Una reunión telemática encabezó la ministra del Interior, Carolina Tohá, por el denominado Compromiso Transversal por la Seguridad Pública. La iniciativa busca zanjar una agenda legislativa y administrativa en común con todos los partidos con representación parlamentaria que el Gobierno busca anunciar antes que culmine este 2022.
No obstante, el cumplimiento de este plazo y la posibilidad de arribar a un acuerdo que concite la adhesión de la oposición se ha visto obstaculizada por diferencias que el sector mantiene con los partidos de Gobierno. Particularmente al Partido Comunista y el Frente Amplio son señalados por Chile Vamos como los principales escollos para efectos de avanzar en materias de fondo, como es entregar más atribuciones a las policías.
Además, el bloque ha manifestado su molestia por los cuatro proyectos de ley que anunció el Presidente de la República en paralelo a la mesa de trabajo, iniciativas que versan sobre aumentar las penas contra el delito de secuestro y el porte de armas en espacios públicos; otorgar facultades a Gendarmería y la tipificación del sicariato.
Al respecto, el jefe de bancada de diputados Evópoli, Francisco Undurraga aseguró que el Gobierno se ha saltado las conclusiones de la instancia que convocó Tohá. “El Presidente Boric presenta una estrategia de seguridad con una implementación, un decálogo de muy buenas intenciones y yo espero que sean buenos proyectos, pero con ausencia total de diálogo prelegislativo que es el sentido que tenía esa mesa”, señaló a Radio Cooperativa.
En tanto, el senador Manuel José Ossandón (RN) ha responsabilizado a la izquierda del oficialismo sobre la demora del acuerdo. “Si la ministra Tohá no tuviera la presión de la ultra izquierda, del Frente Amplio, habríamos llegado a acuerdo muchísimo más rápido porque se nota claramente que entiende el problema de verdad, pero los otros no. Todo lo que sea robustecer el uso de la fuerza de Carabineros en la calle no les parece“, sostuvo en Radio Pauta.
“Espero que el resultado del acuerdo en seguridad sea efectivo y no solo una foto para la prensa. Existen sectores del Gobierno que insisten en defender los derechos humanos solo de los delincuentes y no quieren darle la fuerza que debe tener Carabineros en la calle”, agregó posteriormente en video.
Militarización de la Macrozona Norte
A las diferencias que la oposición mantiene con parte del oficialismo, se suma la condición que Renovación Nacional ha impuesto de decretar estado de excepción en la Macrozona Norte. En ese sentido, la senadora Paulina Núñez, consideró inaceptable que las tres regiones se queden fuera del Compromiso Transversal por la Seguridad Pública, en términos de la herramienta constitucional y las medidas que contribuyan a subsanar la crisis en seguridad.
“Si el Gobierno por cuestiones ideológicas no quiere avanzar en un estado de excepción, evidentemente que nos tiene que presentar medidas que cumplan con los objetivos de tener nuestras fronteras y carreteras más seguras, con mayor control policial y presencial en estos lugares, como también mayores recursos, por ejemplo, para la recuperación de espacios públicos y también para el Ministerio Público, pero con sede regional para que podamos avanzar en las expulsiones administrativas y aquellas que han nacido vía sentencia judicial que aún no se concretan”, sostuvo.
El diagnóstico es compartido por colectividades fuera de Chile Vamos. El diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, aseguró que en Chacalluta y Colchane ingresan personas de manera irregular sin ningún tipo de impedimento. “Tengan o no tengan antecedentes delictuales, entran igual al país, por eso tenemos bandas de criminales organizadas”, señaló.
“¿Qué le hemos propuesto al Gobierno? La creación de la Prefectura de Control de Orden Público con un general a cargo de la zona fronteriza del hito 1 hasta Calama y que en el fondo este general de Carabineros junto con un contingente de 600 hombres para comenzar, pueda vigilar la frontera y acto seguido, decretar estado de excepción lo cual permitiría tener militares junto a Carabineros”, sostuvo.
Y añadió que “el tema de la migración controlada, legal, está bien. Yo creo que muchos migrantes han venido a aportar a este país, desde Andrés Bello en adelante, sin lugar a dudas, pero tampoco se trata de abrir la frontera y que entre quien quiera y el problema es que hoy día están entrando bandas criminales organizadas que además están trabajando en la trata de personas, entonces yo creo que el Gobierno tiene un problema en materia de seguridad, que hay cuestiones de más maquillaje que cuestiones de fondo”.
Ahora, si bien el Ejecutivo se ha manifestado contrario a la idea de implementar el estado de excepción en la Macrozona Norte, derivando el fortalecimiento de la frontera al proyecto de Infraestructura Crítica, la titular de Interior no descartó implementar la medida para efectos del acuerdo de seguridad.
“Estamos en un grupo de trabajo que está en la última fase de acuerdo. Para llegar a las propuestas que tenemos para ese compromiso, en materia de control de la frontera y de control también de la migración ilegal, yo lo que esperaría es que ahí discutamos las distintas propuestas y visiones que hay, tratemos de construir un acuerdo. Y esas propuestas por cierto se van a evaluar, dentro de varias otras que hay”, señaló.
Cabe recordar que en la reunión del pasado 15 de diciembre, Tohá reconoció avances significativos en el trabajo de la mesa que se compone por las comisiones de Prevención y víctimas; Control; Institucionalidad y Persecución y la de Sanción. Si bien señaló que hay varios temas que aún requerían análisis adicional, afirmó que, si se seguía con el mismo ritmo y disposición, a finales de este mes se podría zanjar este acuerdo con prioridades legislativas y administrativas.
