Cabe destacar que mientras el proyecto de Ley Nain 2 propone también que quienes realicen acciones que atenten a la integridad de efectivos no podrá acceder a penas sustitutivas, la iniciativa Ley Retamal además considera el endurecimiento de penas contra responsables por ataques a Carabineros y moderniza la definición de estos delitos.

En el marco de la discusión legislativa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “nuestra indicación es que este proyecto hoy día tenga respaldo, se apruebe, le demos los votos y sigamos en el Senado mejorándolo, pero hay que mejorarlo porque no podemos transformar que el estatuto de protección de las policías se transforme en el estatuto de desprotección de las personas”. 

Sobre las propuestas del Ejecutivo, la titular de Interior indicó que si bien el Ejecutivo respalda la ley Nain, “no somos partidarios de que haya prisión efectiva cuando hay lesiones inferiores a lesiones graves, porque cuando las lesiones son leves, quien las ha cometido puede ser un estudiante que da un empujón que merece una sanción ciertamente, pero ¿Es bueno que vaya a la cárcel?”, cuestionó

En lo relativo a la ley Retamal, Tohá indicó que el Gobierno está por reemplazar la modificación del Código Penal que establece la legítima defensa privilegiada de la acción policial, por una modificación del Código de Justicia Militar que permitirá a los tribunales establecer como racional el uso del arma por parte de las policías.

“Tenemos una alternativa que cumple el mismo objetivo, pero es mucho más precisa, mucho más quirúrgica y tiene en cuenta todos los elementos que hay contemplar aquí si no queremos pasar a ser Chile, como son algunos Estados norteamericanos, países en que se valide el gatillo fácil”, afirmó. 

Y explicó que “el Ejecutivo lo que va a presentar en su indicación es una modificación del Código de Justicia Militar donde hay varias normas referidas a los procedimientos policiales. Ahí es donde hay que proteger a la policía, no en una ley genérica como es el Código Penal y la propuesta que tenemos es que en el artículo 410 (…) diga lo siguiente: Se entenderá como racional el uso de armas en defensa de personas cuando se intente impedir alguno de los delitos de homicidio o lesiones graves contra las policías, salvo que el Tribunal estime que no ha sido razonable, caso en el cual se podrá aplicar una atenuante de responsabilidad de la pena en uno, dos y hasta tres grados”. 

“Qué significa eso, que cuando se considere que es irracional el uso del arma, no se le va a poder culpar a los policías”, acotó.

Adicionalmente, señaló que el Gobierno propone “una norma que establezca que cuando hay uso de las policías de sus armas se les debe dar el trato de víctimas a los funcionarios que hacen uso del arma de servicio para defender a personas o repeliendo ataques contra las policías, salvo que las diligencias de la investigación indiquen lo contrario. En ese caso, la persona va a tener los derechos de un imputado, por ejemplo guardar silencio, declarar asistido de un abogado, desde el comienzo de la investigación. Esto tanto para Carabineros como la PDI”.

Por lo demás, señaló que la indicación propone que “tanto la policía como los gendarmes no pueden ser alejados de sus funciones ni dejar de recibir su remuneración sino hasta que haya un sumario de la institución que establezca que hay responsabilidades profesionales en la manera en que se llevó adelante el procedimiento, esto tanto para PDI como Carabineros”. 

“¿Qué es lo que logramos con esto? El tribunal va a establecer como racional el uso del arma, no tener una presunción general; establecer que cuando hay racionalidad en el uso del arma, no hay culpabilidad y si al final se establece que esto no fue así, hay posibilidad de tener elementos que van a bajar la pena porque a pesar de que hubo un procedimiento fallido y errado, se hizo en virtud de cumplir un deber que estaba encargado por el Estado”.

Con todo, Tohá señaló que “con esta indicación evitamos el calvario procesal que es donde está el verdadero problema de los policías”.

