Iniciándose su labor en lo que refiere a la redacción del anteproyecto de la nueva constitución, esta semana se instalaron las cuatro subcomisiones en las que los 24 representantes de la Comisión Experta deberán abordar diversas materias para encarar el texto constitucional.

Se trata de la comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado; Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, Principios, Derechos Civiles y Políticos; y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Las normas que emanen de dichas instancias deberán ser aprobadas por los 3/5 de sus miembros.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la presidenta de la subcomisión de Derechos Económicos, Alejandra Krauss, valoró la disposición al diálogo que han manifestado los seis integrantes de la instancia y afirmó que el principal debate a tratar refiere a con qué mecanismos se consagrará la seguridad social.

“Uno hace un análisis de lo que es el texto del 80’, las posteriores reformas que esa constitución vigente tiene, la propuesta de la Convención y si uno se va a la Constitución de 1925 también, al proyecto de la presidenta Bachelet, va constatando que los textos constitucionales responden a épocas determinadas, a un pensamiento jurídico constitucional de quienes lideran la escritura al contexto político y social”, reflexionó la también ex ministra.

Así, por ejemplo, señaló que la Constitución del 80, “tiene características bastante conservadoras, responde a un modelo neoliberal en lo económico, valórico, responde a la tradición católica y en materia de derechos sociales va respondiendo de alguna u otra manera a ese pensamiento jurídico constitucional. Pero todo eso va cambiando y eso hace que se vayan recogiendo de distintas maneras esos principios, esos derechos. Se va transitando hacia un Estado más garante”.

Por lo mismo, recalcó que “en consecuencia, creo que ése es el debate que vamos a tener. Creo que hay ciertos grados de consenso de que hay determinados derechos que sí son derechos humanos fundamentales que deben ser consolidados en la nueva constitución y tener el debido resguardo”, añadiendo que también la discusión apuntará a recoger principios reconocidos en el orden internacional, los cuales “estamos obligados a respetar”.

Asimismo, comentó que uno de los ejes transversales en los que profundizarán las subcomisiones apunta a la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho, por lo que manifestó que “vamos a tener que generar las capacidades de conversar en términos amplios”; sin embargo, ante la arremetida de la derecha de sostener como compatible esta declaración con el principio de subsidiariedad, consideró que “requeriría un debate doctrinario de largos meses”.

“Lo que en definitiva se propone es adherirnos a un Estado garante, un Estado protector, que tenga un rol prioritario en la materialización, en la provisión de estos derechos sociales, bienes y servicios y cuando entra el sector privado, que perfectamente lo puede hacer, a lo mejor en distintos grados, de distintas maneras dependiendo del derecho, sea con marcos regulatorios tremendamente claros”.

En esa línea, sostuvo que “cuando el sector privado entra a proveer estos bienes y servicios, en salud, educación, en pensiones, está cumpliendo una función pública, se le ha delegado cumplir el estándar, (que) es distinto a si yo estoy vendiendo dulces. Si yo estoy generando un emprendimiento, legítimo, que va a estar contemplado en la constitución, eso es en el ámbito de la libertad económica. Esto, es en el ámbito de la previsión de bienes públicos, en consecuencia, se debe tener otro estándar. No le puede ser indiferente a un país, a una sociedad, a un Estado qué ocurre con la educación, no le puede ser indiferente a qué ocurre con la salud”.

Con todo, la comisionada dijo tener confianza respecto de los demás expertos “que hay una rigurosidad intelectual para fijar estos principios absolutamente relevantes. Este no es un tema de izquierdas o derechas, conservadores, neoliberales, socialdemócratas, nosotros vamos a proponer a través del Consejo Constitucional para que se debata democráticamente un modelo, cómo conseguimos la dignidad humana. No podemos reducir este debate en los acuerdos y consensos”.

“Si en el mundo entero, si uno va a las sociedades, a los países que tienen el concepto de Estado social en sus constituciones o en sus países han desarrollado las teorías ¿Nosotros vamos a innovar tanto en esta materia? Entonces, aquí no nos hagamos zancadillas, resolvamos bien, las sociedades buscan los mecanismos para resolverlas de maneras institucionales o no institucionales. Este país no merece que no estemos a la altura de lo que significa redactar una propuesta de anteproyecto constitucional”, apuntó Krauss.

Por lo mismo, fue enfática en señalar que “no podemos encerrarnos entre nosotros amparados en un tutelaje malentendido y cometer de distintas maneras los mismos errores que se dice haber cometido en la Convención. Aprendamos de ese proceso de forma muy amplia, eso es lo que yo espero, que estemos a la altura del mandato. No me puedo quedar encerrada en mis propias banderas de lucha”.