Como estaba previsto, durante la mañana de este jueves la presidenta de la convención constitucional, Elisa Loncon junto al vicepresidente Jaime Bassa sostuvieron una reunión urgente con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda y el ministro Segpres Juan José Ossa, para acercar posiciones en lo relativo al presupuesto de la Convención, particularmente en el ítem de las asignaciones para los y las constituyentes.

Conversaciones que se han llevado en el marco del presupuesto 2022 del órgano y que se han visto tensionadas luego que la Dipres desestimara el requerimiento levantado por la mesa sobre un aumento de una partida presupuestaria para cubrir las asignaciones fijadas el 12 de agosto, en circunstancias que el pleno aprobó al incremento de este ítem de $1,5 millones a $4 millones por cada convencional.

Esto devino en un aumento de $1.700 millones bajo el concepto de asignaciones que la Dipres objetó apelando a estrechez fiscal, en cuanto “la necesidad de dirigir los recursos hacia la atención de la emergencia producto de la pandemia Covid 19, la política de austeridad fiscal que ha obligado a servicios a financiar estrictamente su operación y a evitar todo tipo de gastos no obligados, no hace posible acceder al aumento de recursos solicitados vía el aporte fiscal que se informa”, manifestó. 

Además la Dirección de Presupuesto señaló que no se contó con los antecedentes que permitían revisar el marco del gasto requerido pues no fue presentado con el detalle y fundamento correspondiente, razón por la cual desde la Convención se prepara un documento afinando las especificaciones que Hacienda requiere. 

La determinación provocó la molestia de la mesa directiva, que expresó denunciando “consideraciones políticas” en el intercambio técnico. Sin embargo la tensión se vio amainada este jueves posterior al encuentro con el ejecutivo en cuanto la dupla Loncon/Bassa dio luces sobre un posible entendimiento con los ministros. 

“La conversación giró en torno a encontrar la solución, los ministros se comprometieron a darle la vuelta al problema en función de resolver y precisar la situación a nivel técnico. Nosotros dejamos a nuestra disposición nuestra unidad técnica para en el día de hoy avanzar de acuerdo al compromiso de ellos, en el más breve tiempo posible para encontrar la solución del problema”, señaló la presidenta Elisa Loncón.

“No queremos explicitar montos de lo que se ha conversado. Ayer hubo una conversación técnica que lamentablemente fracasó por consideraciones políticas, hoy día hemos recibido el compromiso de ambos ministros de avanzar con buena fe de parte de ambas partes. La Constituyente tiene la disposición a que podamos llegar a acuerdo”, complementó Bassa.

En tanto desde el gobierno, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa intentó despejar la incredulidad sobre si el ejecutivo ha prestado el apoyo financiero y administrativo que la convención requiere, ante lo que aseveró que el respaldo ha sido efectivo y se refleja en el modo en que ha ido mejorando el funcionamiento del proceso. 

“Se nos requirió un aporte adicional de recursos hace unos días atrás para que siga funcionando y ese aporte fue entregado de forma inmediata. No es correcto que el presupuesto de la convención haya estado ejecutado en un 80% hasta un mes y medio atrás, tampoco es correcto que el presupuesto sea suficiente sólo hasta el mes de septiembre. Lo que sí existe es una solicitud distinta al funcionamiento diario y operativo de la Convención que dice relación con una solicitud de $1.700 millones que realizó la Convención pero para efectos de contratación de asesores y pagos de viáticos”, relevó el secretario de Estado.

En lo relativo al requerimiento de la mesa sobre las asignaciones, el ministro sostuvo que el diálogo que se sostuvo en la última jornada se efectuó con “buen ánimo” y con una comprensión de la forma institucional en la que se desarrollan estos intercambios.

“Hemos mantenido conversaciones con la mesa de la Convención y esperamos estos próximos días llegar a acuerdo y hemos visto con algún optimismo que se ha tomado nota por parte de la Convención del escenario de la estrechez fiscal que existe y que para poder contar con recursos que permitan aumentar las asignaciones que están en la Ley de Presupuestos y así alcanzar las que la Convención se había fijado, se requieren asignaciones de recursos y en ese sentido valoramos las conversaciones que se han tenido en las últimas horas”, expresó.

