La Contraloría General de la República pidió antecedentes por 13 indultos entregados recientemente por el Presidente Gabriel Boric, 12 a condenados por delitos ocurridos en el estallido social y uno al exfrentista Jorge Mateluna.

La solicitud apunta a hacer una revisión administrativa, ya que el mérito de los beneficios es potestad del Presidente de la República. El objetivo del ente contralor este tener los antecedentes a disposición para luego determinar el camino a seguir, por lo que no implica un eventual pronunciamiento o sanción.

La Contraloría  indicó al Gobierno que, “en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 10.336, se sirva informar a este Organismo de Control al tenor de lo allí expuesto, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio”.

 “Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”, añadió el organismo.

La medida fue tomada después de que parlamentarios de derecha ingresaron un requerimiento al organismo, junto con hacer un llamado al Mandatario a revocar el beneficio.

“Que se revierta esta situación, se anule los decretos y se ordene por los organismos jurisdiccionales su reingreso inmediato a cumplir la condena”, indicaron los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Flor Weisse.

Cabe señalar que la polémica por los indultos terminó constándole su salida al jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía, y a la ministra de Justicia, Marcela Ríos. A ambos se les sindicó responsabilidad en el error en la nómina de beneficiados, ya que primero se anunció que serían 11 indultados y luego se amplió el número a 13.