De tal manera, Republicanos, liderados por el excandidato presidencial, José Antonio Kast, entregaron la propuesta “Migración ilegal cero”, que no solo plantea tipificar el delito de ingreso ilegal al país en los casos de ingreso por paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o falsificando los documentos, e incorporando como sanción la expulsión inmediata del país, sino que además propusieron instruir la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden abocados a este tema y el construir y habilitar Centros de Detención Provisoria (CDP) para migrantes que no estén regulares en el país.

De ello dio cuenta el exabanderado de los republicanos exhortando además al Ejecutivo a nombrar temporalmente un ministro como “Zar Anti inmigración”, que detentaría facultades administrativas para coordinar a distintos servicios públicos con la finalidad de concretar la identificación, detención y expulsión de los inmigrantes ilegales que se encuentren en Chile.

“Esperamos que el Gobierno recoja esta idea de tener un ministro con delegaciones especiales para que pueda agrupar a los distintos entes que dependen del Estado, como es el Registro Civil, SII, Tesorería, Aduanas, cualquier organismo que tenga alguna vinculación para poder identificar o acreditar que una persona no cuenta con los documentos necesarios para poder estar en Chile”, señaló.

Desde Renovación Nacional en tanto, dirigieron dos emplazamientos al Ejecutivo: contemplar un acápite destinado a ciertos barrios con alta población de migrantes irregulares en el programa “Calle sin Violencia” e ingresar con discusión inmediata la moción que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

Relevando la instrucción de la Fiscalía Nacional de solicitar prisión preventiva para migrantes indocumentados -conocida como “Criterio Valencia”- el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, señaló que “nosotros como Poder Legislativo, nuestra manera de contribuir a eso es que aquellas personas que hacen ingreso clandestino al país -en la medida que se apruebe esta ley, y ahí vamos a ver en acción una vez más a las dos almas de Gobierno- se tipifique como delito el ingreso clandestino”.

Cabe destacar que la medida no sólo ha concitado adherentes en la derecha. El jefe de bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristina, Eric Aedo, evaluó favorablemente la idea. “El derecho es dinámico y responde a momentos de la vida cotidiana y de la sociedad y hoy día muchas personas entienden que el ingreso ilegal al país es parte o está a la base de los problemas de seguridad que tenemos y en ese sentido nos parece que el ingreso ilegal que se hace a propósito, obviamente tiene que estar penado de esa manera como un delito”, sostuvo.

Cónclave oficialista

La ofensiva de la derecha es parte de la contienda política entre el oficialismo y la oposición por quién toma el liderazgo sobre la agenda de seguridad. Tras la aprobación de la ley Naín-Retamal, desde el Frente Amplio llamaron al Ejecutivo a hacerse del control de un debate que ven tomado por la agenda de la derecha. Una percepción que contrasta con la postura general de Socialismo Democrático, desde donde la timonel de Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, afirmó que “uno tiene que tener la capacidad de poner los intereses del país por sobre las rigideces ideológicas”.

Apuntando al acuerdo legislativo entre el Gobierno y el Congreso Nacional, la dirigenta oficialista señaló que “tenemos la confianza que los primeros 31 proyectos van a ser proyectos que el Ejecutivo va a intentar generar con consenso y además sobre el tema más importante para la ciudadanía y para todos nosotros que es la seguridad. Yo imagino que todos queremos estar del lado que corresponde, por lo tanto espero que las rigideces ideológicas no empañen una prioridad que es para la ciudadanía y para el Gobierno”.

A su vez, el senador y líder de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, afirmó que “está toda la disposición de sacar adelante una agenda robusta en materia de seguridad, en materia legislativa, pero también en políticas públicas que complementen lo legislativo y el compromiso del Gobierno de mejorar algunos proyectos con indicaciones. Ahí el punto que hemos hecho es que, por más premura que le demos y con toda la disposición a sesionar de manera extraordinaria, que ojalá el objetivo sea sacar políticas de Estado en materia de seguridad pública, que busquen la mayor unidad posible, no hacer puntos políticos para la galería, no sacar proyectos efectistas y hacer buenas leyes porque son de aplicación permanente”. 