¿Trabas administrativas o políticas? 

El total de los recursos aprobados por la convención bajo el concepto de asignaciones consideran 40 UTM para asesoría técnica y administrativa, 27 UTM para asignación de manutención, 10 UTM para gastos operacionales y 5 UTM adicionales para los constituyentes de zonas extremas y pueblos originarios. Detalle que ha sido difícil socializar con la opinión pública en la medida que buena parte malinterpreta las asignaciones como dieta.

Al respecto la jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, aseveró que “aquí se ha tratado de hacer ver como que los convencionales están tratando se subirse el sueldo cuando en realidad lo que están haciendo es tratar de llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible para poder tener espacios de participación, de rendición de cuentas de sus electores y recoger sus opiniones”.

Claudia Heiss, jefa de carrera de Ciencia Política y académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 

Por este motivo es que la académica criticó la manera en que la Dipres desestimó el requerimiento de la Convención como si fuese cualquier servicio público. En esa línea sostuvo que el episodio de las asignaciones evidencia como la Dipres no parece realmente sometida al control democrático, una realidad que ilustra el libro “Cinco repúblicas y una traición” del decano de derecho de la Universidad de Chile, el profesor Pablo Ruiz-Tagle, en el que dedica un capítulo completo al exceso de atribuciones de la Dirección de Presupuesto de Hacienda.

“Aquí estamos viendo en toda su expresión esta contradicción entre esta concepción tecnocrática del ejercicio del gobierno donde no se rinden cuentas y se toman decisiones de manera autónoma, no sometidas al control democrático y una organización que es la Convención Constitucional que hoy día es de las que tiene la mayor legitimidad democrática y la mayor representatividad. Yo creo que aquí estamos viendo un choque que seguramente va a ser revisado por la convención constitucional en la futura estructura del poder y en la discusión sobre el control democrático de los órganos de la administración pública“, mencionó.

Asesores “ad honorum”

El “gallito” de los recursos destinados para este 2022 -que debe ser resuelto antes del 30 de septiembre cuando el gobierno enviará la Ley de Presupuesto- es complejo sumado a la denuncia que han efectuado buena parte de los convencionales sobre la no ejecución de los pagos relativos a las asignaciones de este año por parte de la Segpres. Situación que tiene a una gran cantidad de asesores trabajando sin remuneraciones desde el pasado 4 de julio hasta la fecha, al ser además el recurso más costoso en el ámbito de las asignaciones.

En esa línea la convencional de Chile Digno, Carolina Videla, señaló que estos fondos deben otorgarse en orden de dignificar el quehacer de las personas que los acompañan estrechamente en la labor de las discusiones técnicas y políticas, muchos de ellos, profesionales que al no recibir remuneración han debido abandonar el trabajo de la Convención o bien, los y las constituyentes han debido mantenerlos en sus cargos desembolsando de sus dietas.  

“Hay un compromiso de todos los asesores y asesoras de este proceso, pero una cosa es el compromiso y otra cosa es el tema laboral. O sea, no puedes pedirle que trabaje sin recibir sueldo pero, además los recursos se supone que estaban destinados para eso ¿Por qué no los van a tener? A mí me parece una obstrucción que raya en el desprecio total por este proceso de parte del gobierno. Yo creo que tenemos que mirar más allá y con detención este proceso, cuando no tuvimos por ejemplo salas para funcionar cuando llegamos, cuando tuvimos dos días de retraso”, sostuvo.

Finalmente la convencional de la lista Vamos por Chile, Pollyana Rivera, quien votó en contra del aumento de las asignaciones lamentó que a casi tres meses de funcionamiento de la Convención prevalezca el dilema de los recursos.

“El tema de las asignaciones ha sido una problemática instalada desde el inicio de la Convención y ya no debería ser tema, pero lamentablemente se sigue hablando de dinero. Si hubiese existido voluntad y una buena programación para el trabajo de la Convención Constitucional, los convencionales no tendríamos ser quienes definieran los temas económicos y para ello también existen especialistas (…) Soy periodista así que desconozco si los recursos dispuestos se ajustan a los nueve o doce meses en que debemos trabajar para escribir una nueva Carta Magna”, criticó.