Los pescadores artesanales, que habían suspendido sus movilizaciones, retomaron las protestas luego que la FAO entregara un informe al Gobierno con un análisis sobre la Ley de Pesca, el que califican como “un saludo a la bandera”, además de reiterar que se anule la denominada “Ley Longueira” hecha por parlamentarios que recibieron coimas por parte de los gremios de la pesca industrial, precisaron los trabajadores.
El dirigente de los pescadores artesanales de Arica Guido Rojas indicó que Corpesca, además de acaparar el 85 por ciento de la cuota de captura de anchoveta, invade todos los días, sin ninguna fiscalización gubernamental, las 5 millas marinas establecidas como exclusivas para los trabajadores de las diversas caletas del norte de Chile.
“Los industriales están haciendo lo que quieren acá en el norte. Corpesca está impidiéndonos zarpar por el tema de las 5 millas, ellos quieren apropiarse de nuestro derecho, pero nosotros no los vamos a dejar. Igualmente ellos hacen casi el 80 por ciento de su cuota de captura dentro de las 50 millas marinas”.
En Coquimbo, el dirigente Pascual Aguilera indicó que lo más nefasto ha sido para ellos la llamada pesca de arrastre, que destruye todo ecosistema del fondo marino y que ha repercutido en la escasez de productos como el jurel, la merluza y el congrio.
El representante de los pescadores artesanales de la Región de Coquimbo hizo énfasis en la necesidad de que el proyecto de nulidad de la llamada “Ley Longueira”, que actualmente duerme en la comisión de Constitución de la Cámara, sea discutido con urgencia y aprobado por el Parlamento.
“El 90 por ciento de la cuota de captura está en manos de la industria, es decir de las 7 familias que están en un solo conglomerado de 4 empresas, o sea, sólo cuatro empresas son los dueños del juren en Chile”, agregó.
En Valparaíso, donde se han constatado acciones de protesta de mayor magnitud, el vocero Eduardo Quiroz coincide en que la pesca de arrastre sólo ha traído problemas económicos a las familias que se dedican a la pesca artesanal, especialmente a la extracción de la merluza, jurel y congrio.
El dirigente indicó que la tarea sólo abarca unos meses del año y todo el resto de la temporada, prácticamente, están sin actividad por la inexistencia de dichos recursos o el tamaño, obligando a la compra y traslado desde el sur del país.
En Coronel, Lota y en casi todas las caletas de la Región del Bío-Bío, los pescadores salieron a las calles marchando y colocando barricadas, exigiendo al Gobierno que derogue un cuerpo legal que manifiestan está manchado por el dinero pagado por la gran industria del sector.
En tanto, en la zona de la isla de Chiloé el principal problema son las millonarias multas que los pescadores artesanales deben pagar por incursionar más al sur, en la Región de Aysén, obligados, afirman, debido a que la pesca de arrastre o de profundidad ha disminuido la cantidad de productos del mar.
Así lo dio a conocer el dirigente sindical Sergio Mayorga, quien también aseveró que la Ley de Pesca establece duras sanciones a los que extraen productos fuera de su sector.
“Nosotros históricamente pescamos en la undécima región reineta, congrio y raya. Con la Ley de Pesca se obligó a utilizar un posicionador satelital, y una vez activado ya no podemos pasar a una región más al sur. Nosotros ni siquiera teníamos conflicto con los artesanales de la zona, pero han sacado partes millonarios, gente de Calbuco y Dalcahue debe alrededor de 400 millones de pesos en partes”, argumentó.
En la Región Metropolitana, las manifestaciones se centraron en el Terminal Pesquero, donde comerciantes se quejan del asedio fiscalizador y de escasez de productos.
Los dirigentes de los pescadores reclamaron además porque el informe entregado por la FAO al Gobierno no se refiriere en ningún caso a temas claves como son los mecanismos de licitación, el impedimento al acceso de las 5 millas marinas por parte de los barcos industriales, ni a la determinación equitativa de cuotas de captura, justamente los temas más discutidos de la normativa vigente.