Una censura y una multa del 15 por ciento de la dieta parlamentaria aplicó la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados contra los legisladores Miguel Mellado de Renovación Nacional y Catalina Pérez de Revolución Democrática.
El presidente de la instancia, Nelson Venegas, dio a conocer las sanciones que se decidieron contra ambos legisladores, contra quienes se actuó de oficio por la gravedad de los hechos en los que se vieron involucrados.
En el caso de Mellado, el parlamentario grabó y difundió parte de una reunión en la que participó junto a otros legisladores de las regiones del Biobío y la Araucanía en Cerro Castillo junto al Presidente Gabriel Boric, algo que inicialmente desmintió, pero que luego terminó reconociendo.
Al respecto, Venegas comentó que la sanción contra Mellado se debe a tres situaciones.
“Lo primero es el hecho de haber grabado en un lugar que aun siendo del Estado es un lugar público. Segundo haberlo divulgado y lo tercero, que lo consideramos muy grave, es el haber mentido a la opinión pública porque lo primero que él salió señalando es que él no había sido”, explicó.
Venegas subrayó que en su momento Mellado “culpó y generó desconfianza hacia el resto de las diputadas y diputados y después se obtuvo la verdad de los acontecimientos de que él había sido que había grabado”.
El parlamentario indicó que Mellado si bien presentó sus descargos a la comisión, “en la propia defensa da cuenta y reconoce que su actuar habría sido indebido. Incluso solicita las disculpas respecto de este tema, reconociendo que efectivamente ha pasado a llevar las normas de conduta ética que nos debemos entre nosotros y con las autoridades, en este caso con el Presidente de la República”.
Respecto de la diputada Catalina Pérez -a quien se le suspendió su militancia en Revolución Democrática-, la sanción se aplicó por sus vínculos con el exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta Carlos Contreras, así como de su expareja y representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade.
“Ella no procedió a contestar el requerimiento de oficio que se realizó, por lo tanto, se entiende haber actuado en rebeldía y al no defenderse, se estima por lo tanto que habría ciertas contravenciones a normas éticas que debemos tener entre nosotros y que afectan fundamentalmente la credibilidad de la corporación”, comentó el presidente de la Comisión de Ética de esa rama del Parlamento.
Venegas puntualizó además que respecto de la diputada por Antofagasta, “podría ser considerado como el conflicto de interés, más allá de tráfico de influencia”.
El diputado puntualizó que en ambos casos se aplicó la máxima sanción que se podía aplicar al momento en que se cometieron las faltas.
“Como no está todavía en vigencia el reglamento actual y como estos hechos fueron cometidos con anterioridad al reglamento que acaba de ser modificado, se rige por el reglamento anterior que señala que existe una censura y el máximo de la multa aplicable que corresponde a un 15 por ciento de la dieta parlamentaria”, subrayó.