Todo es esencial: una de cada tres personas en cuarentena tiene un Permiso Único Colectivo
Según cifras entregadas por la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros (DIOSCAR) a nuestro medio, hasta este martes se habían entregado autorizaciones para más de 180 mil empresas y 3,4 millones de trabajadores, abarcando el 33,4% de la población en confinamiento.
Tomás González F.
Martes 23 de junio 2020 9:45 hrs.
Compartir en
Más de 3,4 millones de personas están habilitadas para transitar por las calles de las comunas en confinamiento pese a las medidas de cuarentena que rigen en el país. Es decir, una de cada tres personas en confinamiento cuenta con un Permiso Único Colectivo (PUC) solicitado por su empresa en la Comisaría Virtual con el que se les permite movilizarse a través de la ciudad, ratificando uno de las preocupaciones que venían planteando diversos expertos y centros de estudios en torno a la urgencia de poner freno a la alta movilidad laboral que se ha evidenciado en las últimas semanas.
Según cifras que la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros (DIOSCAR) entregó a Diario y Radio Universidad de Chile, hasta las 5.00 horas de este martes 23 de junio, a través de la Comisaría Virtual se habían entregado 335.727 Permisos Únicos Colectivos a 180.540 empresas calificadas como “esenciales” en el instructivo de desplazamiento que publicó el Gobierno. En total, éstos cubren a 3.414.835 trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Considerando que actualmente -con la inclusión de las cuarentenas en Antofagasta, Mejillones y Tocopilla- son aproximadamente 10.231.015 las personas que habitan territorios con medidas de confinamiento, el porcentaje que cuenta con un Permiso Único Colectivo alcanza el 33,4%. Desde la DIOSCAR precisaron que puede que hayan permisos repetidos, no obstante no precisaron la cifra.
Sindicada por distintas voces como una de las causas principales del descontrol de la pandemia del coronavirus en el país, la urgencia en torno al concepto de “movilidad laboral” se ha visto ausente en un discurso del Gobierno que ha sabido incorporar el exceso de movilización como uno de los motivos de la expansión del COVID-19, pero enfocándose en la movilidad social e imponiendo soluciones más restrictivas e incluso punitivas para aquellas personas que incumplan las cuarentenas y toques de queda. Muchos de los cuales trabajan en “empresas esenciales”, que obligan a sus trabajadores a recurrir presencialmente a sus oficinas, amparados en un Permiso Único Colectivo (PUC) que en los últimos días ha evidenciado ser un instrumento flexible y proclive a irregularidades graves.
Para esto en los últimos días han aumentado las fiscalizaciones a las empresas, con la novedad de que ahora se hace un cruce de la información del fiscalizado con la que registra el Servicio de Impuestos Internos. Así, se pretende evitar irregularidades como las que se han evidenciado hasta ahora, que hablan de empresas que desarrollan actividades no esenciales aprovechando giros incluidos dentro del instructivo, otras que obligan a sus funcionarios a asistir a sus lugares de trabajo e incluso hay empresas que piden salvoconductos colectivos invocando giros que no tienen.
Justamente este lunes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, lanzó un duro llamado a los empresarios que intenten burlar las restricciones y anunció que se abrirá un canal anónimo de denuncias para estos fines. “Aquellos empresarios que crean que pueden obligar buscando alguna artimaña, cuando no son rubros esenciales, enfrentan penas que pueden alcanzar tres años de privación de libertad, 12 millones de multa, sumarios sanitarios por 50 millones e, inclusive, la posibilidad de ser cerrados”, señaló Martorell. “No traten de engañar, porque los vamos a encontrar y sancionar“, insistió la subsecretaria.
“Empresa esencial son aquellas necesarias y suficientes para que aquellas personas que están realizando cuarentena puedan tener la calidad de vida que requieren. Agua, energía, luz, las patrullas de emergencia, Bomberos, la Onemi, los funcionarios públicos, la prensa, la salud”, agregó. En ese sentido, la titular de Prevención del Delito anunció que desde este martes estará disponible como canal de denuncia el número 600 400 0101, a través del cual se pueden dar cuenta de irregularidades en los lugares de trabajo de forma anónima.
