De tal manera, un grupo de personas se instaló con vehículos y pancartas para bloquear el acceso norte de la Ruta 5. Todos los ingresos a Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gabriela Mistral están totalmente suspendidos en ambos sentidos.
Además, conductores de taxis-colectivos bloquearon el acceso vehicular hacia el aeropuerto, denunciando ser constantemente víctimas de asaltos y robos. Sin embargo, permiten el cruce a pie hacia el terminal aéreo y dejan ingresar a vehículos con adultos mayores o menores de edad.
Cabe destacar que a las 9:00 horas fue convocada una marcha bajo la consigna de “toda la ciudadanía contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción”, la que se concentrará afuera del municipio.
Al respecto, Marisa López, presidenta de la junta de vecinos Inti-Rai, indicó a 24 Horas que “esta es una lucha transversal, sin colores políticos, sin autoridades presentes. Somos la ciudadanía exigiendo a nuestro Presidente que Calama se desarrolle como una de las mejores ciudades de Latinoamérica”.
Cabe señalar que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se trasladó a Calama la jornada de este jueves para anunciar una serie de medidas en materia de seguridad: la incorporación de un Escuadrón Centauro durante 2023; mayor fiscalización de armas; una unidad especializada de la PDI para delitos violentos; y la designación de un fiscal preferente para los mismos.
Además, la autoridad de Interior anunció proyectos de inversión de infraestructura policial; mayor celeridad en la instalación de la SIAT; y el aumento a “mediano plazo” la cantidad de funcionarios civiles, con el fin de que uniformados no deban estar realizando ese tipo de labores.
“Creo que es concreto y en forma rápida puede entregar un relato mucho más potente, mucho más duro de poder ampliar ese concepto de estado crítico desde esta ley para poder cubrir esta necesidad”, señaló.
En los cortes de ruta hay carteles pidiendo estado de excepción para el norte. Una medida que ha sido pedida por parlamentarios de la zona y recientemente se sumó la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (AMONUCHI), que también demandó la aplicación de la Ley de Infraestructura Crítica en hospitales, establecimientos educacionales, terminales de buses, comisarías y centros comerciales.