Luego de que el Gobierno no encontrara los respaldos suficientes -incluso en su propio sector- para sacar adelante la ley corta que buscaba una solución frente a los errores en el padrón electoral, este martes se decidió no perseverar en esa acción y retirar la iniciativa.

Así lo informó el portavoz de La Moneda, Marcelo Díaz, quien reconoció el fracaso del Gobierno para ordenar las filas del oficialismo, así como para conseguir el respaldo del bloque opositor.

En la Nueva Mayoría la decisión del Ejecutivo generó diferentes reacciones. Mientras algunos calificaron el hecho como “un bochorno” y acusaron “ineptitud” y “negligencia” por parte de quienes debían resolver este problema, otros valoraron esta determinación.

A esto se agregan las peticiones de asumir los costos políticos desde los ministerios involucrados, en este caso, la cartera encabezada por Javiera Blanco, Justicia, y la Secretaría General de la Presidencia, ministerio lideradop por Nicolás Eyzaguirre encargado de establecer coordinaciones con el Servel.

En esa línea, el senador de la Democracia Cristiana Jorge Pizarro apuntó sus dardos hacia este último, afirmando que es ahí donde recaen las responsabilidades políticas.

“Detrás de esto también, para decirlo con toda claridad, le dijimos a los ministros del equipo político, que aquí hay responsabilidades políticas (…) y a nosotros nos parece que deben recaer en quienes tenían responsabilidad política de llevar adelante este proceso. Todos sabemos que el Servel es autónomo, pero la relación del Servel con el Gobierno la llevaba uno de los ministerios del área política”

Mientras, el presidente de la Cámara de Diputados, (PS) Osvaldo Andrade, cuestionó la decisión del Gobierno, indicando que si no había suficiente respaldo debería haber sido expresado a través de la votación.

“Si lo que había era que según algunos no había acuerdo suficiente para esto, bueno, que se exprese en los votos. Si algunos están en desacuerdo, están en desacuerdo y cada uno asume su responsabilidad. Yo estaba dispuesto a votar favorablemente el proyecto (…) yo quería cumplir con la obligación constitucional de votar un proyecto del ley. Me parece un error que no se me permita expresar mi opinión en el Parlamento”.

Opinión distinta fue la que expresó la presidenta de la Democracia Cristiana, senadora Carolina Goic, quien señaló que la determinación del Ejecutivo fue la más idónea frente al poco respaldo que el proyecto contaba en ambas cámaras.

“A mí me parece es mejor que el Gobierno lo retire, hay que enfrentarse a la situación de no contar con los votos para aprobar esta iniciativa y sobre todo para darle legitimidad pensando en las elecciones del día domingo”.

Cuestionamientos hacia el Ejecutivo que no sólo van dirigidos hacia el retiro del proyecto de ley corta, sino que además a la incapacidad para construir acuerdos políticos, apuntando a la gestión de los titulares de Interior, Segegob y Segpres, quienes son los encargados de sacar adelante estos pactos.

Desde Chile Vamos emplazaron al Ejecutivo a asumir las responsabilidades políticas, de lo contrario presentarán una acusación constitucional o interpelaciones contra los ministros responsables de este revés en el Congreso.

“El retiro de la ley corta es el ejemplo palpable del trabajo mal hecho, de la ineficiencia de un gobierno que pretende solucionar las cosas legislando a matacaballo; sin escuchar a la oposición y ,sin el más mínimo sentido común. Al mismo tiempo, en Chile se acabó el poder blindar el trabajo mal hecho; y para esto es que estamos analizando la procedencia de una interpelación o de una acusación constitucional en contra de los ministros responsables de esta situación”, señaló el jefe de bancada de los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma.

En tanto, el presidente de Renovación Nacional, diputado Cristián Monckeberg, sostuvo que el Gobierno entregue una solución de fondo al problema del padrón electoral, y que para ello podrán contar con el apoyo de la oposición.

No obstante, reiteró que “es urgente que junto con el retiro del proyecto se busquen responsables y se asuman las responsabilidades, hoy o mañana, el gobierno verá. Pero esto no puede extenderse eternamente”.

Analistas plantean necesidad de un cambio de gabinete

Como un “punto de inflexión para un cambio de timón en el Ejecutivo”, calificaron expertos el momento político que se ha generado después de conocido el retiro de la ley corta de la tramitación legislativa por parte del Gobierno, que buscaba corregir los cambios de domicilios unilaterales en el padrón electoral que afectará a medio millón de votantes.