Según cifras que la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros entregó a nuestro medio, hasta las 5.00 horas de este 23 de junio, a través de la Comisaría Virtual se habían entregado 335.727 Permisos Únicos Colectivos (PUC) a 180.540 empresas. En total, éstos cubren a 3.414.835 trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Foto: Archivo.
Más de 3,4 millones de personas están habilitadas para transitar por las calles de las comunas en confinamiento pese a las medidas de cuarentena que rigen en el país. Es decir, una de cada tres personas en confinamiento cuenta con un Permiso Único Colectivo (PUC) solicitado por su empresa en la Comisaría Virtual con el que se les permite movilizarse a través de la ciudad, ratificando uno de las preocupaciones que venían planteando diversos expertos y centros de estudios en torno a la urgencia de poner freno a la alta movilidad laboral que se ha evidenciado en las últimas semanas.
Según cifras que la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros (DIOSCAR) entregó a Diario y Radio Universidad de Chile, hasta las 5.00 horas de este martes 23 de junio, a través de la Comisaría Virtual se habían entregado 335.727 Permisos Únicos Colectivos a 180.540 empresas calificadas como “esenciales” en el instructivo de desplazamiento que publicó el Gobierno. En total, éstos cubren a 3.414.835 trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Considerando que actualmente -con la inclusión de las cuarentenas en Antofagasta, Mejillones y Tocopilla- son aproximadamente 10.231.015 las personas que habitan territorios con medidas de confinamiento, el porcentaje que cuenta con un Permiso Único Colectivo alcanza el 33,4%. Desde la DIOSCAR precisaron que puede que hayan permisos repetidos, no obstante no precisaron la cifra.
Sindicada por distintas voces como una de las causas principales del descontrol de la pandemia del coronavirus en el país, la urgencia en torno al concepto de “movilidad laboral” se ha visto ausente en un discurso del Gobierno que ha sabido incorporar el exceso de movilización como uno de los motivos de la expansión del COVID-19, pero enfocándose en la movilidad social e imponiendo soluciones más restrictivas e incluso punitivas para aquellas personas que incumplan las cuarentenas y toques de queda. Muchos de los cuales trabajan en “empresas esenciales”, que obligan a sus trabajadores a recurrir presencialmente a sus oficinas, amparados en un Permiso Único Colectivo (PUC) que en los últimos días ha evidenciado ser un instrumento flexible y proclive a irregularidades graves.
Para esto en los últimos días han aumentado las fiscalizaciones a las empresas, con la novedad de que ahora se hace un cruce de la información del fiscalizado con la que registra el Servicio de Impuestos Internos. Así, se pretende evitar irregularidades como las que se han evidenciado hasta ahora, que hablan de empresas que desarrollan actividades no esenciales aprovechando giros incluidos dentro del instructivo, otras que obligan a sus funcionarios a asistir a sus lugares de trabajo e incluso hay empresas que piden salvoconductos colectivos invocando giros que no tienen.
Justamente este lunes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, lanzó un duro llamado a los empresarios que intenten burlar las restricciones y anunció que se abrirá un canal anónimo de denuncias para estos fines. “Aquellos empresarios que crean que pueden obligar buscando alguna artimaña, cuando no son rubros esenciales, enfrentan penas que pueden alcanzar tres años de privación de libertad, 12 millones de multa, sumarios sanitarios por 50 millones e, inclusive, la posibilidad de ser cerrados”, señaló Martorell. “No traten de engañar, porque los vamos a encontrar y sancionar“, insistió la subsecretaria.
“Empresa esencial son aquellas necesarias y suficientes para que aquellas personas que están realizando cuarentena puedan tener la calidad de vida que requieren. Agua, energía, luz, las patrullas de emergencia, Bomberos, la Onemi, los funcionarios públicos, la prensa, la salud”, agregó. En ese sentido, la titular de Prevención del Delito anunció que desde este martes estará disponible como canal de denuncia el número 600 400 0101, a través del cual se pueden dar cuenta de irregularidades en los lugares de trabajo de forma anónima.
Según cifras que la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros entregó a nuestro medio, hasta las 5.00 horas de este 23 de junio, a través de la Comisaría Virtual se habían entregado 335.727 Permisos Únicos Colectivos (PUC) a 180.540 empresas. En total, éstos cubren a 3.414.835 trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Foto: Archivo.
