Fue tras 23 horas de que se emitiera la orden por parte de la Fiscalía Regional del Biobío que se concretó ayer martes la detención de los dos marinos acusados por la muerte del comunero mapuche Yordan Llempi, en medio del estado de excepción en la provincia de Arauco en 2021.

Hasta la Base Naval de Talcahuano llegaron funcionarios de la PDI para detener al teniente Luis Videla y al cabo Ricardo Seguel San Martín; sin embargo, dicho procedimiento fue resistido por la Armada y no fue hasta pasado el mediodía que finalmente pudo hacerse efectivo.

Según los antecedentes dados a conocer por el Ministerio Público, ambos sujetos están imputados en calidad de autores por el homicidio del joven de 23 años, quien falleció luego de recibir un impacto de proyectil mientras se encontraba en su domicilio en el sector San Miguel, a un costado de la Ruta P 72-S, en la comuna de Cañete.

El cientista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Cristián Fuentes, tildó como “preocupante” este hecho y señaló que “hace sentido el que todos somos iguales ante la ley, pero en los últimos años las Fuerzas Armadas han tenido una cierta reticencia a entregar a los acusados que pertenecen a sus filas. Eso que ha sido un proceso largo, pareciera que con la marina se complica más”.

Además, cuestionó los dichos de los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Flor Weisse, tras acusar un “trato desigual” por parte del Ministerio Público, añadiendo que frente a esta determinación “le están tocando la oreja a la Armada de Chile”.

En ese sentido, dijo que “yo creo que eso es absolutamente inaceptable, o sea, que se cumpla con la ley es lo mínimo que se debe exigir en cualquier país con estado de derecho”, agregando que, a su juicio, las Fuerzas Armadas debieran ser las primeras en cumplir con estas obligaciones. “Tienen que dar el ejemplo”, afirmó.

La académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, comentó que hechos como este “más allá del caso puntual, ejemplifica lo problemático que es que las Fuerzas Armadas participen en labores de orden interno. Creo que estas son pequeñas situaciones que evidencian la necesidad de generar otro tipo de políticas para solucionar problemas de orden interno. Ahí el Ministerio de Defensa tendría que tener una decisión más clara al respecto”.

En el Congreso Nacional, el senador del Partido Socialista y miembro de la comisión de Defensa, Gastón Saavedra, expresó que “ante la institucionalidad y la ley no debe haber distinciones. Por lo tanto, si es que no se cumplió esto, me parece un mal proceder y que debieron haber comparecido cuando correspondía”.

El parlamentario apuntó que “las Fuerzas Armadas tienen que adecuarse a los tiempos que se viven. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas y de Orden deben someterse al poder civil y acatar lo que los tribunales ordenan” y adelantó que este es un tema que “va a ser seguramente discutido y conversado en la comisión de Defensa, porque tenemos que resolver de buena forma esto”.

De ahí que el legislador defendiera que, para evitar la problemática “tiene que quedar estipulado clara y nítidamente en la Constitución, en donde el poder militar tiene que estar supeditado al poder civil y a la institucionalidad pública”.

En tanto, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, sostuvo que “creo que no corresponde que la Armada se restrinja a estos temas. Creo que es importante que la justicia haga su trabajo, sin ningún amarre por parte de ninguna institución”.

Del mismo modo que su par del Senado, Oyarzo aseguró que “vamos a pedir las explicaciones correspondientes en la comisión, ahora viene de invitada la ministra de Defensa, y yo creo que posterior a eso dejaremos consignada la citación al almirante para que explique la situación”. “Nadie está ante la ley y eso debe quedar claro”, agregó.