Luego que el medio electrónico El Ciudadano revelara la existencia de una millonaria deuda de la minera SOQUIMICH (SQM) con el Servicios de Impuestos Internos (SII), la entidad pública finalmente le cobró a la compañía el impuesto específico a la minería correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022.
Recordemos que SQM mantiene un contrato con el Estado que le permite extraer el litio del Salar de Atacama hasta el año 2030 y que, además, tiene que retribuir al Fisco con un impuesto a la minería, el cual no ha pagado en su totalidad por varios años.
Frente a esta situación, el SII actúo tardíamente y recién este mes le cobró a la minera un abultado monto, que aún no es público.
Para abordar este tema, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el abogado y exquerellante en el caso SQM, Mauricio Daza, quien señaló que el SII actuó de forma irregular.
“Hay un trato especial para SQM, porque normalmente el Servicio de Impuestos Internos, cuando detecta una diferencia entre lo que se está pagando una empresa y aquello que le corresponde realmente pagar, hace la liquidación año a año y no espera que pase el tiempo de la forma cómo ha ocurrido en este caso”, acusó.
Según Daza, el cobro se realizó el pasado 17 de abril porque los plazos apremiaban. El SII tiene un total de tres años para liquidar, concluido el plazo, la deuda prescribe.
“El problema es que en conformidad a la ley tributaria no se pueden hacer liquidaciones por un período superior a tres años hacia atrás. Entonces, si no se hacía esa liquidación por parte del SII ahora, en la práctica iban a ser incobrables los montos del año 2020 y, además, iban a empezar a prescribir, en forma sucesiva, los años posteriores”, explicó.
Asimismo, dijo tener la convicción de que “si esto no se hubiese revelado públicamente, probablemente se habrían dejado prescribir, por lo menos respecto del 2020”.
Consultado sobre los motivos por este eventual trato especial a SQM, el abogado afirmó que aquello “deriva de una red de tráfico de influencias y corrupción que ha logrado instalar la empresa de Julio Ponce Lerou durante décadas”.
“La punta de ese enorme iceberg se pudo apreciar con las causas de financiamiento ilegal de la política, las cuales lamentablemente no llegaron a puerto a partir de una actuación impresentable por parte del Ministerio Público, que no tuvo la voluntad de investigarlo hasta las últimas consecuencias”, expresó.
Por otra parte, Daza manifestó sus reparos ante la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el Gobierno, específicamente con las negociaciones entre CODELCO y SQM, que tienen como objetivo que el Estado comience a participar de manera anticipada en el Salar de Atacama. Según el abogado, estas conversaciones facilitarán la extensión del contrato entre la empresa y el Estado más allá del 2030.
En esa línea, acusó que “el Gobierno, en vez de definir la manera en que los privados van a participar en la extracción del litio del Salar de Atacama a través de una licitación pública internacional, que se adjudique de forma transparente y que se garantice que el oferente entrega las mejores garantías económicas al Estado, ha elegido negociar entre cuatro paredes con SQM”.
“Estamos hablando de la mayor reserva de litio a nivel mundial y la verdad es que yo creo que la falta de transparencia en este proceso y el que se dé en esta negociación directa, básicamente beneficia a Julio Ponce Lerou”.
