Los hospitales públicos del país están plagados de médicos que, por la mañana, trabajan como personas naturales y, por la tarde, prestan servicios al mismo centro asistencial, pero ahora bajo la figura de sociedades de especialistas.

La alta demanda, junto a las irregularidades en las listas de espera, producen retraso en las atenciones y los conocidos colapsos en los centros de salud, lo que insta al sistema público a contratar este tipo de servicio a precios mucho mayores. Los contratos  son de tan alto alto costo que gran parte de la deuda hospitalaria se debe al desvío de recursos estatales por la compra de este tipo de prestaciones sanitarias privadas.

Para el presidente de la comisión de Salud del Senado, Rabindranath Quinteros, el Estado debe dejar de depender de los servicios que los especialistas ofrecen, a través de fortalecimiento de la red pública.

Al respecto, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Cristián Rebolledo, expresó que el problema está detectado hace tiempo. Sin embargo -aseveró-  no existe la capacidad técnica para resolver la traba de terminar con las sociedades médicas.

“Alguien puede decir: ¿tan difícil es contar cuantos profesionales se necesitan? No es solamente detallar cuantos especialistas faltan, que es un error recurrente, porque obviamente existe todo un equipo que está vinculado a esto. Cuál es la otra dificultad, estos profesionales no se desempeñan en el aire, sino que tiene que ver con una instalación, un equipamiento, con una infraestructura necesaria para llevar adelante estas cosas, que en muchos casos eso es absorbido por las sociedades médicas, y lo otro, tiene que ver con escenario en el que se desempeñan estos profesionales, porque efectivamente existe poca regulación”, afirmó.       

Durante una reciente entrevista, el saliente ministro de Salud, Emilio Santelices, indicó que durante su gestión intentó acabar con este tipo de sociedades médicas. La idea era, a través del Presupuesto 2019, disolver las casi 400 firmas que se desempeñan en los hospitales, contratando a honorarios a sus profesionales. De esa forma se optimizaría recursos y podría reducirse la carga del sector.

Para el experto en economía de la salud y director de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, para iniciar la solución al problema de manera integral se debe expandir la capacidad del Estado y mejorar la gestión.

Pero –precisó- las políticas públicas impulsadas por el Gobierno van en sentido contrario, es decir, las reformas anunciadas van a destinan aún más recursos al sector privado como forma de resolver el déficit en prestaciones médicas, especialistas e insumos.

“Con más recursos uno puede resolver ciertos nudos, por ejemplo, lo quirúrgico, ambulatorio, pero el eje está puesto sobre otras cosas como el Hospital Digital. Estas son ideas para la prensa, para solucionar las metas, pero no se enfocan en resolver estos problemas que resultan básicos. Acá un tema puede ser cómo se mejora la gestión en pabellones para evitar las cancelaciones y así ser más eficientes. Entonces hoy se puede hacer una gestión básica en el hospital, en la red, pero que hoy no se estaría haciendo, y que desde el mismo ministerio se tiene que impulsar, más que hacer estos anuncios grandilocuentes de que se va a terminar alguna cosa”, subrayó.

Según informes de la Dirección de Presupuestos, el gasto en sociedades médicas en centros públicos de salud, significa el 30 por ciento de la deuda hospitalaria, que hoy se encarama por sobre los 321 mil millones de pesos.

Las sociedades de especialistas también han sido sindicadas como responsables de instalar déficits artificiales de profesionales en los centros asistenciales, lo que ha sido detectado gracias a las auditorías  tanto de Contraloría como del Ministerio de Salud.

En una de sus primeras entrevistas, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, recordó que este tema fue una de sus principales discusiones con el Colegio Médico durante la primera administración de Piñera. Aunque reconoció que la aplicación es cada vez más estricta, con “topes de contratación en los montos que se pueden externalizar”.

Aunque el diagnostico está claro hace años, sigue pendiente esta regulación. Para los expertos, no existe una posible solución en el corto y mediano plazo, incluso con la llegada del nuevo secretario de Estado esto se ve alejado.