Con extrañeza reaccionó la ministra del Interior, Carolina Tohá, al rechazo que se registró anoche en la Cámara de Diputados a una de las 13 partidas de la secretaría de Estado que dirige y que provocó que se quedaran sin financiamiento las partidas para el combate al crimen organizado y la compra de vehículos e implementos de cuidado personal para funcionarios de Carabineros. 

Si bien dijo entender la “dinámica parlamentaria”, la vicepresidenta expresó que su confusión surge porque este es el presupuesto que más recursos entrega en años a seguridad, algo de lo cual la derecha ha hecho una de sus banderas de lucha. 

“Sabemos que la dinámica parlamentaria muchas veces implica votaciones que cambian. No nos vamos a escandalizar por eso. Sin embargo, cuesta comprender que se rechace el presupuesto más robusto que se ha presentado por mucho tiempo en materia de seguridad, con la seguridad no se juega”, precisó Tohá durante la mañana de hoy.

Más temprano, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se sumó a las expresiones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien anoche dijo esperar que se pueda revertir esta votación de los diputados en el debate en el Senado.

“Espero que esta situación corregida. Entiendo la demanda profunda de los chilenos en materia de seguridad. Entiendo la importancia de la labor de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y la aspiración legítima del Gobierno y de distintos sectores del país de dotar de todos los recursos que el Estado pueda a la labor de las policías. Creo que esa labor está expresada en el presupuesto”, comentó.

Pero los 69 parlamentarios que votaron en contra de la partida argumentan que los incrementos establecidos en el Presupuesto 2023 para Carabineros (+2%), PDI (+08%) y la Fiscalía (+0.3%), es insuficiente. 

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton sostuvo que se requieren más recursos para fortalecer el trabajo para la persecución del delito.

“A Carabineros hay que fortalecerlos, a la PDI hay que fortalecerlos. La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se hace también fortaleciendo al Ministerio Público y, por otro lado, la irregularidad migratoria también se hace poniendo el foco, precisamente, en no regularizar, sino concretar expulsiones administrativas que es, precisamente, lo que este gobierno no está haciendo”, indicó el legislador.

Por su parte, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán, indicó que “consideramos que lo propuesto por el Gobierno sigue siendo insuficiente. La clave y lo que nos pide la ciudadanía es hacernos cargo de la seguridad y para hacernos cargo de la seguridad, tenemos que destinar los recursos en esta materia y es por ello que esperamos que ésta sea una instancia para poder dialogar, conversar y mejorar el presupuesto en esta partida”.

A la sorpresa de la ministra del Interior se sumó el diputado y jefe de bancada del PC Boris Barrera, quien indicó que lo rechazado anoche por los legisladores de Chile Vamos había sido suscrito la semana pasada en un protocolo de acuerdo por los propios parlamentarios de la oposición.

“Vuelve a suceder lo mismo que estuvimos hablando hace algunas semanas. La derecha participó la semana pasada, ahí estuve yo, los vi firmando a la UDI, a Renovación Nacional un acuerdo donde se abordan varias cosas que el día de ayer y de hoy han rechazado”, precisó Barrera.

El representante comunista agregó que “aquí hace poco rato se reclamaba que había poca inversión en el Ministerio Público, bueno, en el protocolo dice que hay un proyecto de ley en donde se van a aumentar la cantidad de fiscales y se van a hacer muchas modificaciones que quedaron en el protocolo que ellos mismos firmaron”.

Boris Barrera coincidió con la ministra Tohá en el sentido de que la delincuencia “está de fiesta porque la derecha chilena está dedicando a la seguridad cero peso con el rechazo que hizo ayer”, subrayó el parlamentario del PC.

Ante la decisión de los representantes de Chile Vamos, ya el martes por la noche el ministro de Hacienda presentó una reserva de constitucionalidad para que en caso de ser aprobadas las indicaciones planteadas por la oposición se remita al Tribunal Constitucional ya que al involucrar recursos del Estado, requiere necesariamente del patrocinio del Ejecutivo, algo que aquí no ha ocurrido.