Tras la firma del convenio eje Alameda-Providencia, encabezado este lunes por el presidente de la República, Gabriel Boric, la Senadora Fabiola Campillai se reunió con dirigentes defensores de víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetrados en el contexto del estallido social.
Desde el denominado “Jardín de la Resistencia”, emplazado en la entrada oriente de la Estación Baquedano de Metro, las agrupaciones de familiares y víctimas se opusieron al proyecto de apertura del acceso de la estación y denunciaron no haber sido contactados por el Gobierno para efectos de recoger su opinión sobre la materia.
Frente a ello, Campillai solicitó al Ejecutivo “no cerrar ni remodelar el Jardín de la Resistencia ni Plaza Dignidad hasta que se esclarezcan las querellas e investigaciones sobre los hechos acontecidos en el lugar y se inicie un proceso participativo y de escucha a las organizaciones de derechos humanos”.
Según sostienen los dirigentes, el Jardín de la Resistencia se ha convertido en un sitio de memoria para recordar a las y los asesinados durante el estallido social y exigir justicia por los cientos de sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos.
Así lo entiende Cristian Valdebenito Fletcher, hijo de Cristian Valdebenito asesinado a metros de la Plaza Dignidad por una bomba lacrimógena.“El jardín de la Resistencia es un hito material que debe ser resguardado, ya que da testimonio de los hechos que ocurrieron durante el estallido social, pues habla de la represión brutal del aparato estatal, de las violaciones a los DDHH que sufrimos como pueblo”, señaló.
Por su parte, Angela Caro, hermana de Eduardo Caro, fallecido en el incendio de Construmart el 20 de octubre de 2019, fue enfática al señalar que “hacemos un llamado al Presidente de la República a que nos considere como víctimas y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos y que valore nuestra opinión al respecto, antes de realizar cualquier tipo de intervención en el Jardín de la Resistencia y la Plaza Dignidad”.
A ello Campillai complementó que “en estos lugares aún no se han tomado las medidas necesarias que permitan salvaguardar las investigaciones de los hechos que allí ocurrieron, en causas que buscan incluso determinar las responsabilidad de los altos mandos de las instituciones de orden público del país”.
Por lo demás, las agrupaciones de víctimas y sus familiares destacaron que el Jardín de la Resistencia surge por el trabajo colectivo de diferentes organizaciones e individualidades en vistas de la deuda que mantiene el Estado en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.
De ese modo, consideran que el espacio debe ser objeto de preservación, en cuanto “da testimonio de los hechos que ocurrieron durante el estallido social y durante estos últimos años”.
“Este lugar ha servido como sitio de reparación simbólica que las víctimas se han dado, en completa desafección por parte del Estado en su deber en materia de reparación a violaciones a los DDHH y garantías de no repetición“, sostienen.
Y añadieron que “la recuperación de espacios públicos como argumento no puede ser utilizado para borrar la memoria reciente e histórica de un país”.
“Además, se contradice con el programa de plan de apoyo a víctimas del estallido social del gobierno impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que anula el reconocimiento de éstas y las revictimiza al no ser consideradas ni consultadas. Pues cualquier intervención de tal relevancia histórica debe contar con el consentimiento de las víctimas”, insistieron.
