La inmobiliaria San Valentino, dueña de la exclínica Sierra Bella, exigirá la materialización forzosa de la venta a la Municipalidad de Santiago, a pesar del dictamen de la Contraloría que objetó la operación de la alcaldesa Irací Hassler.

A través de una declaración pública difundida por La Tercera, la inmobiliaria explicó primero el contexto en que ellos compraron la exclínica, aludiendo a que fue en medio de un “apuro económico”, sumado a “la discusión que se llevaba a cabo en el proceso constituyente, que tenía como uno de los puntos más polémicos el fin del lucro en la salud”. Esto generó un “contexto específico que nos permitió adquirir la propiedad bajo condiciones de precio y valoración excepcionales”.

Además, señalaron que después de una larga negociación, en que los antiguos dueños tuvieron otros intentos de venta frustrados con otros interesados y ante la urgencia de liquidez de parte de los antiguos dueños, pudieron “llegar a un acuerdo por el edificio sólo como inmueble, a un precio muy bajo, que es el conocido y expuesto por todos. Entendemos que comprar a un valor bajo, dentro de los márgenes establecidos por la ley, se encuentra permitido”.

De esa manera, desde San Valentino afirmaron que tras el rechazo a la propuesta de nueva Constitución y ya siendo dueños del inmueble, “las posibilidades de explotación del activo de salud (edificio médico e intangibles) volvieron a tener la expectativa de ser explotado para el uso específico que tiene, esto es como un centro de salud”. Y que el objetivo de la compra era “explotar directamente la clínica para un proyecto de salud propio, propósito para el cual estuvimos trabajando durante gran parte del año 2022 (con arquitectos, búsqueda de potenciales gerentes, etc)”.

Bajo ese contexto es que la Municipalidad de Santiago manifestó su interés en adquirir la propiedad.

Así, desde la inmobiliaria encargaron una valorización de activos fijos para obtener un parámetro del valor correspondientes a un recinto hospitalaria y de consultas médicas, es decir, “como un centro de salud (tanto el edificio médico como sus intangibles), ambos como un todo, por un experto en este tipo de valoraciones de manera de tener una noción que nos sirviera como referencia si es que la municipalidad avanzaba en su interés por adquirir el establecimiento de salud u otros fines similares, por cuanto esta alternativa significaba renunciar a nuestro proyecto”, explicaron.

Abordaron también las diferencias de precio entre la compra de San Valentino, “prácticamente avalúo fiscal”, y el monto de venta a la Municipalidad. En ese sentido, explicaron que tal diferencia siempre fue conocida por todo el municipio, “incluyendo sus concejales antes de la votación en los estudios de títulos, lo que hicimos llegar siempre con la total transparencia”.

Por ello indicaron que “entendemos que genera evidente polémica, pero esta responde a razones comerciales y de mercado marcadas por los distintos contextos de cada operación” y mencionaron que “rechazamos tajantemente lo que se ha expuesto respecto a que nosotros habíamos ofrecido la clínica públicamente por un valor mucho menor”.

Por otra parte, en la inmobiliaria apuntaron a una serie de “incumplimientos, irresponsabilidades y falta de claridad mínima” de la alcaldesa de Santiago y sus equipos, la que “a estas alturas raya en la total inexperiencia, y por qué no decir en la mala fe de la compradora, pues pretende desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte”.

En ese sentido, apelaron a que no sólo ellos se han visto perjudicados, sino que también, otros propietarios, a quienes la municipalidad les había entregado expectativas de compra.

Por todo aquello es que  anunciaron acciones judiciales “destinadas a perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa, protegiendo nuestros legítimos intereses como vendedores”.