Precisando este punto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó que la razón que tiene el Ejecutivo de inclinarse por una modificación del Código de Justicia Militar es que “las regulaciones sobre uso de la fuerza vigente en la actualidad para carabineros se encuentran en el Código de Justicia Militar”.

“En el caso del artículo 410 que está vinculado a la legítima defensa; en el caso del 411, el uso del arma cuando alguien huye y en el caso del 412, el caso del uso del arma cuando se desobedece una orden o una orden judicial en particular. Por eso, en opinión del Ejecutivo, lo razonable es que las reglas del uso racional asociado a los aspectos que les preocupan queden incorporadas en el Código de Justicia Militar, específicamente en el artículo 410, 411 y 412 que da una regla lógica de uso de la fuerza y que no queden incorporadas en el Código Penal porque de algún otro modo confunde reglas distintas y responsabilidades distintas”, sostuvo.

Los matices del oficialismo

Si bien los acápites del proyecto fueron aprobados con transversalidad, los principales reparos al proyecto provinieron de Apruebo Dignidad, donde bregaron por uan iniciativa de ley que apunte a la seguridad de forma integral.

En esa línea, la diputada de Comunes, Camila Rojas, descartó que estas mociones hubiesen evitado las muertes de Carabineros que se lamentaban en la sala. “En el caso del homicidio de Alex Salazar, carabineros sí disparó, lamentablemente a pesar de ello no pudieron detener al homicida; en el caso del sargento Carlos Retamal, fue atacado por sorpresa por la espalda; no tuvo oportunidad de defenderse; el cabo Nain fue atacado sorpresivamente. En otros casos carabineros ha abatido sospechosos o delincuentes y se ha decretado el uso correcto de armas y la legítima defensa, pasó en febrero cuando se abatió a dos comuneros o en Santa Cruz cuando se disparó a un hombre que había robado un servicentro”, comentó.

Y agregó que “este proyecto de ley no hubiera resuelto ni permitido nada en esos conocidos casos, y además tal y como está redactada, si tuvieramos un caso como el de la senadora Campillai sería ella quien tendría que probar que no hizo nada para merecer el ataque dado que se presume la legítima defensa automáticamente”. 

En esa línea, el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, aseguró que “con ninguna de estas leyes esos lamentables hechos hubieran dejado de ocurrir y esa es una triste realidad”. 

“Esa premisa de que no hay atribuciones es falsa y hay que decírselo a la ciudadanía, este proyecto no va resolver nada, va a ahondar más el problema porque se genera una situación de gatillo fácil (…) comparémonos con otros países, cuál ha sido el resultado de leyes que han permitido este tipo de impunidad y el resultado al final ha sido nefasto. Entonces, sentémonos en serio a hablar de seguridad pública y hablemos de una reforma a las policías que sea integral”, añadió.

Matizando a los pares de Apruebo Dignidad, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, exhortó a apoyar el proyecto de ley, aduciendo que “si entregamos esta presunción, está legitima defensa privilegiada para que cualquier chileno o chilena se pueda defender de quien entra a su casa, a su comercio, a su industria, ¿por qué no le puedo entregar esa misma legítima defensa privilegiada a un carabinero (…) que nos protege a todos? Carabineros arriesga la vida de quienes siquiera conoce y no porque lo quiera hacer, sino porque cumple un mandato del Estado”.

En tanto, el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, aseguró que “nuestra bancada va a aprobar la ley Nain-Retamal y todas aquellas leyes que vayan en dirección de fortalecer la seguridad de las personas, restablecer el orden público y recuperar y restituir el respeto a la autoridad en general y a la autoridad policial en particular”.

Desde la misma bancada, el diputado independiente, Cristian Araya, relevó que “Nain va al corazón de la desigualdad en la distribución de las policías porque nos permite tener permanentemente a los carabineros en servicio y la ley Retamal es un avance sustancial en lo que es la protección integral de las policías”.