La Comisión de Ética Contra la Tortura dio a conocer una carta pública donde critican la detención del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, condenando su persecución y posterior encarcelamiento por parte del Estado, mismo que “ha condenado a la opresión y pobreza extrema a miles de personas del pueblo mapuche, con el fin de depredar y convertir en zona de sacrificio uno de los territorios con más riqueza y biodiversidad natural de Chile”, acusaron.
Dirigiéndose al Gobierno del Presidente Boric, la entidad humanitaria aseveró que “la lucha de las comunidades mapuche no es individual, es una exigencia plural, colectiva, de un pueblo que vive las consecuencias de la aplicación del decreto 701 que por casi 50 años ha convertido una tierra fértil en un territorio depredado por las forestales, con escasez de agua y con el bosque nativo destruido”.
En su apelación al jefe de Estado, indicaron que “al aplicar usted la Ley de Seguridad del Estado, convierte a Héctor Llaitul en un enemigo declarado del Estado que dirige y ciertamente será aplaudido por una derecha que alienta la militarización y represión en tierras mapuche”.
En esa línea, sostuvieron que con la aplicación de esa normativa “reconocemos consecuentemente a Llaitul como preso político, quien es perseguido por su condición de dirigente social y líder de su pueblo, cuyo único objetivo es castigarlo por no atender el -pseudo- diálogo al que se le ha convocado, buscando condenarlo a altas penas de cárcel por supuestos delitos que por leyes comunes no permitirían ni un día de cárcel”.
En la misiva, la comisión denunció una arbitrariedad de las instituciones del Estado sobre los dirigentes del pueblo mapuche y de todos quienes no integran “al poder empresarial, político, represivo y mediático”.
“¿Cuál fue la condena social, política y jurídica a los dichos del empresario Pedro Pool que llamó a fusilar a los convencionales, a hacer desaparecer más personas que las realizadas en dictadura y de confinar en islas australes a miles de personas? ¿Funcionaron las instituciones como dice el Gobierno, o ese sujeto está por encima de la ley?”, cuestionaron.
“Tampoco olvidamos la información sobre la detención de un Jefe de Inteligencia de Carabineros de la llamada Macrozona Sur, su relación con el robo de madera y como la Ministra del Interior se apuró a desmentir sin aclarar por qué lo arrestaron, dónde lo trasladaron, qué se investiga”, agregaron, exhortando informar respecto a las agrupaciones criminales detrás del robo de madera y las gestiones sobre su persecución.
Por lo demás, la comisión acusó una “criminalización preventiva” sobre Héctor Llaitul. “La pretensión de aislarlo y encerrarlo en una cárcel de alta seguridad, vulnera el compromiso del Estado chileno de respetar y hacer valer el Convenio 169 de la OIT, donde literalmente se prohíben las medidas de encarnizamiento penal para las personas de pueblos originarios”, afirmaron.
Asimismo, relevaron que “el Estado de Chile no ha esclarecido los dos recientes asesinatos de mapuche: el de José Segundo Catril Nencuqueo, en Lumaco, en mayo del 2022; y el de Eloy Alarcón Manquepan, en Lican Ray, en junio del 2022 ambos crímenes impunes. No obstante los sectores de derecha ejercen presión para continuar decretando y prolongando el Estado de Excepción y seguir ocupando ese territorio desde Arauco hasta Los Ríos con efectivos militares, policiales, infantes de marina, drones, vehículos blindados e interceptaciones telefónicas”.
Bajo esas consideraciones el organismo exigió la liberación inmediata del vocero de la CAM “y de todos los presos políticos mapuche hoy con más de 50 días en huelga de hambre para exigir juicios justos”.
“Esto implica respetar el compromiso del Estado chileno establecido en la ratificación del Convenio 169 de la OIT y atender todas las observaciones realizadas por los sucesivos relatores especiales de organismos internacionales, que han analizado la situación de La Araucanía y han llegado a la conclusión que las violaciones a los derechos humanos son responsabilidad del Estado de Chile y distinguen claramente entre actuaciones de carácter terrorista y atentados contra la propiedad”, precisaron.
Además exigieron “la investigación a los crímenes contra mapuche perpetrados por sectores terratenientes y empresariales” y “derogar el decreto 701 de 1974 y con él, el incentivo y subsidio a la depredadora industria forestal”.
También, responsabilizan al Gobierno “de todo ataque a la integridad física y psíquica a Héctor Llaitul durante su encarcelamiento, así como los actos represivos que puedan afectar a los integrantes de su organización”.
“Aspiramos que sea la JUSTICIA la base de la PAZ en la zona y se termine con la militarización y criminalización de las demandas del pueblo mapuche”, concluyeron.
