El ex convencional,  Christian Viera Álvarez, afirmó que le resultan decepcionantes y preocupantes las recientes declaraciones del ex director del INDH, Sergio Micco, ya que revelan una confusión conceptual sobre los derechos humanos.

En una entrevista al diario El Mercurio, Micco expuso varias opiniones que llamaron la atención del mundo de la academia y los derechos humanos, entre ellas que el aborto quede establecido en la nueva Constitución. Sin embargo, para la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas,  las afirmaciones de personero sobre este punto, no debieran llamar la atención de nadie.

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con los académicos, Christian Viera y Lidia Casas, quienes analizaron las afirmaciones del ex director del INDH a pocos días de haber dejado su cargo, por petición del Consejo Directivo.

Cabe consignar que en la entrevista, Micco expresó que “esa propuesta constitucional, esa cultura que promueve que todos los habitantes de Chile reclamemos por nuestros derechos individuales, todo se le pide al Estado que lo garantice, no va a funcionar”, en relación a la nueva Constitución que se votará el 4 de septiembre. O que en materias como el aborto, señaló que le “preocupa que en el proyecto de nueva Constitución esto se establezca como un derecho, o una garantía fundamental. Porque, a mi juicio, se tiene que definir en un Congreso Nacional“.

Además indicó que su renuncia “partió con prejuicios en mi contra, y que terminó francamente en una cultura abiertamente de cancelación. Calculo por lo menos seis campañas de funa en contra de lo que yo representaba”.

Para el ex convencional, abogado y doctor en derecho Christian Viera, sus declaraciones se enmarcan “en una de las razones que Micco ofrece para,  al parecer,  rechazar la propuesta de texto constitucional. Lo que señala es que la Constitución está llena de derechos y no de deberes y eso a él no le parece. A mí me parece no solamente decepcionante sino preocupante que el ex director del INDH tenga una confusión conceptual tan grande”.

Viera afirmó que “los derechos fundamentales,  los derechos humanos en el más amplio concepto,  no están sujetos a condiciones. No tiene una obligación o un deber correlativo. Los derechos humanos son incondicionados, no tienen condiciones. Qué significa esto, significa que los derechos humanos se tienen porque somos personas y su fundamento es la dignidad. O sea,  cuando uno se dedica a estudiar estos temas y enseñarlos, esta es  la primera explicación que uno da acerca de los contenidos de los derechos fundamentales”.

El ex convencional del distrito 17, explicó: “Por qué creo que hay una confusión conceptual,  porque tal vez en la manera de pensar de Micco los derechos fundamentales los entiende como derechos subjetivos,  es decir como derechos que nacen de un contrato que son las relaciones típicas que se dan en el derecho civil y esa es una confusión conceptual gravísima. Yo lo podría entender respecto de cualquier ciudadano,  pero de quien fue el director del máximo organismo que previene y protege los derechos humanos en Chile es de la mayor gravedad” puntualizó.

Frente a las críticas que existen hacia el INDH y su falta de autonomía, a juicio de Viera, este organismo es “ una importante creación para el Estado.  El punto está en que tal vez, uno  podría tener un diagnóstico no lo suficientemente favorable por lo errático de su comportamiento,  no solamente por los hechos ocurridos en el estallido,  sino también por conflictos internos que se han dado en el directorio. Entre otras razones, puede encontrarse una explicación en la binominalización de sus integrantes,  pero no solamente está en esto,  si no también en ciertos criterios no muy exigentes al momento de elegir a las o los candidatos. En ese sentido la propuesta del nuevo texto de la Constitución, si bien no elimina el partisanismo político, se espera que se tengan mayores credenciales técnicas sus integrantes,  con participación  diversa de quienes deciden también.  Es decir, que haya una mejor participación e idoneidad de las y los integrantes”.

El ex convencional también se refirió al rol del INDH tras el estallido social. En este sentido, indicó que la propuesta constitucional debería transformarse en la Defensoría del Pueblo y que en la actualidad, el organismo  tiene un rol más que de mitigación, una labor de persuasión en la protección de los derechos fundamentales. “Si bien hubo crisis por sus integrantes antes de los hechos de la revuelta social,  por lo complejo de la integración del INDH, no estuvo a la altura en su cometido como órgano del Estado en las violaciones masivas de los derechos humanos con motivo de los hechos de la revuelta. Hubiera esperado que Instituto hubiera tenido un rol más decidido como sí lo tuvieron algunos de sus integrantes pero por separado,  no como institución”, acotó el académico.

Por su parte, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, afirmó que las declaraciones de Micco sobre  el aborto no debiera llamar la atención de nadie, pero que omite las observaciones que los organismos internacionales hacen sobre el cumplimiento de los tratados en materia de derechos humanos.

“La afirmación que hace no es nueva. Es una es una posición que Sergio Micco ha tenido desde un principio y por lo tanto no debería llamar la atención a nadie que él hiciera una declaración de esta naturaleza”, dijo Casas.

Agregó que cuando el ex director del INDH afirma que  ningún tratado internacional se refiere al aborto, es correcto. “Lo qué pasa es que él omite una parte que dice relación de  cómo las observaciones generales de los comités que son la forma en que se hace la interpretación autoritativa de órganos de derechos humanos que vigilan el cumplimiento de sus mismos tratados,  han señalado que, por ejemplo no permitir el aborto bajo ciertas circunstancias o mantener un sistema de criminalización del aborto,  constituye una violación de los derechos humanos”, precisó la académica.

Por ello, afirmó que una parte del argumento de Micco es correcto, pero la segunda parte  omite cierta información que es absolutamente clave para entender el funcionamiento y cómo el derecho internacional sobre derechos humanos se ha ocupado sobre la discusión del aborto.

Respecto de si el abordo debe ser un derecho constitucional, Casas explicó que en la discusión en la Convención,  “hubo una decisión de un grupo de personas que estuviera explicitado el aborto en la Constitución. A  mí me pareció que no era necesario. Me parece que una definición sobre derechos sexuales y reproductivos en forma amplia podía satisfacer lo que señalaban los tratados internacionales de derechos humanos. De  hecho como directora de derechos humanos junto con mi colega de la Universidad Alberto Hurtado, Lieta Vivaldi, realizamos una cartilla constitucional que ofrecimos a la Convención,  junto con muchísimos otros temas,  y era sobre el derecho a la vida. En eso lo que nosotros hicimos fue una propuesta a la propia Convención sobre cómo debería redactarse tanto el derecho a la vida, como los derechos sexuales y reproductivos.  Ahora los convencionales fueron mucho más allá, pero es parte de un proceso de deliberación democrática y como todas las cosas,  hay algunos temas en que la gente va a estar de acuerdo y en otras no”.

No obstante esta situación, lo concreto es que de aprobarse la nueva constitución, sería un hecho relevante no solo para Chile, sino también para el mundo. “Sería histórico. Absolutamente sería una cuestión absolutamente histórica y recuerde que son dos cosas distintas. Aquello que aparezca como  texto constitucional y luego cómo eso se implementa en lo cotidiano en el día a día y eso necesariamente requiere modificaciones legales, requiere normas técnicas,  requiere de muchos otros casos pasos. O sea,  la Constitución y yo creo que a veces las personas pueden creer que el texto constitucional responde a muchas cosas,  pero este es un proceso,  muestra un camino, orienta,  guía, pero la implementación del texto constitucional requiere todo un aparataje jurídico, un andamiaje de políticas públicas que es  igualmente importante”, destacó.