acuerdo al sitio web del Servicio Electoral no tendrían impedimentos para participar de las elecciones municipales de este domingo.

La investigación recoge nombres como el de José Rafael Aguirre Aguirre, condenado a 7 años por el homicidio de 3 personas en el caso “Porvenir” y que la semana pasada obtuvo libertad condicional. Él tiene derecho a voto.

La situación se repite con Raúl Iturriaga Neumman, lo que despertó la ira de los Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, su presidenta, quien declaró que “realmente es indignante y sorprende el desconocimiento. Se sabe que un ciudadano pierde sus derechos civiles cuando ha sido condenado por crímenes y queda inhabilitado en sus derechos de votar y de sufragar”.

“Él (Iturriaga) fue condenado por el asesinato de Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, a 18 años. Sólo ese acto. Sólo esa condena. Por tanto es imposible con sus antecedentes que pueda estar votando a una elección ciudadana cuando él, como un criminal, perdió sus derechos de ciudadano, de tener derecho a sufragio”, dijo Lira a El Dínamo.

La molestia de la AFEP es aun mayor toda vez que hay muchos presos políticos de la Dictadura y Posdictadura que aun no pueden recuperar sus derechos ciudadanos, cuestionando los beneficios con los que siguen tratando a los torturadores del régimen militar.

Por su parte, el abogado de derechos humanos Alberto Espinoza calificó la situación de “vergonzosa”.

“Es otra irregularidad más, aquí estamos con irregularidades como este tema de la doble inscripción. Aquí nuevamente tenemos otra irregularidad que naturalmente deja muy debilitado el sistema democrático de Chile y eso es irrefutable. Que las autoridades no tomen medidas en relación a situaciones como las que le permite votar a personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad es inaceptable”, expresó Espinoza.

El jurista subrayó que la responsabilidad es compartida y que refleja las incapacidades de los dirigentes políticos tanto del Gobierno como del Congreso.