El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, estuvo detenido un par de horas en la Tercera Comisaría de Santiago la tarde de ayer junto a un delegado sindical de un supermercado Líder luego que junto a otros dirigentes intentaran llegar desde la sede de la CUT en la Alameda, hasta el Ministerio de Hacienda y el Palacio de La Moneda.

A la sede de Gobierno y la oficina ministerial llevaban el petitorio de reajuste salarial de un 7,5 por ciento para el periodo diciembre 2021-noviembre 2022 en un contexto de alta inflación y el estrecho aumento que recibieron en la pasada negociación que estuvo cruzada por los costos de la pandemia del Covid 19.

“Este gobierno tiene esta la mala práctica de no dialogar y de imponer”, comenta Pérez a Diario y Radio Universidad de Chile, quien criticó la represión de la que fueron objeto en la intersección de Teatinos con Alameda por un grupo de funcionarios del denominado Control de Orden Público.

“Nos reprimieron con gas, con agua y en ese fragor quedamos entre medio de las rejas y fui detenido junto a otro compañero, Sacarías Monsalve, delegado sindical de un Líder. No hay un razonamiento ni criterio. Somos funcionarios públicos y si bien no estamos pidiendo privilegios, pero el respeto tiene que existir porque ese pliego siempre lo hemos entregado en la oficina de partes de La Moneda, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Trabajo”, subrayó.

Por eso el dirigente puntualiza que “queremos llamar al Gobierno a que respete este diálogo social”, porque en el actual contexto económico que vive el país y las familias, “este pliego sirve en muchos lugares, por ejemplo donde no hay sindicatos para recuperar el IPC, entonces pasa a ser un efecto espejo”.

Pero desde el Ejecutivo ya se fijó una primera postura respecto al petitorio, considerando que para hacer un debate amplio se debe mirar a todo el sector laboral, incluyendo al privado y sus condiciones salariales y de empleo.

Para José Pérez el planteamiento “es un elemento distractor, con esto se busca confundir”, ya que no es posible comparar al sector público con el privado.

“Primero, la sindicalización es muy baja, particularmente en el sector privado. Cuando quieres formar sindicatos o te despiden, o te persiguen o te amenazan. Por lo tanto no es fácil, porque tenemos este plan laboral de José Piñera de los ’80 que aunque se hayan hecho algunas modificaciones en el Código del Trabajo, está detrás y subyace. No está una capacidad de una relación de contraparte, de fuerza que puedan equiparar una negociación. Los salarios son bajos y la precariedad contractual también, no hay un trabajo asociado a esto que hemos relevado que es el trabajo decente”, puntualizó el dirigente.

Además, señala que se intenta poner a “trabajadores contra trabajadores”, apuntando al nivel salarial de los funcionarios públicos que es superior al resto del mercado laboral.

“Nos dicen ‘ustedes ganan más que en el sector privado’, lo que también es vergonzoso y busca instalar una animadversión contra los funcionarios y funcionarias públicos. Porque nosotros efectivamente tenemos un promedio un poco más alto, pero es porque también se ha profesionalizado el trabajo público. Hay compañeros y compañeras que ya no solamente son administrativos universitarios. El carácter de lo público también ha sido parte de nuestras conquistas sindicales, que no se visibilizan ni se comentan”, sostiene Pérez.

Respecto del petitorio entregado al Gobierno -a pesar de la represión de Carabineros- tiene demandas económicas y laborales, además de recuperar beneficios que permitan mejorar las condiciones de aquellos empleados públicos con menores ingresos.

“El 7,5 por ciento es nominal. Si uno mira el IPC acumulado en los 12 meses ahora está en un 8 por ciento. Entonces el margen que nos queda, primero va para recuperar el detrimento de las remuneraciones y de algunos bonos -que también fueron conquistas sindicales y perdimos la mitad de aquello- y el poder adquisitivo es importante poderlo recuperar. Por eso nosotros tenemos el IPC como capacidad concreta para poder recuperar este poder adquisitivo que tiene derecho todo trabajador y trabajadora, tanto del ámbito público como privado”, agregó el dirigente del organismo fundado por Clotario Blest.