En conversación con Radio Universidad de Chile la senadora del Partido Comunista (PC), Claudia Pascual, advirtió de los riesgos que conlleva  el proyecto de ley aprobado por la Cámara Alta sobre usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles, porque permite asumir por “sus propias manos la justicia y el desalojo”.

Esto, luego que la Sala del Senado aprobara la noche del martes la moción parlamentaria que “regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución”, iniciativa que pasó a su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, con reserva de constitucionalidad solicitada por el senador socialista, Gastón Saavedra.

Al respecto, la legisladora lamentó que “estemos en una ofensiva de mociones de parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana que son complejas  porque con la excusa de proteger situaciones que indudablemente  hay que mirar, como es por ejemplo lo que ocurrió hace unos días atrás en San Pedro de la Paz con los  comité de viviendas, se hagan proyectos, pero terminan cambiando todo el orden penal de nuestro país y con criterios de no respeto a la proporcionalidad, generando toda una confusión entre faltas y delitos”.

Pascual explicó que con la mirada que se ha impuesto, ahora todos los delitos son de máxima gravedad, en vez de leves, graves o menos graves, además del aumento penal para que siempre haya pena de cárcel.

“Lo que es más complejo aún es que pareciera que el Parlamento tiene que hacer legislaciones para que incluso las y los jueces ni siquiera puedan deliberar. No hay caso a caso que se puedan ver, no hay condiciones atenuantes, no hay agravantes y en este proyecto de ley además, se mezclan contextos y situaciones”,  afirmó la legisladora.

En esa línea, Pascual puso como ejemplo que el día de mañana “puede ser acusado de delito de usurpación un conflicto vecinal por deslindes territoriales entre vecinos. También puede ser  acusado de usurpación situaciones que a lo largo de la historia de nuestro país conocemos como de demanda y protesta social. Es decir,  la ocupación temporal de la oficina de una autoridad política o de alguna autoridad educacional y que siempre se ha considerado la gestión política como la vía de solución”.

La senadora agregó que esto “es más grave aún porque la moción parlamentaria que fue aprobada en el Senado, sin nuestros votos, contempla inclusive que una persona se pueda organizar, convocar a más personas, para ir a recuperar su inmueble o recuperar su terreno si fuera  tomado y puede, por sus propias manos, asumir la justicia y el desalojo”.

“¿Queremos un Chile más seguro diciéndole a la gente, en vez de que intervengan los que tienen que hacerlo que son las policías y la autoridad política para resolver estos conflictos, que intervenga usted mismo,  haga lo que usted quiera y después además, yo le doy garantía legal, de una legítima defensa privilegiada, que es lo que acaba de ocurrir ayer? A mí me parece que así no se hace un Chile más seguro”, dijo la senadora.

Asimismo, Pascual afirmó que esta situación va a terminar, como el caso de la causa mapuche o de demanda por viviendas dignas, “con los ciudadanos en la cárcel o lo que es peor, tomando la justicia por sus propias manos y eso no ayuda al momento que estamos viviendo”.

Acotó que esta normativa “no protege la vida de la persona que puede ser eventualmente usurpada o a quien se está apropiando, por diversas razones, porque mezcla ataques con violencia, sin violencia, o el ataque contra la vida de las personas. Es muy grave y adscribo a los senadores que advirtieron visos de inconstitucionalidad”.

Frente a las críticas de organizaciones de los pueblos indígenas que consideran que el proyecto  consolida la protección jurídica de la propiedad frente a la demanda del pueblo mapuche en las recuperaciones de tierras, Pascual precisó que la iniciativa “nació como una solución penal a un conflicto político social y cultural y de la forma como salió del Senado, no sólo va a afectar a las comunidades mapuches, sino que a otros segmentos de la población en otras partes de nuestro país”.

Por otro lado, durante la discusión del proyecto, el senador del Partido Socialista (PS), Gastón Saavedra, solicitó la reserva de constitucionalidad de los artículos 73, 74 y 75 del proyecto porque le quita facultades a los jueces en esta materia.

“Adolece de algunos vicios de constitucionalidad y permite el enfrentamiento entre chilenos, al consentir la legítima defensa para el desalojo y ese no debe ser el ambiente que debemos crear quienes estamos legislando”, afirmó Saavedra a nuestro medio.

El senador afirmó que “las indicaciones 73, 74 y  75 que buscaban eliminar el artículo 8 del proyecto,  le resta todas las facultades constitucionales a los jueces.  Por lo tanto, allí se afecta lo que está establecido en el Art. 449 del Código Penal y junto con ello,  además, hay un fallo del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional todas aquellas normas que le restan la facultad a los tribunales, que ya contarían con este principio de proporcionalidad y que el texto propuesto, mantuvo como norma”.

Por ello, afirmó el legislador, “he pedido reserva de constitucionalidad y espero que haya un fallo en consecuencia porque se trata de legislar, pero bien,  además ceñido al Estado de Derecho, a las reglas que establece la Constitución y los códigos respectivos.  No podemos legislar por fuera de aquello y como legisladores, no podemos desconocer lo que es básico y elemental”.