A fines de diciembre del año pasado la Superintendencia de Salud inició una investigación en contra de las isapres Banmédica, Cruz Blanca y Másvida, luego que la Contraloría emitiera un dictamen que obligó al organismo fiscalizador a iniciar acciones en contra de estas aseguradoras de salud privadas.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a Diario y Radio Universidad de Chile que en las próximas semanas la Superintendencia formulará cargos en contra de estas compañías, esto porque existiría la convicción de que algunos holdings vinculados a estas aseguradoras habrían cometido irregularidades en su manejo administrativo.

La denuncia original buscaba obtener sanciones por integración vertical, práctica en la que una misma compañía es dueña, por ejemplo, de la isapre, una clínica o centros médicos. Sin embargo, la Superintendencia habría recurrido al concepto de “administración compartida”. Según consigna La Tercera, la resolución del regulador detalla el hallazgo de riesgos para la gestión contable y tributaria, conflicto de interés y manejo de información privilegiada por parte de ejecutivos que ejercen cargos en más de una empresa. Un ejemplo de esto es el caso de Gonzalo Ibáñez Langlois, quien siendo accionista de Banmédica es también presidente del directorio de las clínicas Santa María y Dávila. Esto, porque la integración vertical no constituye, en términos estrictos, una ilegalidad, pese a que limita la competencia en el sector y la libre elección de los usuarios.

Puedes revisar el reportaje: Integración vertical de Isapres, el abuso legal en la salud de Chile

Las indagatorias de la Superintendencia tienen su origen en un requerimiento realizado el 6 de noviembre de 2015 por los abogados Cristóbal Osorio Vargas, Gerardo Ramírez González y Daniel Contreras Soto, afiliados a las isapres Banmédica, Masvida y Cruz Blanca, respectivamente. Estos presentaron una denuncia ante la autoridad por supuestas prácticas ilegales, por lo que solicitaron la investigación de eventuales hechos que dieran cuenta de esta injerencia cruzada entre prestadores de salud e isapres.

Este requerimiento contó ese mismo año con el patrocinio de Alejandro Guillier, senador y actual candidato presidencial de la Nueva Mayoría, pese a que en el pasado, el ex entonces conductor de noticias había sido rostro de un spot publicitario sobre las isapres.

Cuando los abogados presentaron originalmente el recurso, la Superintendencia declaró que “el hecho de que una Isapre comparta directores, gerentes o ejecutivos clave con el holding o grupo empresarial dueño de la institución -figura no prohibida por la ley- no es una condición suficiente para establecer, de manera enfática y concluyente, que tenga participación o injerencia directa en la administración de un determinado prestador de salud perteneciente al mismo holding o grupo empresarial”.

Sin embargo, la Contraloría en el oficio N° 80.751 del 7 de noviembre de 2016, rechazó los argumentos de la Superintendencia. En un oficio dirigido a esa autoridad, afirmó que “corresponde que la Superintendencia de Salud, en el ejercicio de sus atribuciones legales, realice aquellas diligencias que estime necesarias para constatar si las isapres denunciadas tienen injerencia en la administración de determinados prestadores de salud”.

Frente a esta resolución, la Superintendencia de Salud se vio obligada a realizar las pesquisas solicitadas. Este proceso estaría llegando a su fin en los próximos días, con la formulación de cargos a las tres isapres involucradas.

Así, el documento dictamina específicamente, en el caso de Banmédica, son cuatro los ejecutivos cuestionados, quienes -por sus cargos gerenciales en diversas áreas de la compañía- centralizan información vulnerando la norma respecto a la “incompatibilidad de cargos”, según detalla el escrito. Incluso, sostiene, el “evidente conflicto de interés” en el caso del gerente general del holding Banmédica, Alejandro Danús, que es a su vez director de los diferentes prestadores del grupo, lo que podría “influir en las opiniones o toma de decisiones que pueden tomar los miembros del directorio de la isapre (…) afectando la transparencia, la toma de decisiones y estándares del gobierno corporativo”.

La incompatibilidad de cargos es una figura que se repite en el caso de Cruz Blanca, donde dos subgerentes financieros son sindicados como los nexos conectores entre la isapre y el grupo controlador Bupa. También cuestionan el rol de Juan Guiresse, quien en su calidad de gerente de finanzas de Bupa Chile y director de la isapre “cuenta con información privilegiada para ser utilizada en las decisiones de administración de fondos que se destinen a los prestadores de salud del grupo”, según consigna La Tercera.

MasVida, por su parte, sería formalizada con cargos contra Erwin Sariego, ex director de diversos prestadores del grupo, “situación que le permitió consolidar y hacer uso de información privilegiada”, afirma el documento.

Este medio intentó contactarse con la Superintendencia para indagar acerca de cuáles serían los cargos y posibles sanciones que aplicarían a la Bamnédica, Masvina y Cruz Blanca. Pese a que la autoridad no quiso referirse en particular al tema, señaló que dará a conocer los resultados de la investigación a la opinión pública en los próximos días.

Las isapres tendrían 10 días de plazo para plantear sus descargos, adoptar las medidas necesarias y dar cumplimiento a lo que dictamine la Superintendencia de Salud para garantizar la independencia de cargos y funciones de los ejecutivos cuestionados.