Nuevamente el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la acusación constitucional en su contra, que ahora tiene fecha de presentación para el próximo lunes 19 de junio en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El titular de Educación dijo no conocer todos los antecedentes que serán exhibidos en el juicio legislativo, pero declaró que desde el Gobierno han estado “muy disponibles” a entregar información relativa a las políticas públicas implementadas.
Frente a sus dichos anteriores, donde planteó la duda de que su acusación pueda tener “otras motivaciones”, el ministro precisó que frente a la responsabilidad que “tenemos todos quienes estamos en política” él esperaría que “las razones de cualquier interrogante respecto del desempeño de cualquier persona sea por su propio desempeño y despliegue profesional y por ninguna otra razón”.
Asimismo, la diputada oficialista Emilia Schneider cuestionó que hasta la fecha aún no se hayan presentado los antecedentes jurídicos de la acusación.
“Tomaron la decisión de hacer un punto político de intentar golpear al gobierno y ahora están improvisando y creo que el aprovechamiento político descarado que han mostrado en estos días da cuenta de ello”, declaró la parlamentaria.
Schneider además criticó que se haya pensado en incluir dentro de la acusación lo sucedido durante un operativo de salud en la Escuela Villa Centinela Sur en Talcahuano.
“Espero que la mayoría razonable, consciente de esta Cámara, no apoye esta acusación que lleva mucho tiempo anunciada, pero todavía no se presenta”, manifestó la parlamentaria.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, negó que una de las motivaciones de la acusación en contra del titular de Educación sea por su orientación sexual.
“Acá se ha pretendido instalar que hay alguna cuestión personal que motiva su acusación. Total y absolutamente falso, la orientación sexual de una persona nunca va a ser motivo de acusación constitucional”, afirmó el parlamentario.
Schalper además detalló que parte del juicio está basado en la inejecución de servicios locales de educación y de leyes relativas al SIMCE y de la vulneración de ciertas garantías constitucionales.
Además, el parlamentario también se refirió a la intención que habían mostrado de incluir lo sucedido en Talcahuano en la acusación y declaró que tienen los “suficientes argumentos para fundamentarla sin necesitar eso”.
Plan de reactivación educativa
En la misma jornada, el ministro de Educación presentó a un equipo de más de mil 400 profesionales que estarán encargados de la reintegración de niños, niñas y adolescentes al sistema escolar.
Esto, en el marco del plan de “Reactivación Educativa”, anunciado para este 2023, que viene a enfrentar las consecuencias observadas después de la pandemia como son la disminución en la asistencia a clases y el aumento en la tasa de desvinculación educativa.
“Hemos tenido que trabajar por traer de vuelta a más de 50 mil estudiantes”, declaró el ministro.
Los profesionales pertenecen al área de ciencias sociales y su trabajo se extenderá hasta el mes de diciembre. Cabe destacar que este plan tendrá un presupuesto de implementación de más de 10 mil millones de pesos.
