Revolución Democrática pidió que se investiguen a 12 personas, en el marco de las indagaciones por los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva por $426 millones.
Este martes, RD presentó una querella ante Fiscalía contra de quienes resulten responsables por posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y tráfico de influencias.
Al respecto el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, señaló que “nos interesa aclarar que cualquier delito cometido por algún militante de Revolución Democrática vinculada a esta fundación Democracia Viva (…) no van a tener cabida en nuestro partido, cualquier persona, caiga quien caiga”.
De esta forma, la acción judicial estableció que “de lo expuesto sobre los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta es preciso tener en consideración los siguientes elementos que configuran el riesgo delictivo: se realizan mediante trato directo, involucran altos montos de dinero, esos montos se los adjudicó una fundación de reciente constitución y sin experiencia previa en la materia y existe una relación de cercanía entre los firmantes del convenio”.
En este sentido, la denuncia planteó que “algunas de las personas relacionadas de algún modo con la Fundación Democracia Viva, sea como directoras, encargadas de proyectos, superiores jerárquicos, en la administración pública o relacionadas con las anteriores, son afiliadas a Revolución Democrática: Carlos Contreras, Daniel Andrade, Catalina Pérez, y Paulina Cabrera; además de Cecilia Millán, Doris Pinto, Tomás Flores, Javiera Martínez Henríquez, Daniela Dresdner, Carolina Pérez, Tatiana Rojas, y Camila Hernando; todas quienes son objeto de investigación por los órganos internos de nuestro partido”.
Según lo consignado por LUN, Carlos Contreras: bajo la administración del ex seremi se realizaron tres convenios con la fundación, uno por $200 millones, el segundo por $170 millones y el tercero por $56 millones, antes de asumir este cargo fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez.
Daniel Andrade: representante legal de Democracia Viva. Además, se desempeño como asesor en el Ministerio de Defensa desde octubre de 2022 hasta que se conoció la denuncia realizada por trabajadores del Serviu de Antofagasta.
Catalina Pérez: diputada, fue presidenta de RD desde 2019 a 2021, ex pareja de Andrade y cercana a Contreras.
Paulina Cabrera: participó en una reunión el 10 de agosto de 2022 entre Contreras y Andrade. Presidenta de la fundación y exasesora de la diputada Maite Orsini.
Cecilia Millán: firmó una declaración jurada el 30 de noviembre de 2021, autorizando que Democracia Viva funcionara en su departamento en Ñuñoa y fue contratada a honorarios en la Subsecretaría de Educación. La Policía de Investigaciones (PDI) allanó el inmueble el 23 de junio.
Doris Pinto: fundó Democracia Viva junto a Andrade. Trabaja en la Subsecretaría de Telecomunicaciones desde septiembre de 2019.
Daniela Dresdner: delegada Presidencial del Biobío. Andrade emitió boletas como asesor comunicacional durante su campaña senatorial en 2021 y encargada regional de proyectos de la Fundación Urbanismo Social.
Carolina Pérez: subsecretaria del Patrimonio Cultural desde septiembre de 2022. También, fue encargada de metodologías de la fundación Democracia Viva.
Tatiana Rojas: subsecretaria de Vivienda hasta el 24 de junio de este año. Recibió un email por parte de la asociación de funcionarios del Serviu el 2 de mayo, donde se revelaban ocho irregularidades por parte de la seremi de Antofagasta, pero no entregó dicho antecedentes al Ministerio Público.
Camila Hernando: asesora parlamentaria del Frente Amplio y directora de Investigación de la fundación.
Tomás Flores: miembro fundador de Democracia Viva y asesor del diputado Jaime Sáez (RD).
Javiera Martínez Henríquez: directora de la fundación.