Para el profesor del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile Alejandro Olivares el fracaso de la ley corta es también el fracaso del comité político que le genera un gran problema al Ejecutivo, ya que la capacidad de gestión política se ve en entredicho: “No hubo capacidad para negociar, no hubo capacidad para generar acuerdos y eso es responsabilidad del comité político”.

“Si esto, más una potencial baja participación en la elección, y que esa baja participación afecte a la coalición de gobierno podría dar el paso para un cambio de gabinete que tendría que ser relativamente luego”, agregó.

Olivares hizo énfasis en que este fue un tema que fue visto “por el comité político en su conjunto”, por lo que más que pensar en responsabilidades individuales, “aquí hubo una distribución de tareas y distribución de funciones, que lo correcto sería pensar en una responsabilidad global.

El cientista político señala que esta situación es una señal de alerta muy clara respecto de la baja capacidad de gestión política del Gobierno: “Y sobre todo, es más malo aún porque después de la municipal se inicia el ciclo de las presidenciales, por lo tanto no es menor el tema de qué hacer con la selección del candidato presidencial y cómo las relaciones dentro de la coalición se van a desarrollar, entonces el Gobierno, que debiera ser un actor central en el proceso, con malas decisiones como esta, genera un problema dentro de la coalición porque genera un vacío de poder, y no hay liderazgo claro respecto a cómo el Ejecutivo pueda llegar a asumir la elección que viene”.

El académico del INAP señaló que, dado el bajo impacto que las campañas políticas para las elecciones municipales han generado en la ciudadanía, ve improbable que este fracaso de la ley corta pueda implicar un descenso en términos de popularidad del Ejecutivo, pero sí podría estancar el alza que había mostrado en los últimas semanas.

Por su parte, Bernardo Navarrete, cientista político y académico de la Universidad de Santiago (USACh), hizo énfasis en que no es correcto hablar de “error” para referirse a lo sucedido con el padrón electoral sino que derechamente es una “negligencia” -coincidiendo con los personeros políticos-, dado que son problemas que se manifestaron ya en la elección municipal de 2012, “cuando se abre el padrón a la inscripción automática y voto voluntario”.

Navarrete remarcó que este problema repercute en una de las pocas instituciones que aún gozaban de credibilidad y confianza entre la población, como es el Servicio Electoral, “el que organizaba y entendíamos nosotros que era un ejemplo de organización, de precisión. A las 8 de la tarde ya sabíamos los resultados”.

Sobre las responsabilidades que se deberían asumir, el académico de la USACh señaló que “pareciera que en los últimos años hay una constante, que nos puede llamar mucho la atención a los chilenos, y es que no se están ejerciendo las responsabilidades políticas. Estas son asumir un error y dar un paso al costado, dejar en libertad de acción a la Presidenta de la República para que ponga a una persona a solucionar el problema porque es difícil pensar que con los mismos equipos voy a solucionar los problemas que estoy arrastrando hace tiempo”.

“Aquí no hay culpas y no hay responsables”, insiste Navarrete, lo que a la larga terminará indefectiblemente afectando a la Presidenta de la República porque a ella le endosarán la responsabilidad porque, por ejemplo, la dirección del Registro Civil es designado por ella, a través de la ministra de Justicia, indicó.

“Al final del día esto va a afectar a la Presidenta de la República porque nadie renuncia, nadie pareciera hacerse responsable de esto. El problema va a ser el día lunes el titular ya no va a ser qué pasó en Santiago, qué pasó en Valparaíso o qué pasó en Concepción, sino qué pasó con la abstención, qué pasó con las personas que no pudieron ir a votar”.

El académico sostiene que la señal que se está dando desde el Ejecutivo al no haber responsables visibles que se hagan cargo del bochorno vivido este martes. “La autoridad se puede delegar, pero no la responsabilidad”, señala Bernardo Navarrete.

Sobre la posibilidad de que este problema tenga como consecuencia un próximo cambio de gabinete, Navarrete señala que ese posible escenario generará nuevas interpretaciones ambiguas, ya que no se podrá determinar de manera clara si las salidas de algunos ministros será consecuencia directa del fracaso de esta ley corta, o si se hará para permitir una carrera parlamentaria de los secretarios de Estado, considerando que deben dejar su puesto un año antes de la próxima elección para renovar el Congreso.