Respecto al proyecto sobre migración que busca aprobar la derecha, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que “toda la legislación que hagamos debe tener primero rigor con respecto a todas las convenciones internacionales. Este no es el primer país del mundo donde hay migrantes y esta no es la primera vez que llegan oleadas de migrantes”.

“El tema que tenemos es cómo esto permite que el país esté dotado y capacitado para que tengamos que abordar todos los derechos que tienen los migrantes, en su logística, en su infraestructura. Y lo segundo es detectar que no por medio de los migrantes se promueva una cosa planificada, de movilidad de gente que está vinculada al crimen organizado. Son cosas distintas, no podemos contagiar esto con una xenofobia de ninguna nacionalidad de un pueblo hermano”, añadió, acotando que “el otro rigor es el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Para limar las diferencias que la crisis de seguridad agudiza en el oficialismo es que el Gobierno convocó a un cónclave para este martes a las 20 horas en el palacio presidencial de Cerro Castillo. La cita será encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric y a ella concurrirá su comité político, las dirigencias de los partidos oficialistas y los jefes y jefas de las bancadas parlamentarias.

“Entiendo que la reunión de mañana es de carácter informativo”, adelantó la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aduciendo que “la buena política consiste en conversar y llegar a acuerdo y ese es el compromiso que tenemos como alianza de Gobierno y es el compromiso que le transmitimos el día viernes a la ministra Tohá cuando nos citaron  a la reunión donde se nos informó sobre los proyectos. Esa es la voluntad y el espíritu que anima a la alianza de Gobierno y a todos sus partidos que es colaborar y sacar adelante los proyectos de ley que el Gobierno tiene interés de patrocinar para ayudar a la ciudadanía”.

Vallejo: “Está la posibilidad de analizarlo”

Consultada por la postura del Gobierno sobre la moción que tipifica de delito el ingreso irregular, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que “necesitamos identificar a las personas que ya están en nuestro país, tenemos miles de personas que no están identificadas, son personas indocumentadas”.

Para ello apuntó a dos medidas: “Establecer oficinas del Registro Civil para poder registrar la huella de identidad en los procedimientos en tribunales y por otro lado, la implementación de todo lo que es el registro biométrico que empieza a implementarse a partir de mayo y que nos va a permitir la identificación de aquellas personas que están indocumentadas y podamos tener un registro al cual se le puede hacer seguimiento y obviamente en el caso de determinar personas que han cometido delito, tenerlos identificados para luego poder procesarlos”.

Dicho eso, la secretaría de Estado, afirmó que “todo lo que sea iniciativa legislativa, está la posibilidad de analizarlo, estudiarlo para mejorar y perfeccionar la institucionalidad y las herramientas con las que cuenta el Estado para mejorar el objetivo (…) Lo que tenemos que hacer es regularizar esta situación, frenar el ingreso irregular y por lo tanto el fortalecimiento de las fronteras es fundamental, pero también la identificación de aquellas personas que están indocumentadas en el país”.

Profesor Cabrera: “No se trata de una reacción proporcionada”

Aquilatando la medida, el profesor e investigador en Derecho Penal de la Universidad de Talca, Jorge Cabrera, advirtió a nuestro medio que la sanción penal de la migración “no pareciera cumplir con los requisitos de proporcionalidad que se le exige a la respuesta penal del Estado”. 

“Por lo tanto yo creo que los temores que han manifestado algunas organizaciones o que se han manifestado respecto de la compatibilidad con tratados internacionales de derechos humanos resulta pertinente, pero sobre todo porque pareciera ser que no se trata de una reacción proporcionada respecto de la conducta”, agregó el especialista.

Precisando el punto, el académico advirtió que “en este caso, pareciera ser una reacción cuya adecuación pareciera ser cuestionable en cuanto a políticas públicas de carácter administrativo o acuerdos internacionales que se han arribado para poder manejar mejor el tema de la migración”.

“Lo que sí puedo decir es que el empleo del derecho penal respecto de un fenómeno como la migración no va a resolver ni sus causas y ciertamente no va a tener como consecuencia resolver los problemas asociados a la migración que se puedan prestar con posterioridad a que las personas hayan ingresado al país”, añadió.