En conversación con Radio Universidad de Chile, la senadora por la Región de La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, profundizó sobre los alcances de la Comisión para la Paz y el Entendimiento en el sur del país, para abordar el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche.
En particular, la parlamentaria e integrante de la instancia recalcó que “este no es un proceso nuevo. Ha habido varias comisiones, la última del obispo Vargas, que fue solicitada por la presidenta Bachelet y que, de alguna manera, es el cimiento de lo que hoy día se va a hacer”.
“El expresidente Piñera trató de hacer dos cosas que nosotros tenemos como misión: Un catastro de tierras que permitan comprender cuánta tierra se ha entregado en términos de títulos de merced que estaban pendientes del Estado de Chile con las comunidades indígenas, pero, por otro lado, también hacer una propuesta de modificación de la ley propiamente tal en ámbitos vinculados a la propiedad individual y la propiedad colectiva”, afirmó.
Sobre esta materia, sostuvo que “ha habido muchas solicitudes de parte de comunidades indígenas en torno al tema de la propiedad individual, dejando esta alternativa a decisión de ellos, porque esto permitiría un mayor emprendimiento, principalmente de la Región de La Araucanía, donde tenemos 2 mil 500 comunidades indígenas y al recibir tierra colectiva no tienen posibilidad de ser instrumentos de crédito y también ha generado conflicto al interior de la misma comunidad”.
Asimismo, se refirió a la “posibilidad de compensar de otras maneras, que no sea necesariamente tierra y que ellos puedan tomar decisiones respecto este tipo de compensación. Y lo último y quizá más importante, es que la Ley Indígena quedó con un problema relacionado con que, al crear nuevas comunidades, que tienen como requisito 15 personas que pertenezcan a la etnia, lo que termina sucediendo es que esas (comunidades) tienen derechos sobre la comunidad país”.
“Es decir, si la comunidad país tenía un déficit de 100 hectáreas, quienes creen nuevas comunidades también siguen teniendo derechos sobre tierras. Entonces, en ese contexto, este crecimiento es exponencial, o sea, podríamos haber tenido 100 hectáreas de desmedro y terminamos teniendo, por ejemplo, mil. No habría manera en el futuro de poder conversar con tierras en todo Chile”, explicó.
Por tanto, resumió que la labor de la Comisión de Paz apuntará esencialmente al catastro de tierras, modificaciones institucionales y consulta indígena y la generación de una propuesta de ley vinculada a las víctimas de violencia en la denominada Macrozona Sur.
Para la parlamentaria “uno de los mayores desafíos que tenemos es desarrollar una muy buena consulta indígena que permita que ellos decidan. Creo que hay comunidades y sectores dentro del territorio que abarca las 32 comunas de La Araucanía que puede que decidan mantener su tierra comunitaria, lo que aquí se espera es poder preguntarles si ellos quisieran decidir qué es lo que quieren”.
Por lo mismo, planteó que “creo que es necesario hacer un esfuerzo como Estado para llegar a acuerdos, conversar con todos los actores, mapuche no mapuche, gremios, comunidades indígenas, dirigentes porque la situación en la Región de La Araucanía está compleja”.
