Este lunes tuvo lugar una nueva reunión telemática entre el Ministerio de Hacienda y los representantes de los funcionarios de  las distintas áreas del sector público. Según lo señalado por fuentes cercanas a los gremios, la cita inició con más dos horas de atraso de lo que originalmente había sido planificada y finalizó sin avances en materia de acuerdos entre las partes.

El Gobierno presentó una nueva oferta a la Mesa que consistía en un reajuste de 2,7 por ciento nominal para ingresos de hasta 1.500.000 pesos. En tanto, para los sueldos sobre ese límite el incremento sería de 0,8 por ciento. 

Mientras, los funcionarios públicos pedían un 3 por ciento de actualización de los sueldos para aquellos funcionarios con ingresos menores a 1,5 millones de pesos y 2,7 para los mayores.

En cuanto a los bonos de Navidad, Fiestas Patrias y Escolaridad el Ejecutivo mantuvo el guarismo de 2,7 por ciento. Respecto de la bonificación por vacaciones, el ministro Briones planteó una reducción del 50 por ciento en los distintos tramos:

• Desde 122.332 a 61.000 pesos para sueldos de hasta 773.270 pesos
• Desde 85.424 a 43.000 pesos para sueldos hasta 1.400.000 pesos
• Los tramos superiores no reciben la bonificación.

Además no se planteó  la posibilidad de pago de un bono por término de conflicto.

La propuesta del Gobierno fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Mesa del Sector Público quienes se retiraron de la instancia negociadora y, a través de una declaración difundida en sus redes sociales, informaron de las razones de la decisión.

“Resulta inaceptable una nueva propuesta que no recoge los mínimos exigidos por esta mesa y que evidencia una vez más la falta de compromiso y preocupación del Estado por sus trabajadores/as y nos obliga como organizaciones gremiales a mantener con fuerza y en unidad la defensa de los derechos de nuestros/as  representados/as siendo imposible llegar a un acuerdo”, señala el texto.

“Lamentamos que a pesar de todo el esfuerzo y voluntad de parte de la MSP-CUT, no existe el reconocimiento del valor de la función pública y el rol que ha cumplido en los tiempos de pandemia. Por el contrario, el Gobierno ha insistido en retroceder y menguar nuestros derechos”, agregaron.

Finalmente los integrantes de la Mesa del Sector Público señalaron que mantendrán su trabajo, ahora en el Congreso, donde esperan que los parlamentarios manifiesten su compromiso con las y los trabajadores aprobando un “proyecto de reajuste que responda en dignidad a las demandas que hemos levantado”.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Andrea Palacios, coordinadora de la Mesa del Sector Público (MSP-CUT) y dirigenta nacional de ANEF señaló que aunque ya sabían que la negociación sería difícil nunca imaginaron la intransigencia de la postura del Gobierno y  adelantó que ahora están enfocados en generar espacios de conversación con los parlamentarios.

“Pensando en que podía pasar esta dinámica desde anoche empezamos a redactar las cartas para la senadora Adriana Muñoz y los jefes de bancadas y estamos gestionando todo lo que más podemos. Mucha movilización no se puede hacer porque estamos en Fase 2 y el traslado es complicado, pero en forma virtual podemos hacer presión y por los medios de comunicación hacer que la gente se entere lo que está pasando”.

En tanto desde la CUT, su secretario general, Nolberto Díaz manifestó a nuestro medio que ahora depende del Congreso el poner fin a las injusticias del Gobierno para con los trabajadores del sector público.

“Esperaría del Parlamento que alguna vez se ponga los pantalones y le pare el carro al Gobierno, particularmente al ministro de Hacienda, porque el Gobierno se la ha cobrado con los trabajadores en toda la pandemia usando sus fondos de cesantía, sus propios ahorros y los fondos de pensiones para paliar la crisis. El Gobierno ha sido incapaz de prohibir los despidos en Chile y está del lado de los empresarios y no de los trabajadores. ¿Qué esperaría yo de los parlamentarios? Que rechacen este miserable reajuste propuesto por el Gobierno”.

Cerrado el diálogo entre Gobierno y la Mesa del Sector Público le compete al Congreso la evaluación y luego el pronunciamiento sobre cuál será finalmente  porcentaje de reajuste en los sueldos de los funcionarios públicos que, además, sirve como indicativo para la actualización de los sueldos de todos los trabajadores del país.