En su recta final están las negociaciones por la reanudación del proceso constituyente. Así se consideraba hasta este lunes por los colectivos que son parte de la mesa de negociación parlamentaria y que han promovido cerrar el acuerdo antes que concluya noviembre para legislar la reforma constitucional en diciembre y así dar con la elección de “convencionales” en abril del 2023. No obstante, el presidente de la UDI, Javier Macaya, desordenó esas expectativas.
Si bien el timonel gremialista aseguró que la colectividad mantiene su compromiso con el itinerario, no descartó que el acuerdo pueda tomar más tiempo, dada la posición que a juicio del senador ha jugado el oficialismo.
“Ojalá se pueda llegar a un acuerdo, pero eso depende más hoy día de la capacidad de darse cuenta por parte del oficialismo, por parte de la izquierda que pretende repetir exactamente el mismo ejercicio que fracasó en el proceso anterior”, dijo.
Y añadió que “si eso se mantiene de esa manera, yo no tengo ninguna duda que nos vamos a demorar más porque la demora ha tenido que ver fundamentalmente con ello y con ese maximalismo de repetir exactamente lo que fracasó”.
Por lo demás, Macaya se manifestó en contra de establecer un órgano 100% electo por la ciudadanía para redactar la Constitución. “Chile no va a entender que nosotros repitamos exactamente el ejercicio que fracasó el 4 de septiembre”, indicó.
Y adujo que “acá se plantea que si no es electo en un 100% no va a ser legítimo. Yo invito a mirar las encuestas de qué piensan los chilenos respecto de tener un ejercicio igual al que fracasó el 4 de septiembre pasado, de la importancia que le dan los chilenos al rol de los expertos”.
Consultada por este escenario, la ministra del Interior, Carolina Tohá, partió por hacer hincapié en la prescindencia del Gobierno sobre los diálogos constituyentes. “Nosotros hemos sido muy prudentes porque cuando al Ejecutivo ha sido muy activo, eso ha sido ocupado como una razón para demorar u obstaculizar estos debates y nosotros lo que queremos es facilitarlos”.
Dicho eso, señaló que “siempre supimos que establecer un nuevo acuerdo para sacar adelante a un proceso constituyente iba a ser un proceso complejo, que se iba a requerir mucha voluntad política”.
“Cuando estábamos en la campaña muchas veces se advirtió que si no llegábamos a una aprobación del texto propuesto, íbamos a estar en una situación digamos, muy exigente para la política, porque la ciudadanía había acordado ya una nueva Constitución y al fracasar el primer proceso, era necesario reponer el mecanismo que respondiera esa decisión soberana del pueblo de Chile”, añadió.
En ese contexto, indicó que “nosotros podemos entender que haya dificultad en este diálogo, que no sea así llegar y llevar lograr un acuerdo. Pero lo que yo creo que nadie podría entender es que se renuncie a establecer ese acuerdo y se defraude la esperanza de la ciudadanía a tener una Constitución que nos represente y en eso el llamado es a que todos hagamos todos los esfuerzos porque no podemos fallarle a la gente”.
Variante del estado de excepción
En otras materias, la ministra explicó el anuncio que realizó en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados la mañana de este martes, respecto del ingreso de una reforma constitucional que crea una nueva variante del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.
La iniciativa según indicó Tohá, surgió del trabajo prelegislativo con los y las parlamentarias. “Escuchamos una idea que era mejor a la que nosotros habíamos propuesto originalmente”, señaló.
“Nosotros al principio queríamos crear un nuevo estado de excepción; hay cuatro, queríamos crear un quinto, y en el debate nos propusieron y acogimos esa idea, que en lugar de crear uno nuevo, hiciéramos una variante dentro del estado de emergencia que es el que hemos estado aplicando”.
Y precisó que “es una variante que significa que cuando se han hecho varias renovaciones de 15 días el Ejecutivo tenga una posibilidad de solicitar una renovación por 60 días, pero a diferencia de las otras, esta no incluya la reducción del derecho a reunión y vaya acompañada de informes quincenales escritos para que el Parlamento tenga un control de lo que se está haciendo”.