Más de 3,4 millones de personas están habilitadas para transitar por las calles de las comunas en confinamiento pese a las medidas de cuarentena que rigen en el país. Es decir, una de cada tres personas en confinamiento cuenta con un Permiso Único Colectivo (PUC) solicitado por su empresa en la Comisaría Virtual con el que se les permite movilizarse a través de la ciudad, ratificando uno de las preocupaciones que venían planteando diversos expertos y centros de estudios en torno a la urgencia de poner freno a la alta movilidad laboral que se ha evidenciado en las últimas semanas.
Según cifras que la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros (DIOSCAR) entregó a Diario y Radio Universidad de Chile, hasta las 5.00 horas de este martes 23 de junio, a través de la Comisaría Virtual se habían entregado 335.727 Permisos Únicos Colectivos a 180.540 empresas calificadas como “esenciales” en el instructivo de desplazamiento que publicó el Gobierno. En total, éstos cubren a 3.414.835 trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Considerando que actualmente -con la inclusión de las cuarentenas en Antofagasta, Mejillones y Tocopilla- son aproximadamente 10.231.015 las personas que habitan territorios con medidas de confinamiento, el porcentaje que cuenta con un Permiso Único Colectivo alcanza el 33,4%. Desde la DIOSCAR precisaron que puede que hayan permisos repetidos, no obstante no precisaron la cifra.
Sindicada por distintas voces como una de las causas principales del descontrol de la pandemia del coronavirus en el país, la urgencia en torno al concepto de “movilidad laboral” se ha visto ausente en un discurso del Gobierno que ha sabido incorporar el exceso de movilización como uno de los motivos de la expansión del COVID-19, pero enfocándose en la movilidad social e imponiendo soluciones más restrictivas e incluso punitivas para aquellas personas que incumplan las cuarentenas y toques de queda. Muchos de los cuales trabajan en “empresas esenciales”, que obligan a sus trabajadores a recurrir presencialmente a sus oficinas, amparados en un Permiso Único Colectivo (PUC) que en los últimos días ha evidenciado ser un instrumento flexible y proclive a irregularidades graves.
Para esto en los últimos días han aumentado las fiscalizaciones a las empresas, con la novedad de que ahora se hace un cruce de la información del fiscalizado con la que registra el Servicio de Impuestos Internos. Así, se pretende evitar irregularidades como las que se han evidenciado hasta ahora, que hablan de empresas que desarrollan actividades no esenciales aprovechando giros incluidos dentro del instructivo, otras que obligan a sus funcionarios a asistir a sus lugares de trabajo e incluso hay empresas que piden salvoconductos colectivos invocando giros que no tienen.
Justamente este lunes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, lanzó un duro llamado a los empresarios que intenten burlar las restricciones y anunció que se abrirá un canal anónimo de denuncias para estos fines. “Aquellos empresarios que crean que pueden obligar buscando alguna artimaña, cuando no son rubros esenciales, enfrentan penas que pueden alcanzar tres años de privación de libertad, 12 millones de multa, sumarios sanitarios por 50 millones e, inclusive, la posibilidad de ser cerrados”, señaló Martorell. “No traten de engañar, porque los vamos a encontrar y sancionar“, insistió la subsecretaria.
“Empresa esencial son aquellas necesarias y suficientes para que aquellas personas que están realizando cuarentena puedan tener la calidad de vida que requieren. Agua, energía, luz, las patrullas de emergencia, Bomberos, la Onemi, los funcionarios públicos, la prensa, la salud”, agregó. En ese sentido, la titular de Prevención del Delito anunció que desde este martes estará disponible como canal de denuncia el número 600 400 0101, a través del cual se pueden dar cuenta de irregularidades en los lugares de trabajo de forma anónima.
Según cifras que la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros entregó a nuestro medio, hasta las 5.00 horas de este 23 de junio, a través de la Comisaría Virtual se habían entregado 335.727 Permisos Únicos Colectivos (PUC) a 180.540 empresas. En total, éstos cubren a 3.414.835 trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Foto: Archivo.
