Los legisladores de la Comisión de Medio Ambiente retomaron la discusión en torno a las más de mil indicaciones que recibió el proyecto que crea una nueva institucionalidad enfocada en la Biodiversidad y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Estado.

En el marco del debate, el presidente de la instancia legislativa, Alejandro Navarro, autor de 400 indicaciones al proyecto, manifestó su preocupación por el estado en el que quedaría la Corporación Nacional Forestal.

“Queremos de verdad discutir de fondo cuáles son las atribuciones, facultades y presupuesto, que va a tener este Servicio Nacional de la Biodiversidad. También si efectivamente vale la pena sacar de Conaf a cientos de técnicos y profesionales, llevarlos a un servicio nuevo, separando ambas funciones. Eso es debatible, quiero recursos frescos y no desvestir a un santo para vestir a otro”.

En tanto, la senadora Isabel Allende enfatizó en que las nuevas entidades deben adecuarse a los estándares internacionales y con ello, valoró que en el Gobierno realicen una consulta indígena mientras alistan la presentación de sus observaciones. No obstante, confía en que estas últimas se den a conocer prontamente.

“Estamos llegando a una etapa bastante avanzada, esto ya está en manos de la Segpres, es decir, ya pasó por Hacienda y por lo tanto, estamos esperando unas tres semanas máximo, para que podamos entrar propiamente a la ley de la Biodiversidad. Sin embargo, la Comisión ha determinado de manera unánime empezar a trabajar las indicaciones que como parlamentarios hicimos a este proyecto. En resumen, queremos tener una ley sobre la biodiversidad antes que termine este gobierno”.

La senadora también subrayó la importancia de tener una ley que regule el delito ambiental y en ese sentido, llamó al Ejecutivo a dar paso a esta moción sin esperar un nuevo Código Penal.

La directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, recordó que desde el 2010 se está planeando la creación del Servicio de Biodiversidad y el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a, una vez concluido el estudio de técnicos sobre la materia el 2014, enviar indicaciones al Parlamento.

“Actualmente es súper confuso lo que está haciendo el Gobierno, porque por un lado acordó con los senadores iniciar discusión de mil 350 indicaciones de un proyecto que el propio gobierno va a modificar, por lo tanto, no sé para qué van a discutir eso. Además, están haciendo una consulta indígena que tiene que generar también modificaciones, entonces a nosotros solo nos da cuenta de la incapacidad y descoordinación entre el Gobierno y el Parlamento”.

La ambientalista añadió que hay incertidumbre también por otro compromiso que la mandataria asumió ante la Convención de Cambio Climático: el reducir emisiones fomentando plantaciones de bosque nativo. A juicio de la representante de Fundación Terram, para este objetivo se requiere de un Servicio Forestal Público, proyecto que el Ejecutivo no ha enviado al Parlamento.

Asimismo, Flavia Liberona concluyó que se necesita urgentemente una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que genera problemas en los territorios.