La tarde del miércoles la Fiscalía informó que la formalización del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por delitos de fraude al fisco y asociación ilícita, tendrá lugar a principios de junio.

Esto último luego de una investigación de dos años por parte del Ministerio Público y también de un informe de Contraloría que acusa al edil de cometer “infracciones graves al principio de probidad”, a través de las corporaciones Vita.

Para abordar este tema, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, quien además se refirió al caso de la ahora excandidata a consejera constitucional del Partido de la Gente (PDG), Karen Añez, condenada por tráfico de cocaína hace un par de años.

¿Cómo evaluaría los avances en el caso Torrealba? ¿Considera que la Fiscalía se demoró demasiado en formalizarlo?

Es difícil evaluar eso porque la mayor parte de la investigación ha estado en reserva por el tema del lavado de activos. Como uno no puede acceder al expediente y la información que tienen más que nada es por trascendidos de prensa, es difícil hacer esa evaluación. Estas investigaciones son complejas, tienen su tiempo y no puedo evaluar si fue muy lento o no. Lo que sí es importante es que se nos den las garantías, tanto a nosotros como ciudadanía, como a las personas investigadas, de que se está llevando a cabo una investigación rigurosa e imparcial. Al final lo determinante va ser que, si se detecta que estos hechos se cometieron, que haya sanciones proporcionales y acordes a la gravedad de esas irregularidades.

El caso Torrealba podría llevarse al Tribunal Electoral y ya está aprobada una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. ¿Cree que es pertinente que se revise en esta otras instancias?

Claro, está además la investigación administrativa que está viendo Contraloría y la Comisión Investigadora, pero creo que también es importante que existan reformas legales. Hay que entender cómo es que estos hechos ocurrieron, cómo es que pueden ocurrir estas situaciones por tantos años sin que se detecte, cuáles son los controles que fallaron y ver si es que además tenemos que hacer algún fortalecimiento institucional para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir. No podemos quedarnos solo en la investigación y en la sanción, que por supuesto que es muy relevante, porque estos hechos no pueden quedar impunes (…) pero, al mismo tiempo, tenemos que fortalecer las instituciones para que este tipo de hechos no se den en el futuro.

Las opciones que se han planteado son que se eliminen las corporaciones municipales o que se fiscalice más a estas mismas entidades. ¿A usted qué camino le parece más adecuado?

Debería delimitarse bastante el marco de acción de estas corporaciones y deberían tener regulaciones también. Lo que no puede ocurrir es que funciones públicas se realicen a través de organizaciones privadas que no tengan control, que no tengan rendición de cuentas, que no tengan transparencia. A mí me parece muy adecuado que se extiendan cierto tipo de regulaciones del sector público a las corporaciones, pero en el caso de este otro tipo de entidades, que ya ni siquiera son las corporaciones, sino que son estas organizaciones comunitarias, creo que no debiera permitirse que se creen. No puede pasar que haya una suerte de ficción donde los municipios estén utilizando este tipo de entidades para en el fondo sustraerse de la publicidad, de la transparencia, del control y que finalmente puedan ocurrir casos de corrupción.

En resumen, las corporaciones, delimitadas, con regulaciones, pero otro tipo de entidades, que es lo que ocurrió con las Vita, yo creo que eso ya no debería permitirse.

Por último, ¿cómo ve el tema de la candidata del PDG? ¿Debería haber regulación que impida que personas con ese tipo de condenas puedan postular a cargos públicos?

Obviamente nosotros podemos plantearnos si es que las restricciones son muy bajas, por ejemplo, me acuerdo que se habló del tema de las pensiones de alimentos, o violencia de género. Eso siempre se puede discutir, pero considero que en el caso concreto de esta persona, han pasado más de diez años desde ese hecho y por lo tanto no tiene ninguna restricción legal.

Ahora, sí creo que uno tiene que ser muy transparente y tiene que dar esta información al momento de inscribir candidaturas, al momento de hacer campaña, porque lo que no puede ocurrir es que a días de la elección esto sea noticia y la persona baje una candidatura que legalmente ya no la puede bajar. Para ahorrarse ese tema y la sensación de frustración, es mucho mejor que las personas tengan que ser transparentes respecto de estas situaciones y que luego sea la ciudadanía la que decida si vota por esa persona o no.

Luego, también tendremos la discusión como sociedad de si consideramos que personas que hayan tenido cierto tipo de condenas, no puedan postularse a cargos públicos. De todas maneras, también tenemos que entender que hay un derecho de por medio y que, por tanto, las restricciones también tienen que ser limitadas.