El pasado martes se hizo pública la decisión del Ministerio Público de imputar, en el marco de los casos de abusos sexuales de la iglesia católica en Chile, a la máxima autoridad eclesial del país, el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati.

La fiscalía  mantiene 37 causas abiertas de abusos sexuales en la institución, pero la cifra aumenta con los días. Ya son 68 personas investigadas, entre ellas 58 religiosos. Y hay 104 víctimas contabilizadas, de las que al menos 52 eran menores de edad en el momento de los abusos.

Arias explicó al medio español por qué la investigación tiene como protagonistas a los obispos nacionales: “¿Quién es el responsable de una organización y de lo que ocurre en un territorio? El obispo. ¿Por quién pasan todas las denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? Por el obispo. Conocen los hechos durante todo el proceso”.

“El sistema no funcionaba, porque no se daba la atención adecuada a las víctimas, no se les creía, no se daba curso a las investigaciones, no se cumplían las obligaciones de enviarlas todas a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, unido a un sistema ineficaz de justicia canónica”, señaló el fiscal.  “Sabemos que religiosos chilenos destruyeron evidencias sobre abusos sexuales”, agregó.

“Vamos a hacer un juicio histórico y espero que seamos capaces de establecer que si determinados obispos hubiesen cumplido con las debidas diligencias se hubiesen evitado una buena parte de los delitos de abusos sexuales contra menores cometidos por los religiosos chilenos”, señala Arias, que anima a las víctimas a denunciar. “Si no lo hacen no existe encubrimiento que valga. La Iglesia son los fieles”, concluyó Arias.